La administración gubernamental de Uruguay ha ratificado de manera oficial la rescisión del contrato previamente establecido con el astillero español Cardama, localizado en Vigo. Esta drástica medida se toma tras el hallazgo de diversas irregularidades vinculadas a las garantías presentadas por la compañía. Cabe destacar que el Estado uruguayo ya había desembolsado una cifra cercana a los USD 30 millones de dólares, monto que representa aproximadamente un tercio del valor total pactado por la adquisición de dos patrulleras oceánicas.
Este conflicto, que alcanzó un punto determinante el pasado viernes cuando el presidente Yamandú Orsi comunicó la resolución, se desarrolla en un escenario de marcadas diferencias políticas entre la actual gestión del Frente Amplio (coalición de izquierda) y el anterior gobierno liderado por el centroderechista Luis Lacalle Pou. Esta situación ha generado, incluso, un intercambio de posturas públicas entre ambos líderes políticos.
Antecedentes de la licitación y el acuerdo
Dentro del espectro político de Uruguay existe un acuerdo generalizado sobre la urgencia de contar con patrulleras oceánicas para resguardar la soberanía marítima del país. En el año 2021, bajo el mandato de Lacalle Pou, se realizó un llamado a licitación para la obtención de estos buques tipo OPV, el cual inicialmente fue declarado desierto. Posteriormente, surgió la propuesta de la empresa Cardama, a la cual el Ministerio de Defensa Nacional —entonces dirigido por Javier García— le adjudicó la compra en el año 2023.
Desde sus etapas iniciales, el proceso de adquisición fue objeto de severas críticas por parte del Frente Amplio, que en aquel momento se encontraba en la oposición. Una vez que la izquierda asumió el poder, los cuestionamientos sobre la viabilidad y transparencia del contrato se intensificaron.
Detección de irregularidades y fallos contractuales
Fue durante el pasado mes de octubre cuando el presidente Orsi ofreció una rueda de prensa para informar el inicio del proceso de anulación contractual. Esto se produjo tras descubrirse que la garantía de fiel cumplimiento entregada por Cardama carecía de validez legal. Ante la gravedad de los hechos, el gobierno uruguayo optó por formalizar una denuncia en el ámbito penal.
A raíz de este hallazgo, se pusieron en marcha diversas investigaciones de carácter administrativo y se ampliaron las denuncias relacionadas con el caso. Simultáneamente, inspectores de la Armada uruguaya destacados en Vigo reportaron inconvenientes técnicos en el proceso de fabricación. Por otro lado, el Poder Ejecutivo solicitó una auditoría externa a la firma Bureau Veritas, la cual determinó que, si bien la calidad de los trabajos era “satisfactoria”, existían retrasos críticos que hacían inviable la entrega de los buques en los plazos estipulados.
Adicionalmente, las autoridades gubernamentales detectaron anomalías en otra de las salvaguardas: la garantía de reembolso. Según se pudo constatar, Cardama no presentó una póliza formal, sino un documento que simplemente detallaba términos y condiciones generales.
Las cuatro resoluciones del Consejo de Ministros
Tras analizar exhaustivamente estos antecedentes, el presidente Orsi reunió a su Consejo de Ministros y anunció cuatro determinaciones fundamentales:
- Primero: La rescisión definitiva del contrato de suministro debido a incumplimientos contractuales graves y el inicio de acciones legales por daños y perjuicios.
- Segundo: La ejecución de medidas legales pertinentes para recuperar el patrimonio estatal invertido.
- Tercero: El comienzo de investigaciones para determinar responsabilidades institucionales e individuales, aplicando las sanciones que correspondan.
- Cuarto: El compromiso de buscar nuevas alternativas para la compra de patrulleras oceánicas destinadas a la defensa nacional.
En este contexto, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, reafirmó la voluntad de la actual administración de concretar esta necesidad militar:
“Lo primero que hay que decir es que en esta administración habrá patrulleros oceánicos. No hemos dejado de trabajar un momento. Pero además, queremos decir que no solamente estamos trabajando y explorando las diversas posibilidades de obtener esas herramientas, sino que además estamos robusteciendo desde otro lugar todas las herramientas necesarias para avanzar en la salvaguarda de la soberanía nacional”.
El mandatario uruguayo reveló que ya se han mantenido encuentros preliminares y que actualmente se evalúan entre cuatro y cinco propuestas diferentes para sustituir el fallido contrato con el astillero gallego.
Reacciones desde la oposición
La decisión no fue bien recibida por los sectores opositores. El exministro de Defensa, Javier García, calificó la resolución como una maniobra meramente “política”.
A través de su cuenta en la red social X, García manifestó lo siguiente:
“El objetivo es destruir lo que venga del gobierno de Lacalle Pou. Lo intentaron con el puerto utilizando a la Justicia y perdieron. Ahora las patrulleras, también el proyecto Neptuno y el saneamiento para el interior”.
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