La bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN),inició diálogos con los legisladores independientes y con asambleístas que se separaron de los partidos por lo que llegaron a la Asamblea Nacional. El objetivo es asegurar los 77 votos que necesita para aprobar el proyecto urgente para la sostenibilidad y eficacia del gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
El sector de gobierno enfrentará la presión que ejercen algunos municipios y consejos provinciales del país sobre los asambleístas para que no aprueben el proyecto de iniciativa del presidente Daniel Noboa, donde puntualmente se propone que los GAD destinen al menos el 70 % del presupuesto e inversión a mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos, y el 30 % para gasto corriente.
Esta propuesta, según algunos alcaldes y prefectos, castiga la inversión social y reclaman que no fueron escuchados durante la construcción del informe de segundo debate.
Dicho proyecto de ley será tramitado en segundo y definitivo debate, el viernes 20 de febrero de 2026, en la Universidad Ecotec, campus Samborondón, a partir de las 11:00.
La propuesta del Ejecutivo incorpora reglas fiscales de sostenibilidad y racionalidad del gasto, orientadas a preservar la disponibilidad presupuestaria para inversión, mantenimiento, provisión de servicios públicos y cumplimiento de competencias.
La asambleísta Valentina Centeno, coordinadora de la bancada ADN y presidenta de la Comisión de Desarrollo de la Asamblea que tramitó el proyecto, afirmó que la propuesta busca ordenar la gestión de municipios y prefecturas en la distribución de los recursos públicos. Según explicó, la iniciativa no solo reorganiza las prioridades, sino que también plantea un uso más justo y responsable del dinero de los ciudadanos.
Centeno señaló que en 2026 aún el 59 % de los cantones del país no cuenta con alcantarillado, lo que provoca la acumulación de aguas estancadas que contaminan el agua potable y el suelo. Indicó además que en Manabí solo el 64 % de la población tiene acceso a agua potable, mientras que el resto carece de este servicio. A nivel nacional, casi el 30 % de los habitantes no dispone de agua de calidad.
La legisladora sostuvo que el proyecto exige a los gobiernos locales establecer prioridades claras y destinar su autonomía a resolver necesidades básicas de la población, como el acceso a agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y vialidad. En ese contexto, cuestionó que se destinen recursos a conciertos o al aumento excesivo de la burocracia, y mencionó que el Municipio de Quito cuenta con 22.000 funcionarios.
Indicó que hay municipios en donde por cada dos obreros hay un administrativo y además manifestó que» hay municipios en donde los mismos GDO están contratados en los municipios, en las agencias municipales de tránsito».
Lo que se busca es poner orden en el uso de los recursos públicos. Explicó que el proyecto retoma lo que ya se estableció en 2010 en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COTAD), donde se dispuso que los presupuestos de los gobiernos locales deben destinarse en un 70 % a inversión y en un 30 % a gasto corriente.
Recalcó que fue el propio correísmo, al elaborar el COTAD en 2010, fijó este principio, según el cual la mayor parte de los recursos debe dirigirse a obra pública, infraestructura e inversión, y no al incremento del gasto administrativo.
Centeno cuestionó que ahora como no le conviene a la RC, “porque son sus amigos los que ocupan puestos en municipios y prefecturas que además les financian sus campañas y donde hacen sus chanchullos”, subrayó.
Explicó que para este segundo informe se incorporó algunas cosas, por ejemplo, la progresividad, el hecho de que el 70% no es inmediato, que se empieza con un 65%, 68% y el 70%.
Centeno dijo que harán todo el esfuerzo posible para aprobar el proyecto de ley urgente, y se mostró segura que habrá los votos para aprobar la nueva iniciativa urgente del Ejecutivo.
Diálogos y posiciones
La bancada de ADN inició diálogos con los sectores de independientes y exdisidentes de agrupaciones como Partido Social Cristiano (PSC), Revolución Ciudadana (RC) y Pachakutik.
Los votos clave para reunir los 77 votos está en Pachakutik y algunos independientes, quienes mantendrán este jueves reuniones para definir posiciones antes de su viaje a Guayaquil para la sesión de la Asamblea.
Pero hay sectores que ya tiene definida su posición de votar en contra del proyecto como el bloque de RC, tres legisladores de Pachakutik y los tres representantes del PSC.
Los votos clave para inclinar la aprobación del proyecto están en los tres legisladores que salieron de Pachakutik que representan a la Amazonía y que están liderados por el asambleísta José Nango de la provincia de Pastaza.
También cuenta la posición de los legisladores de minorías que representan a Imbabura, Sucumbíos y Carchi.
El asambleísta Alfredo Serrano (PSC) explicó que la narrativa del gobierno es que busca optimizar el gasto de los municipios y transparentar el gasto en las prefecturas, lo cual, según el representante de la lista 6, es una mentira, porque lo “único que buscan es quitarle recursos a los municipios y a los consejos provinciales, pues ahora le cambian los componentes del 70% y 30%”.
Dijo que al único que se castiga con esta ley es a la población, porque si el alcalde o prefecto es incompetente y no cumple con el 70/30, entonces, el Gobierno le quita los recursos que actualmente recibe por ingresos petroleros y tributarios.
“Nosotros no vamos a probar de que se castigue a la gente porque un alcalde o un prefecto no cumpla con los nuevos requisitos que le está imponiendo el gobierno, respecto al destino de los recursos”, puntualizó, el asambleísta nacional quien habla que anualmente se quitará unos $1.000 millones a los GAD.
Serrano dijo que hay miedo en los gobiernos seccionales y también hay presión por parte quienes emiten créditos a los municipios. “Ojalá esos municipios, con sus alcaldes, se muevan internamente en sus provincias con sus asambleístas provinciales”, apuntó.
La asambleísta Cecilia Baltazar, antes de PK, señaló que es cierto que varios municipios y prefecturas destinan la mayor parte de sus recursos a gastos corrientes, especialmente al pago de personal, en lugar de invertir en servicios básicos como el agua potable, fundamentales para garantizar la salud de niños y niñas. No obstante, sostuvo que cualquier sanción debe dirigirse a la autoridad responsable y no afectar a la ciudadanía.
Por ello, afirmó que no apoyarán el proyecto de ley si no se realizan los ajustes necesarios. Además, advirtió que no respaldarán una propuesta que busque limitar o restringir las competencias y atribuciones de los municipios y prefecturas para atender las necesidades de sus ciudadanos y votantes.
Fuente: El Universo
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