La Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina ha ratificado la ejecución de un paro general de 24 horas programado para este jueves. La medida de fuerza coincide con el debate en la Cámara de Diputados sobre la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. Los líderes sindicales aseguraron firmemente que no permitirán el retroceso en los derechos de los trabajadores y lanzaron una advertencia clara:
“Este es el comienzo”.
Paralelamente, la cúpula sindical vinculó de manera directa el cese de operaciones de la fabricante de neumáticos FATE con lo que denominaron el “fracaso del plan económico del Gobierno”. En este contexto, la organización manifestó su profunda solidaridad con los 920 empleados de dicha planta que han quedado sin sustento económico tras el cierre de la compañía.
Durante un encuentro con la prensa en la histórica sede de Azopardo 802, el triunvirato que dirige la central obrera instó a los legisladores a actuar con “responsabilidad política”. Hicieron un llamado a la reflexión para que los diputados no den luz verde al proyecto del Ejecutivo, recordándoles que su función es representar los intereses de los trabajadores que depositaron su voto en ellos.
Los referentes gremiales proyectan que el cese de actividades será “contundente” y su objetivo explícito es que “no haya nadie en la calle” como señal de repudio masivo a las modificaciones legales propuestas. Un factor determinante para el alcance de esta protesta es el respaldo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), cuya adhesión garantiza la paralización del transporte público.
Jorge Sola, secretario de Prensa de la CGT, confirmó que tras diálogos con la UTA, el gremio ratificó su participación. Asimismo, precisó que todas las entidades que integran la central, incluyendo federaciones clave del sector transporte como la Confederación Argentina de Transporte (CATT) y la UGATT, se han sumado formalmente a la convocatoria nacional.
Según el análisis de Sola, la normativa que busca implementar Javier Milei conlleva una “gran transferencia de recursos económicos” que beneficia a los empleadores en detrimento de la clase trabajadora, provocando una erosión de las protecciones laborales vigentes en el país austral.
Cifras críticas del mercado laboral
El dirigente subrayó la gravedad de la situación actual, citando la eliminación de 300.000 empleos formales en el transcurso de los últimos dos años. A esto se suma el impacto del cierre de FATE, con casi 1.000 personas despedidas, y la desaparición de más de 21.000 pequeñas y medianas empresas (pymes) en el territorio nacional.
El panorama se agrava con la pérdida diaria de 400 puestos de trabajo registrados. Sola denunció además que el sector industrial está operando a menos de la mitad de su capacidad instalada (menos del 50%), una situación que atribuyó a la “apertura indiscriminada de la importación” promovida por la actual administración.
El vocero de la CGT detalló que la reforma afecta tres puntos neurálgicos: “lesiona derechos individuales, debilita derechos colectivos de los gremios y promueve una transferencia monetaria significativa a los empleadores”. Se estima que este movimiento de capitales representaría unos 6.000 millones de dólares anuales que dejarían de estar en manos de los trabajadores para pasar al sector financiero.
Esta migración de recursos se articularía mediante el nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el esquema de indemnizaciones por salario diferido y la reducción drástica de las contribuciones patronales al sistema de seguridad social.
Desde la CGT desestimaron las promesas gubernamentales sobre la futura creación de empleo de calidad, calificándolas de “demasiado costosas” e históricamente “incumplidas”. Además, argumentaron la inconstitucionalidad del proyecto, sosteniendo que
“atenta contra el principio protectorio del derecho laboral y el principio de progresividad”
, el cual impide que se reduzcan derechos ya adquiridos por la sociedad.
Por otro lado, Cristian Jerónimo, titular del gremio de empleados del vidrio, catalogó la reforma como “regresiva”. El dirigente denunció que el propósito de la ley es “debilitar a las organizaciones sindicales e inclusive desfinanciarlas con el objetivo de flexibilizar las condiciones laborales”, alejándose de cualquier intención real de modernización productiva.
Jerónimo criticó que las medidas favorezcan exclusivamente a los sectores más concentrados de la economía argentina, mientras se acelera la “degradación general” de la calidad de vida de los ciudadanos. Expresó con preocupación la dificultad para describir la brecha creciente entre la acumulación de riqueza y el empobrecimiento de la clase obrera.
Retomando el caso de FATE, el dirigente insistió en que los mil empleados despedidos son la prueba fehaciente del “fracaso de este programa económico”. Fue enfático al declarar: “No estamos dispuestos a ceder ni a entregar los derechos y conquistas que consiguió el movimiento obrero argentino”.
Asimismo, se puso el foco en el conflicto de 9 gremios marítimos, quienes iniciaron un cese de actividades por 48 horas debido al intento de eliminar su convenio colectivo. Esta acción busca, según Jerónimo, apartarlos del marco de la Ley de Contrato de Trabajo y desprotegerlos sindicalmente.
Finalmente, el jefe sindical exigió a los legisladores priorizar la dignidad ciudadana por encima de la “rosca política”. Advirtió que no tolerarán artículos que vulneren la Constitución, como la posible baja del Estatuto del Periodista, que ven como un mecanismo para silenciar a la prensa.
Respecto a los intentos de mediación previos, calificó al Consejo de Mayo como una “mentira” y una “pantalla” sin contenido real. Aseguró que la resistencia continuará más allá de esta semana y que el jueves “la medida de fuerza va a ser contundente” y “va a estar parada la Argentina de una punta a la otra”. También adelantó que recurrirán a la justicia para impugnar los puntos inconstitucionales y cerró con un pedido a los diputados: “No dejen sus convicciones en la puerta de la Cámara de Diputados”.
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