Todo indica que Panamá se mantendrá dentro de la clasificación de jurisdicciones no cooperantes en materia tributaria de la Unión Europea (UE) tras la más reciente evaluación del organismo regional. Diversos reportes internacionales confirman que la nación centroamericana continuará integrada en el Anexo I, conocido como la lista negra fiscal, a pesar de los esfuerzos diplomáticos y los ajustes técnicos que el gobierno nacional ha puesto en marcha para lograr su retiro.
Este escenario no ha tomado por sorpresa a los representantes del Estado panameño, quienes ya habían anticipado que la exclusión de esta lista no ocurriría de forma inmediata, dado que el proceso requiere de evaluaciones estrictamente técnicas y del cumplimiento de protocolos establecidos por la UE. Sobre este tema, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, fue enfático en sus proyecciones sobre el cronograma que enfrenta el país.
“Yo estimo, que en el mejor de los casos, hacia fines de este año y seguramente a principios de 2027, Panamá logrará salir, exitosamente, de esta lista”
El Órgano Ejecutivo ha reiterado que el país mantiene un ritmo de progreso constante, aunque admite que los plazos dependen de que el cumplimiento de los parámetros europeos sea debidamente verificado. Para avanzar en este sentido, el gobierno panameño trabaja en la implementación de marcos legales complejos, destacando la normativa sobre sustancia económica, la cual se encuentra actualmente en una fase de consulta con diversos sectores nacionales.
El concepto de sustancia económica
La sustancia económica se refiere a un grupo de normativas diseñadas para garantizar que las empresas y actividades comerciales posean una presencia real y verificable en el territorio donde declaran sus operaciones, evitando que funcionen únicamente como sociedades de papel para obtener beneficios fiscales. En la práctica, esto obliga a las entidades a demostrar que cuentan con:
- Personal capacitado en el país.
- Dirección y gestión efectiva local.
- Gastos operativos reales.
- Activos físicos y toma de decisiones estratégicas dentro de la jurisdicción.
Junto a Panamá, en esta clasificación de la Unión Europea permanecerían otros territorios como Samoa Americana, Anguila, Guam, Palau, Rusia, las Islas Vírgenes estadounidenses, Vanuatu, Vietnam y Turcos y Caicos. Por el contrario, se prevé el retiro de esta lista de naciones como Fiji, Samoa y Trinidad y Tobago.
La motivación de la UE para exigir estos estándares radica en la prevención de estructuras que permitan el traslado de utilidades sin una actividad económica genuina que lo respalde, lo cual impacta la recaudación fiscal de otros estados. Por ello, se vigilan con especial rigor los regímenes donde las compañías gozan de ventajas tributarias sin evidenciar operaciones físicas sustanciales.
Diferencia entre listas fiscales y de blanqueo
Es fundamental diferenciar que esta decisión europea se limita exclusivamente al ámbito fiscal. No debe confundirse con los listados de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, de los cuales Panamá ya logró salir exitosamente en el año 2025. Se trata de mecanismos de evaluación independientes con criterios distintos; estar en la lista tributaria no significa una acusación de lavado de activos, sino una falta de alineación con los estándares globales de transparencia fiscal y cooperación internacional.
La Unión Europea analiza factores críticos como el intercambio de información financiera efectiva y la eliminación de regímenes tributarios considerados nocivos. Panamá insiste en que ha registrado avances significativos, pero reconoce que faltan pasos técnicos y normativos para satisfacer plenamente las exigencias de Bruselas. El reto central sigue siendo hallar el punto de equilibrio entre la competitividad del país y el cumplimiento de las reglas internacionales.
Aunque la permanencia en esta lista no conlleva sanciones automáticas generales, sí desencadena efectos secundarios. Varios estados miembros de la UE suelen aplicar medidas defensivas fiscales, tales como:
- Auditorías y controles más estrictos.
- Limitaciones para la deducción de gastos.
- Requisitos de documentación mucho más rigurosos.
Estas medidas pueden incrementar los costos operativos para las compañías que mantienen relaciones comerciales con el mercado europeo y afectar la reputación de la jurisdicción, influyendo en las decisiones de inversores globales. Asimismo, la inversión extranjera directa desde Europa podría verse condicionada en sectores estratégicos como la logística, las finanzas y los servicios corporativos.
Para la administración panameña, el retiro definitivo de este listado es una prioridad estratégica para consolidar su rol como centro de negocios regional. El gobierno ha defendido la vigencia de su sistema tributario territorial, asegurando que es compatible con las mejores prácticas mundiales si se realizan los ajustes adecuados. La hoja de ruta oficial busca consolidar las reformas y presentar resultados tangibles que permitan cumplir la meta trazada por el ministro Chapman.
Este mecanismo de vigilancia europeo, instaurado en 2017, se actualiza periódicamente para permitir que los países presenten sus progresos. Panamá apuesta por reforzar la cooperación y cerrar las brechas identificadas por los evaluadores, especialmente en lo relativo a la operatividad real de las empresas en su territorio.
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