Luego de que el pasado viernes se ratificara el rechazo a las solicitudes de Cristina Kirchner para retirar su tobillera electrónica y flexibilizar su arresto domiciliario, la Cámara Federal de Casación Penal tiene pendiente una resolución determinante: la ejecución de los bienes pertenecientes a la exmandataria y su círculo familiar. Esta acción legal se desprende de la sentencia en la causa conocida como Vialidad, buscando cubrir una reparación al Estado calculada en más de 684.990 millones de pesos.
Durante la presente semana, el Ministerio Público Fiscal impulsó un nuevo requerimiento para el decomiso de activos adicionales, incluyendo propiedades y sumas millonarias en dólares. No obstante, el punto central de la controversia judicial radica en el destino de 19 inmuebles que figuran a nombre de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.
La situación patrimonial de los hijos
Originalmente, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ordenó una ejecución solidaria sobre el patrimonio de los nueve sentenciados. En una fase inicial, y atendiendo el pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, se incluyeron 20 propiedades de la familia Kirchner. Un dato relevante es que solo una de estas propiedades pertenece legalmente a la expresidenta, mientras que las otras 19 son titularidad de sus hijos, quienes las adquirieron vía herencia.
El máximo tribunal penal debe determinar ahora si es jurídicamente viable afectar bienes heredados por personas que no fueron parte del proceso penal. Aunque el TOF 2 ya validó esta medida, la misma ha sido apelada. La decisión final recaerá sobre los magistrados Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes recientemente confirmaron las restricciones de detención de la exjefa de Estado, con el voto en disidencia de Mariano Borinsky.
Argumentos de la defensa: alegatos de «avasallamiento»
La representación legal de la exmandataria, liderada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, cuestionó duramente la resolución del 18 de noviembre emitida por el TOF 2. Según los abogados, la inclusión de las propiedades de Máximo y Florencia representa un
“avasallamiento de lo legalmente establecido”
en tratados internacionales como la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.
Por otro lado, Luis Goldin, apoderado de los hijos de Kirchner, denunció una presunta arbitrariedad que vulnera el derecho de propiedad, el debido proceso y el principio de inocencia. Goldin argumentó que se está aplicando de forma indebida el régimen de decomiso sobre activos lícitos de terceros, sin que se haya demostrado un vínculo directo con el ilícito sancionado.
Ante este escenario, la familia Kirchner ha solicitado formalmente a Casación que los bienes de Máximo y Florencia sean excluidos del proceso. De no prosperar este pedido, la defensa ya anticipó que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia y a organismos de derechos humanos a nivel internacional.
La postura de la fiscalía y los montos en disputa
En contraparte, el fiscal ante Casación, Mario Villar, solicitó que se mantenga el decomiso. Villar sostiene que existen patrones de incremento patrimonial injustificado que vinculan las maniobras ilícitas con el crecimiento de los activos familiares. Para el fiscal, estas acciones cumplen con los estándares internacionales de recuperación de activos.
En los pasillos de Comodoro Py, la magnitud del caso se considera sin precedentes. A la lista inicial de bienes se ha sumado un nuevo reclamo fiscal que incluye:
- Más de 5 millones de dólares hallados en cajas de seguridad y cuentas bancarias a nombre de Florencia Kirchner (específicamente USD 4.664.000 en caja y USD 992.134 en cuentas).
- Un total de 111 bienes pertenecientes a los condenados, incluyendo propiedades de Lázaro Báez y las firmas Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA y Loscalzo y Del Curto SRL.
- Inmuebles ubicados estratégicamente en Río Gallegos y El Calafate.
El Tribunal Oral Federal 2 especificó que los activos deben ser tasados para cubrir la multa de $684.990.350.139,86. Si estos bienes resultan insuficientes, la justicia avanzará sobre el patrimonio de otros involucrados como Nelson Periotti, José López, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda y Raúl Daruich.
Finalmente, si la nueva petición de la fiscalía es aceptada, el Estado podría tomar posesión de un total de 252 propiedades vinculadas a Cristina Fernández, Lázaro Báez y sociedades relacionadas como Hotesur y Los Sauces.
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