En un reciente encuentro celebrado en Madrid, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, ratificó la vigencia del régimen de excepción en su país. El funcionario fundamentó la continuidad de esta política de seguridad basándose en el respaldo masivo de la ciudadanía, asegurando que un 96 % de la población salvadoreña apoya la medida, de acuerdo con los datos de una encuesta que él mismo expuso.
La intervención tuvo lugar durante una sesión organizada por la World Law Foundation. En este espacio, Ulloa argumentó que la estrategia gubernamental no ha vulnerado las garantías fundamentales. Según el funcionario,
“no hay ninguna libertad pública que se haya afectado”
bajo la implementación de este mecanismo. Aunque reconoció el principio de que las disposiciones de emergencia
“deben ser excepcionales, no permanentes”
, recalcó que su extensión responde a la soberanía y voluntad del pueblo, no a presiones externas.
Balance y legalidad del régimen de seguridad
El marco legal vigente fue instaurado el 27 de marzo de 2022 por la Asamblea Legislativa, tras un pedido directo del presidente Nayib Bukele. Si bien se diseñó inicialmente para un periodo de 30 días, el régimen ha sido prorrogado de forma mensual, acumulando hasta ahora la detención de 91,000 personas.
Respecto a la duración de estas políticas, Ulloa planteó una interrogante ante los asistentes:
“¿Cuándo vamos a quitarlo? ¿Cuando lo pida la ONU, Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales o cuando lo pida el pueblo salvadoreño?”
. Para el vicepresidente, la cifra del 96 % de aprobación es el factor determinante para mantener el rumbo actual de la administración.
Desde la perspectiva del gobierno de Bukele, estas acciones han consolidado lo que denominan el “milagro de la seguridad”. No obstante, Ulloa admitió que el proceso ha tenido imperfecciones, declarando que “no hay una obra humana que sea perfecta”. Reconoció que se han producido capturas de personas inocentes, aunque puntualizó que 8,000 ciudadanos han sido liberados tras comprobarse que no tenían deudas con la justicia.
La defensa de la institucionalidad fue un punto clave en su discurso, donde afirmó:
“Absolutamente todas las acciones, decisiones, medidas implementadas en esta guerra han tenido como base la ley, la norma y la disposición legal. No estamos haciendo nada que no tenga un respaldo legal.”
Cuestionamientos sobre Derechos Humanos
Pese a la postura oficial, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han solicitado el cese del régimen. La CIDH ha sistematizado alrededor de 7,000 denuncias por transgresiones a los derechos fundamentales en El Salvador, que incluyen:
- Detenciones arbitrarias o ilegales.
- Prácticas de tortura.
- El deceso de más de 400 personas bajo la custodia directa del Estado.
- Obstáculos críticos en el acceso a un proceso judicial justo.
Ante estos señalamientos, Ulloa descalificó a las entidades críticas, sugiriendo que “reciben los reportes de organizaciones sin comprobarlos sobre el terreno y hacen las denuncias para recibir fondos”, negando así la validez de los informes de la CIDH.
Finalmente, el vicepresidente respaldó las políticas de control migratorio de Estados Unidos, defendiendo la potestad soberana de los Estados para legislar en la materia y desmintiendo las versiones sobre supuestos maltratos hacia los migrantes salvadoreños que son deportados desde el país norteamericano.
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