La inestabilidad política en Perú ha alcanzado un nuevo punto crítico. La nación sudamericana ha despedido a su séptimo mandatario en apenas una década, luego de que José Jerí fuera censurado y removido de su cargo de manera oficial. El ahora exjefe de Estado permaneció apenas 130 días en el poder antes de que el Congreso de la República determinara su salida definitiva del máximo cargo del Estado.
La decisión se tomó durante una sesión plenaria de carácter extraordinario. Los legisladores fundamentaron su postura en una serie de controversias que rodean la gestión de Jerí, incluyendo investigaciones fiscales por presunto tráfico de influencias, irregularidades en las contrataciones dentro de la sede de Gobierno y el fuerte impacto mediático del denominado «Chifagate», escándalo que disparó el malestar de la ciudadanía.
Tras una jornada parlamentaria que se extendió por más de cuatro horas —iniciando a las 10:00 y concluyendo después de las 14:20 horas—, la representación nacional selló el destino del mandatario. El Pleno aprobó la moción de censura con un respaldo de 75 votos a favor, mientras que 24 congresistas votaron en contra y se registraron apenas 3 abstenciones.
El desplome de la gestión Jerí
Antes de proceder con la votación final, algunos sectores intentaron frenar el proceso mediante una cuestión previa. Esta medida buscaba sustituir la censura por la figura de la vacancia presidencial, lo cual habría postergado la resolución del conflicto hasta el mes de marzo. No obstante, la mayoría parlamentaria rechazó esta estrategia política, acelerando la salida del presidente.
El deterioro del capital político de José Jerí fue evidente en las últimas semanas. Datos de las encuestadoras Ipsos e Imasen revelaron un incremento drástico en la desaprobación ciudadana, que subió 20 puntos porcentuales en solo un mes. El rechazo alcanzó un 61% según Ipsos y escaló hasta un 70,4% en el informe de Imasen. Esta caída libre coincidió con la filtración de reuniones no registradas oficialmente con los empresarios de origen chino Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.
A estos señalamientos se sumaron reportes sobre el uso del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) para contratar a personas allegadas al mandatario que no contaban con la experiencia requerida para ocupar cargos de alta responsabilidad en el sector público, un régimen que debería estar reservado exclusivamente para perfiles de alto nivel.
Investigaciones y el impacto del ‘Chifagate’
La presión institucional creció cuando la Contraloría General de la República intervino solicitando los comprobantes de pago y expedientes relacionados con los contratos bajo sospecha en el Despacho Presidencial. En paralelo, la Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta una indagación preliminar contra quienes resulten responsables. Aunque por su cargo actual Jerí poseía inmunidad, el Fiscal de la Nación ha dejado abierta la posibilidad de incorporarlo formalmente a las pesquisas futuras.
El punto de quiebre definitivo fue el Chifagate. Este escándalo vinculó directamente a Jerí con Zhihua Yang, un empresario relacionado con el llamado «Club de la Construcción chino» y beneficiario de millonarios contratos estatales. La difusión de imágenes donde el presidente aparecía usando una capucha para ingresar a un restaurante en el distrito de San Borja —sin registro en su agenda oficial— terminó por destruir su credibilidad. Pese a que el mandatario pidió disculpas y admitió el error, la percepción pública fue implacable: un 78% de los peruanos considera que existen indicios claros de corrupción en sus actos.
La crisis se profundizó con revelaciones sobre la vida privada del exmandatario. Informes recientes mencionan la realización de fiestas privadas con la participación de ministros y legisladores, vinculadas presuntamente a una red de prostitución que operaba en el Congreso. Asimismo, se reportaron visitas constantes de jóvenes a los despachos oficiales que luego obtenían contratos estatales, reforzadas por la filtración de mensajes y fotos en plataformas digitales que evidenciaban una preocupante falta de ética y transparencia en su administración.
El futuro de la jefatura de Estado
Con la destitución ya oficializada, se ha puesto en marcha el protocolo de sucesión establecido en la Constitución Política del Perú. El Parlamento deberá elegir a una nueva mesa directiva cuyo presidente asuma la máxima magistratura de forma interina, con el objetivo de liderar el país hasta la transmisión de mando programada para el próximo 28 de julio.
Fernando Rospigliosi, actual presidente del Congreso, confirmó que el proceso de elección para el nuevo mandatario que sucederá en el cargo a José Jerí se llevará a cabo este miércoles 18 de febrero a las 18:00 horas.
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