La Justicia del Reino Unido ha emitido una resolución mediante la cual instruye al Gobierno de la República Argentina a proporcionar información detallada sobre su patrimonio financiero y contractual en el extranjero. Esta medida surge tras una sentencia que condena al país al desembolso de 1.330 millones de euros a favor de los poseedores de bonos conocidos como cupones PBI. El objetivo de los demandantes es identificar bienes que puedan ser objeto de embargo para garantizar la ejecución del fallo.
El litigio fue impulsado por los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald. Estas entidades demandaron al Estado argentino por la alteración en la metodología de medición del Producto Bruto Interno (PBI) efectuada durante la presidencia de Cristina Kirchner, periodo en el cual Áxel Kicillof lideraba el Ministerio de Economía. La justicia londinense dictaminó que la modificación técnica aplicada en 2013 afectó negativamente los pagos de los instrumentos emitidos originalmente en los canjes de deuda de 2005 y 2010.
Garantías ejecutadas y montos pendientes
En el marco de este proceso, los beneficiarios ya han logrado ejecutar una garantía de 313 millones de euros. Dicho monto había sido depositado por Argentina para sostener un recurso de apelación que, finalmente, no tuvo éxito. Según datos de la Procuración del Tesoro, todavía queda un remanente aproximado de 1.000 millones de euros por cancelar, lo que posiciona a esta causa como el quinto proceso judicial más cuantioso que enfrenta la nación.
La reciente disposición de la Corte británica ordena específicamente la apertura de información sobre acuerdos suscritos con petroleras internacionales, compañías vinculadas al sector energético y detalles de cuentas bancarias en el exterior. Sebastián Maril, quien se desempeña como director regional de Latam Advisors, explicó mediante su cuenta en la red social “X” el alcance de esta fase denominada discovery.
La orden de la Corte británica exige revelar contratos con petroleras internacionales, empresas de energía y cuentas bancarias en el exterior para considerarlos plausibles de embargo
Postura de los acreedores y el rol del FMI
El mecanismo de discovery es una herramienta judicial clave para localizar activos susceptibles de ser incautados. Recientemente, un informe del FMI (Fondo Monetario Internacional) sugirió la existencia de diálogos entre el Estado y los demandantes, pero esta versión fue desmentida de forma tajante por los acreedores.
A través de un comunicado difundido por PR Newswire, los fondos señalaron: “No hay negociaciones en curso entre ellos y la República”. Asimismo, elevaron una queja formal al organismo multilateral por lo que consideran imprecisiones en su reporte técnico, exigiendo una rectificación inmediata de la información.
Origen histórico del conflicto financiero
La deuda en cuestión se deriva de los cupones vinculados al PBI, un instrumento de incentivo diseñado durante la reestructuración de deuda de 2005 bajo la gestión de Roberto Lavagna. El contrato estipulaba que, si el crecimiento económico anual superaba el 3%, los inversores recibirían pagos adicionales hasta el año 2035. No obstante, en 2011 el Gobierno interrumpió estos abonos alegando que la economía no alcanzaba el umbral requerido.
Los tenedores de bonos denuncian que la República Argentina se muestra reacia a colaborar con las disposiciones para saldar la deuda judicial y critican la falta de pago de los intereses que se acumulan diariamente. Advierten, además, que la resolución de estos compromisos externos pendientes es un paso indispensable antes de que el país pueda retornar con éxito a los mercados internacionales de capital.
Antecedentes de manipulación estadística
La condena de 2023, que obliga a pagar el equivalente a USD 1.500 millones (incluyendo intereses), se fundamentó en la historia de intervención del Indec iniciada en 2007, época en la que Guillermo Moreno ejercía como secretario de Comercio Interior. El tribunal recordó que en 2013 se alteró la base de cálculo del PBI, reportando un alza del 3,2%, cifra que evitó el pago a los bonistas.
Con el cambio de fórmula, el Indec anunció un crecimiento por debajo del 3,22% necesario para gatillar los pagos. Sin embargo, si se hubiese mantenido la base estadística de 1993, la expansión económica habría sido del 4,9%. Gracias a esta maniobra, la administración de Cristina Kirchner evitó en aquel entonces un desembolso superior a los USD 3.600 millones por concepto de intereses.
Finalmente, se sabe que en febrero de 2025 los acreedores hicieron efectiva la garantía de 313 millones de euros mediante una Carta de Crédito del Banco Santander. Aunque los componentes exactos de dicha garantía no son públicos, especialistas del sector sugieren que se trata de Letras de pago inmediato o efectivo disponible.
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