El senador perteneciente al Partido Colorado de Uruguay, Andrés Ojeda, ha impulsado un proyecto de ley con el objetivo de establecer un Registro Nacional de Entidades Terroristas Internacionales. Esta iniciativa, presentada originalmente en septiembre del año pasado, busca identificar específicamente a organizaciones como Hamás y Hezbolá. La propuesta ha recibido el respaldo de la Embajada de Estados Unidos en suelo uruguayo, bajo la premisa de que esta herramienta contribuiría a robustecer los vínculos bilaterales entre ambas naciones.
Diplomacia y reforma judicial
El embajador estadounidense, Lou Rinaldi, mantuvo un encuentro en enero con Ojeda, quien también se desempeña como secretario general del Partido Colorado, para profundizar en los detalles de la propuesta. Durante dicha reunión, el legislador planteó la posibilidad de que la administración de Donald Trump brinde apoyo a Uruguay en la reestructuración de su sistema judicial, lo cual incluiría reformas al Código del Proceso Penal vigente.
El fundamento principal para este registro sostiene que “la amenaza del terrorismo transnacional constituye un riesgo creciente para la seguridad nacional, regional e internacional”. De esta manera, el proyecto contempla una normativa específica para la vigilancia de actores globales peligrosos.
De acuerdo con el texto del proyecto, el registro abarcaría a todas aquellas personas, agrupaciones o entidades que “representen una amenaza terrorista para el Estado uruguayo y sus ciudadanos”. Los impulsores de la ley aseguran que esta medida dotaría al país de una capacidad de inteligencia estratégica fundamental para la seguridad estatal, además de servir como un mecanismo preventivo contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Sanciones y control financiero
En términos operativos, la inclusión de una organización en este listado oficial permitiría que el Estado de Uruguay ejecute las siguientes acciones:
- Congelamiento inmediato de bienes y activos financieros de las entidades que operen en suelo nacional.
- Bloqueo de cualquier tipo de transacción comercial, económica o financiera.
- Prohibición total de ingreso, permanencia o tránsito de sus integrantes por el territorio uruguayo.
Previamente, la Embajada de Estados Unidos ya había gestionado este tema con la administración de Luis Lacalle Pou. No obstante, en aquel momento, el gobierno mostró reticencias al considerar que Uruguay ya cumplía con las directrices establecidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Recientemente, el embajador Rinaldi también trasladó el interés por la creación de este registro al presidente Yamandú Orsi. Desde la representación diplomática norteamericana se ha subrayado que esta medida es una oportunidad para “profundizar lazos” en materia de seguridad, especialmente considerando que Uruguay ya posee acceso a las bases de datos de terrorismo de los Estados Unidos.
Vigilancia internacional
La Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado de EE. UU. mantiene un monitoreo constante sobre grupos terroristas globales para determinar objetivos potenciales. En su listado figuran organizaciones como:
- El Tren de Aragua
- ISIS
- Al Qaeda
- Hamás y Hezbolá
- Cartel de Sinaloa
- Cartel de los Soles
En declaraciones públicas, Andrés Ojeda afirmó de manera tajante que
“Uruguay está atrasado en esta materia”
. Para el senador, el actual escenario geopolítico exige una postura firme para condenar e identificar el terrorismo con el fin de combatirlo eficazmente.
Asimismo, el legislador vinculó la propuesta con la transparencia financiera: “Esto tiene que ver con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Uruguay tiene muchas leyes, una muy reciente en materia de lavado. Cada vez que hablamos de lavado de activos, también hablamos de combatir la financiación con terrorismo. ¿Cómo vamos a combatir la financiación del terrorismo si no tenemos un dictado de grupos terroristas?”, cuestionó.
El origen de esta iniciativa se remonta a la participación de Ojeda en la conmemoración de los 30 años del atentado contra la AMIA en Argentina, realizada en julio de 2024. Según se reportó en septiembre de 2025, fue en ese evento donde se le consultó si Uruguay contaba con una lista oficial de grupos terroristas. Tras confirmar la inexistencia de dicho registro, el senador inició las gestiones para formalizar este proyecto de ley.
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