Cerca de una decena de familiares de personas detenidas por motivos políticos han dado inicio este sábado a una huelga de hambre en las inmediaciones de un recinto penitenciario ubicado en Caracas. Esta medida de protesta extrema se produce apenas dos días después de que el Poder Legislativo decidiera postergar la aprobación de una esperada ley de amnistía.
Portando mascarillas, el grupo conformado mayoritariamente por diez mujeres se ubicó en la entrada de la sede conocida como Zona 7, lugar donde diversos parientes mantienen un campamento desde hace más de treinta días. Junto a las manifestantes, se exhibe una lista escrita a mano con los nombres de quienes se han sumado formalmente al ayuno voluntario.
Paralelamente, otros allegados cumplen ya 24 horas encadenados frente a este mismo centro de detención. La protesta es una reacción ante el incumplimiento de los compromisos de liberación que fueron expresados anteriormente por Jorge Rodríguez, actual presidente del Parlamento chavista, quien vinculó las excarcelaciones a la sanción de la normativa de amnistía que hoy se encuentra paralizada.
Tensión y exigencias en los exteriores de Zona 7
A pesar de que el debate en la Asamblea Nacional fue suspendido, las familias han ratificado su decisión de permanecer en el sitio. Han advertido que no levantarán la medida hasta recibir respuestas concretas sobre el estatus de sus parientes. Durante la jornada, varias personas encadenadas denunciaron haber sido objeto de amenazas por parte de efectivos policiales, quienes habrían advertido con suspender las visitas reglamentarias tras calificar la protesta pública como un “show”. No obstante, los manifestantes aseguran que no se retirarán hasta lograr la libertad de los detenidos.
Sandra Rosales, quien es esposa del oficial Dionnys Quintero, manifestó con firmeza que se mantendrá en el lugar “hasta tener una respuesta”, reconociendo el fuerte “desgaste psicológico y físico” que esta situación implica tanto para ella como para los demás involucrados. De igual manera, Mileidy Mendoza, cónyuge de Eric Díaz, criticó que las autoridades competentes estén dilatando el proceso de forma innecesaria.
“Es agotador. Nos mantenemos aquí porque tenemos la esperanza de ver a nuestros familiares salir”, afirmó Mendoza.
Mendoza cuestionó además la disparidad en los criterios de liberación, señalando que “muchas personas que liberaron no esperaron esa ley. ¿Por qué nosotros sí tenemos que esperar? (…). Ellos tienen que salir con o sin esa ley de amnistía”.
Escalada de protestas dentro de los centros de detención
La movilización ciudadana en los exteriores coincide con acciones dentro de las celdas. Se reportó que un grupo de presos políticos inició su propia huelga de hambre la noche del viernes con el fin de demandar su libertad inmediata. Esta protesta se concentra en un comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el sector este de la capital, identificado también como Zona 7.
Ante estos hechos, el Comité de Derechos Humanos de la organización política Vente Venezuela, que encabeza la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, expresó su rechazo a través de la plataforma X. La organización denunció que las familias están siendo “castigadas con la incertidumbre, con el silencio impuesto, con el dolor de no saber” el destino final de sus seres queridos.
Asimismo, el comité resaltó la determinación de los parientes, destacando que han dejado un mensaje claro al poder: “no descansarán, no callarán, no se irán, hasta que cada uno de ellos sea libre”.
Contexto legislativo y político
Cabe recordar que hace una semana, Jorge Rodríguez visitó personalmente los exteriores de Zona 7. En dicho encuentro, garantizó que las excarcelaciones se ejecutarían una vez que el Parlamento diera luz verde a la ley de amnistía, proceso que se preveía culminar esta semana. Sin embargo, el jueves pasado la instancia legislativa optó por aplazar la discusión.
Se tiene previsto que el Parlamento, de mayoría oficialista, retome la próxima semana el segundo y definitivo debate para la aprobación de esta ley, que busca cubrir casos políticos desde 1999. El retraso actual se debe a discrepancias respecto a un artículo que obligaría a procesados y sentenciados a comparecer formalmente ante el sistema de justicia.
Este proyecto legislativo ha sido presentado por Delcy Rodríguez como parte de un “nuevo momento político”, originado tras el inicio de una serie de liberaciones el pasado 8 de enero. Este proceso comenzó pocos días después de que fuerzas de Estados Unidos capturaran a Nicolás Maduro durante una operación de carácter militar ejecutada en la ciudad de Caracas.
Finalmente, la situación carcelaria en el país se agrava con otros focos de conflicto. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó que más de 300 reclusos comunes se declararon en huelga de hambre en la prisión de Tocuyito, en el estado Carabobo. Según la ONG, esta protesta busca visibilizar y detener supuestas torturas físicas y psicológicas que los internos denuncian sufrir de manera cotidiana.
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