La inestabilidad se ha convertido en una situación constante en el Consejo de la Judicatura (CJ) ecuatoriano. Aunque la Constitución establece periodos de seis años para quienes presiden y conforman este organismo, en menos de siete años han pasado seis presidentes, varios de ellos envueltos en escándalos, procesos penales o juicios políticos.
Para expertos del derecho, la sucesión acelerada de autoridades desde 2019 no solo refleja una crisis de gobernabilidad interna, sino que ha profundizado el desgaste de uno de los pilares más sensibles del Estado: la Función Judicial.
El episodio más reciente es el de Mario Godoy Naranjo, cuyo juicio político se debatirá el 18 de febrero en el pleno de la Asamblea Nacional, con una mayoría legislativa alineada a la censura y destitución. El proceso ocurre en un contexto marcado por la pérdida de respaldo político y polémicos cuestionamientos a su gestión.
El Consejo de la Judicatura existe en Ecuador desde 1998, pero adquirió su actual peso institucional con la Constitución de 2008, que lo consolidó como el órgano de administración, control y disciplina de la Función Judicial. Desde entonces, el organismo ha atravesado una etapa marcada por alta rotación de autoridades y crisis recurrentes.
En este periodo, la presidencia ha sido ejercida por Gustavo Jalkh Röben (2013-2018), María del Carmen Maldonado (2019-2022), Fausto Murillo Fierro (2022-2023), Wilman Terán Carrillo (febrero-diciembre de 2023), Álvaro Román Márquez (2023-2024), Mario Godoy Naranjo (julio de 2024-febrero de 2026) y, actualmente, Damián Larco, como presidente encargado desde febrero de 2026.
Impacto en la independencia judicial y la confianza ciudadana
Para Paúl Ocaña Merino, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, la rotación constante en la presidencia del Consejo no es un problema meramente administrativo, sino una señal clara de la interferencia política en la justicia.
“Es lamentable que, pese a que el periodo del presidente y los vocales del Consejo de la Judicatura es de seis años, en las últimas administraciones hayan pasado tantos presidentes. Es notorio que la política ha influido en la justicia y se ha violentado la independencia judicial”, sostiene.
Ocaña advierte que esta inestabilidad tiene efectos directos en la percepción ciudadana sobre el sistema judicial. A su criterio, la falta de continuidad en el liderazgo del organismo ha impedido la construcción de una política institucional coherente y sostenida, lo que se traduce en desconfianza social.
“El mayor costo que deja esta inestabilidad es la falta de credibilidad de la sociedad ecuatoriana hacia el sistema de justicia. Cuando la gente ve que quienes dirigen el órgano encargado de disciplinar y administrar la justicia cambian constantemente o terminan envueltos en escándalos, el mensaje es devastador”, afirma.
El abogado añade que el desenlace de las presidencias recientes evidencia un patrón preocupante que no puede ser minimizado. “Uno de los expresidentes está procesado y sentenciado y otro está a puertas de ser destituido. Esto demuestra que el sistema ha fallado en sus filtros y que se requiere una depuración real. La coincidencia política que hoy se observa en torno a la censura responde a la necesidad de sanear el sistema judicial”, señala.
Designaciones fallidas y un rol desdibujado
Desde una mirada del derecho constitucional, Gonzalo Muñoz, jurista y miembro del Foro de la Democracia, sostiene que la crisis del Consejo de la Judicatura no es nueva ni coyuntural, sino el resultado de una cadena de decisiones institucionales equivocadas.
“En el periodo pasado prácticamente todos los vocales que formaron parte de la Judicatura terminaron procesados. El único que salió prácticamente limpio fue Fausto Murillo, en medio de tanta corrupción e injerencia en la justicia”, recuerda.
Muñoz apunta directamente a la responsabilidad de las instituciones encargadas de proponer e integrar las ternas para la designación de los vocales del Consejo. A su criterio, el problema no radica únicamente en quienes llegan al cargo, sino en los criterios o en la falta de ellos, utilizados para su selección.
“No se ha priorizado la probidad notoria ni la capacidad real de quienes llegan al Consejo. Esa es una falla estructural. Mientras no se corrija el mecanismo de designación, el resultado seguirá siendo el mismo”, advierte.
El constitucionalista también cuestiona el rol que ha asumido el organismo en la práctica. “El Consejo de la Judicatura debería ser un órgano de administración de la Función Judicial, no de gobierno. Cuando se convierte en un órgano de poder, pasa automáticamente a ser un botín político, y eso es exactamente lo que ha ocurrido en los últimos años”, sostiene.
En relación con el juicio político a Godoy, Muñoz considera que la coincidencia entre bloques legislativos tradicionalmente opuestos responde a un consenso mínimo frente a problemas estructurales del país. “Podemos tener visiones distintas sobre economía o gestión del Estado, pero hay temas en los que no podemos discrepar, como la lucha contra el crimen organizado y la defensa de la institucionalidad judicial”, afirma.
Inestabilidad, corrupción y la necesidad de una reforma profunda
Una visión más crítica plantea José Chalco, abogado constitucionalista, quien advierte que la inestabilidad del Consejo de la Judicatura ha generado una profunda ausencia de certezas en el Poder Judicial.
“El Consejo de la Judicatura es un órgano que tiene como finalidad tutelar la gestión administrativa del sistema, garantizando lo primordial: estabilidad y no injerencia interna o externa en las decisiones de la justicia. Los estándares internacionales en materia de independencia judicial siempre señalan la necesidad de cuidar y garantizar la permanencia de los actores del sistema, sin rotaciones permanentes que lo debiliten”, explica.
Para Chalco, la ausencia de condiciones mínimas de estabilidad en el órgano administrativo tiene consecuencias directas y graves. “Ralentiza el trabajo de los jueces, erosiona la estructura del Poder Judicial y abre espacios permeables para la corrupción, la crisis sistemática, el abuso y el descuido en la atención de los procesos judiciales. No es menor: debilita, erosiona y deja espacios para quienes detestan la institucionalidad”, señala.
El constitucionalista cuestiona además el modelo de designación vigente. “Mientras la conformación del Consejo provenga del Consejo de Participación Ciudadana, habrá más dudas que certezas. Su integración se ha convertido en un botín de intereses de minúsculos grupos políticos y de algunos jueces de la Corte Nacional. Eso muestra un deterioro sistemático y dañino de la institucionalidad del país”, sostiene.
Chalco va más allá y plantea la necesidad de una reforma profunda. “Hay que repensar el sistema judicial. Yo sostengo que debemos refundarlo, incluso con una comisión especial para ese efecto”, afirma.
Sobre el juicio político a Mario Godoy, es particularmente crítico. “Ha sido un sainete, un vergonzoso show que ha mostrado discursos minimalistas y una afectación al país. Los que triunfan de un sistema judicial en caos son las bandas y los bandidos”, advierte.
Y concluye con una advertencia directa: “La justicia no puede estar politizada. En el Ecuador debería sancionarse severamente a quien busque fórmulas para mantenerse en el cargo cuando ya no tiene credenciales para defenderse de acusaciones constitucionales y de juicio político”.
Presidentes que han pasado por el Consejo de la Judicatura
Gustavo Jalkh Röben (2013-2018): Presidió el Consejo tras la consulta popular de 2011 y lideró la reestructuración del sistema judicial. Su gestión impulsó la modernización de la infraestructura, la oralidad procesal con el Cogep y la carrera judicial. Fue cuestionado por presunta falta de independencia judicial y cesado en 2018 por el CPCCS Transitorio.
María del Carmen Maldonado (2019-2022): Primera mujer en presidir la Judicatura. Impulsó la evaluación de jueces de la Corte Nacional, la justicia de paz y la modernización tecnológica durante la pandemia. Renunció tras un fallo de la Corte Constitucional que limitó la facultad del Consejo para suspender preventivamente a funcionarios judiciales.
Fausto Murillo Fierro (2022-2023): Asumió como vocal suplente tras la renuncia de Maldonado. Informó la destitución de 19 jueces por negligencia o error inexcusable y defendió la evaluación judicial de 2019. Su presidencia fue impugnada por no provenir de la terna de la Corte Nacional y luego enfrentó un juicio político.
Wilman Terán Carrillo (febrero-diciembre de 2023): Designado desde la terna de la Corte Nacional. Declaró la “emergencia judicial” y tuvo una gestión de alta exposición mediática. Fue detenido y procesado en el caso Metástasis y otras causas por presuntos vínculos con una red de corrupción judicial. Renunció desde la cárcel.
Álvaro Román Márquez (2023-2024): Asumió de forma interina tras fallos de la Corte Constitucional para evitar la parálisis institucional. Impulsó acciones disciplinarias y suspendió el concurso para jueces nacionales iniciado por Terán, bajo sospechas de irregularidades.
Mario Godoy Naranjo (2024-2026): Designado por el CPCCS en medio de cuestionamientos por su cercanía política. En enero de 2026 perdió el respaldo del Ejecutivo por “desconfianza institucional” y luego enfrentó un juicio político por manifiesta inoperancia. Fue suspendido y se declaró la vacancia administrativa.
Damián Larco (2026-presente): Asumió como presidente encargado el 10 de febrero de 2026 para evitar la parálisis del Consejo, mientras se define la situación jurídica y política de Mario Godoy.
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Fuente: El Universo