En una operación marcada por el hermetismo, el gobierno de Donald Trump trasladó el pasado mes de enero a nueve personas hacia Camerún, a pesar de que la gran mayoría contaba con órdenes judiciales que impedían su expulsión a sus naciones de origen. Este movimiento se realizó bajo un acuerdo de deportación secreto que ha generado alarma entre defensores de derechos humanos.
Según revelan informes oficiales y testimonios de sus representantes legales, ninguna de las personas deportadas es originaria de la nación africana de Camerún. Hasta la fecha, no existe registro público de algún convenio bilateral entre el gobierno estadounidense y Yaundé que autorice la recepción de ciudadanos procedentes de otros estados.
El traslado se ejecutó el pasado 14 de enero a través de un vuelo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que partió desde la localidad de Alexandria, en el estado de Luisiana. Los afectados relataron que no tuvieron conocimiento de su destino final sino hasta el momento en que se encontraban esposados y encadenados dentro de la aeronave.
Respuestas esquivas y falta de transparencia
Al ser consultado sobre esta operación, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Camerún optó por no emitir declaraciones. Por su parte, el Departamento de Estado de EE. UU. evitó profundizar en los detalles del pacto, limitándose a señalar que no realizaría comentarios sobre sus
«comunicaciones diplomáticas con otros gobiernos»
.
En la actualidad, el grupo de migrantes permanece recluido en una instalación estatal en Yaundé, la capital camerunesa. Según denuncian los propios afectados y sus abogados, las autoridades locales les han condicionado su libertad: solo podrán abandonar el centro si acceden a ser enviados de vuelta a sus países de origen, los mismos de los que escaparon inicialmente para salvar sus vidas de conflictos bélicos o persecuciones políticas.
Este episodio pone de manifiesto el secretismo extremo que caracterizó la política de deportaciones globales de la administración Trump. Mediante negociaciones opacas con gobiernos extranjeros —que en muchos casos implican compensaciones económicas—, Estados Unidos ha enviado a cientos de personas a terceros países que podrían no garantizar el cumplimiento de las salvaguardas legales obtenidas en cortes americanas, exponiéndolas nuevamente a los peligros de los que huían.
Testimonios de una operación encubierta
Un ciudadano de Zimbabue de 37 años, quien residió en suelo estadounidense durante 15 años, describió el proceso como una maniobra irregular. El afectado afirmó que tanto él como sus compañeros fueron
«dejaron caer como paquetes de UPS»
en territorio camerunés. Este hombre huyó de su país tras ser arrestado por negarse a participar en el ejército y teme que su vida corra peligro inminente si es obligado a regresar.
Las víctimas reportan un profundo trauma tras haber sido trasladadas a la fuerza desde diversos centros de detención migratoria de todo el país hacia Alexandria, uno de los puntos de deportación más activos durante el mandato de Trump, sin recibir información alguna sobre su paradero final. Joseph Awah Fru, abogado camerunés que asiste a los migrantes, confirmó que ocho de los nueve deportados contaban con protección contra la expulsión, una medida reservada para quienes demuestran ante un tribunal que es probable que sufran persecución en sus tierras natales.
Por otro lado, la defensa técnica de los afectados subrayó que ninguno de los integrantes del grupo poseía antecedentes penales por delitos de naturaleza violenta.
El costo de las expulsiones a terceros países
Si bien no se ha detallado qué recibió Camerún a cambio de aceptar a estos ciudadanos, una investigación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estima que la administración estadounidense ha desembolsado más de 40 millones de dólares en acuerdos de deportación con terceros países.
Para el gobierno de Trump, el uso de naciones intermediarias servía como una herramienta de disuasión migratoria y una vía rápida para deshacerse de personas cuya repatriación directa era compleja debido a tensiones diplomáticas o dificultades para obtener documentos de viaje.
No obstante, expertos legales critican duramente estas acciones. Scott Shuchart, exfuncionario del ICE que colaboró en la administración de Biden, calificó la medida como un acto fuera de la ley:
«Enviar a personas a un tercer país en el que se les fuerza a ser deportadas a un país al que no podemos deportarlas es totalmente ilegal»
Vulnerabilidad extrema y falta de alternativas
Entre los detenidos en el recinto de Yaundé se encuentran sobrevivientes de conflictos bélicos, personas perseguidas por su orientación sexual y disidentes políticos. Representantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas les han comunicado que no existen mecanismos para que reciban asilo en Camerún, dejando como única salida el retorno forzado.
- Una mujer ghanesa de 32 años, quien huyó de amenazas de muerte por su orientación sexual, denunció que el gobierno camerunés trata su caso meramente como un asunto de tránsito.
- Otra joven de Ghana, de 20 años, que pasó más de un año bajo custodia migratoria, equiparó su posible repatriación con
«firmar una sentencia de muerte»
debido a las amenazas letales de su tribu.
El caso de Camerún no es un evento aislado. Registros indican que ocho de cada nueve migrantes enviados bajo acuerdos secretos a Guinea Ecuatorial fueron finalmente devueltos a sus naciones de origen. Asimismo, en septiembre, Ghana facilitó la deportación de al menos tres individuos que contaban con amparos legales contra su expulsión, evidenciando un patrón de elusión de las órdenes judiciales estadounidenses.
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