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México impugnará ante Reino Unido el asilo otorgado a Karime Macías

Durante la mañana de este 16 de febrero, la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum manifestó su rotundo desacuerdo ante la determinación del Reino Unido de conceder asilo diplomático a Karime Macías, quien fuera esposa del exgobernador Javier Duarte.

Desde la sede de Palacio Nacional, en el marco de su habitual rueda de prensa, la jefa de Estado subrayó que su administración tomará una postura de oposición frente a este beneficio legal otorgado a Macías. La presidenta fue enfática al señalar sobre la situación de la implicada que

“no estamos a favor”

de dicha resolución.

En caso de que el fallo sea ratificado de forma definitiva, Sheinbaum adelantó que el Estado mexicano ejercerá las acciones correspondientes. Estas medidas se canalizarán mediante la embajada de México en territorio británico o a través de los instrumentos diplomáticos pertinentes para expresar formalmente su inconformidad.

La presidenta detalló que tuvo conocimiento de esta situación por medio de un informe presentado en una sesión del gabinete de seguridad. No obstante, puntualizó que hasta el momento no se ha recibido una notificación formal por parte de la Cancillería, debido a que el titular de dicha dependencia no estuvo presente en el encuentro mencionado.

El asilo en Reino Unido y el bloqueo de la extradición

Macías enfrenta cargos en México por presunto desvío de 112 millones de pesos del DIF de Veracruz a través de empresas fantasma, según la Auditoría Superior de la Federación. EFE/STR/Archivo

La concesión del asilo por parte de las autoridades de Londres representa un obstáculo directo para el proceso de extradición de Karime Macías Tubilla hacia México. Según reportes difundidos el pasado 15 de febrero, las acciones legales en su contra enfrentarían dificultades adicionales, bajo la premisa de que el presunto delito por el cual es requerida por la justicia mexicana podría haber prescrito.

Expertos en el área judicial han señalado que esta protección internacional detiene de manera inmediata cualquier intento de entrega de Macías a las autoridades de su país de origen. Los antecedentes del caso incluyen los siguientes puntos clave:

  • Existe una orden de aprehensión vigente desde el año 2018.
  • Se le vincula con un presunto desvío de recursos que asciende a los 112 millones de pesos.
  • Dichos fondos, según la Auditoría Superior de la Federación, fueron movilizados mediante empresas fantasma desde el DIF de Veracruz, institución que ella dirigía.

Este nuevo fallo judicial cambia radicalmente el rumbo de un proceso que ya parecía definido. Es importante recordar que en febrero de 2022, Marcelo Ebrard, quien se desempeñaba como canciller, había confirmado que la Corte de Magistrados de Westminster avaló inicialmente la entrega de la procesada.

En aquel entonces, el juez Paul Gold dictaminó que la extradición era procedente. Sin embargo, Macías respondió mediante una misiva informando su decisión de apelar, sosteniendo que la Fiscalía de Veracruz fundamentó las acusaciones basándose en

“declaraciones falsas”

ante los tribunales del Reino Unido.

Prisión preventiva ratificada para Javier Duarte

El exgobernador de Veracruz enfrenta una nueva acusación por el presunto desvío de cinco millones de pesos durante su gestión. Foto: WILLIAM GULARTE /CUARTOSCURO

Paralelamente, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, recibió un nuevo revés legal que complica su posible salida de prisión. A pesar de haber cumplido aproximadamente el 95% de su condena anterior, se le ha impuesto una nueva medida de prisión preventiva.

Esta decisión se deriva de una investigación reciente por el supuesto desvío de 5 millones de pesos durante su periodo de gestión. Esta nueva causa judicial tiene el potencial de impedir su liberación, la cual estaba proyectada originalmente para el próximo mes de abril.

La audiencia, llevada a cabo en las instalaciones del Reclusorio Norte, fue dirigida por el magistrado Gustavo Aquiles Villaseñor. Durante el acto, Duarte solicitó una extensión del plazo constitucional para resolver su estatus jurídico; no obstante, el juez determinó que la prisión preventiva justificada era necesaria debido a la relevancia de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

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