Un reciente balance emitido este viernes por la organización no gubernamental Foro Penal revela que en Venezuela persisten 644 personas privadas de su libertad por razones políticas. Esta institución, que encabeza la asistencia jurídica de estos ciudadanos en el país caribeño, detalló el panorama actual de las detenciones bajo el mando del régimen.
La actualización de estos datos surge en el marco de las excarcelaciones que fueron anunciadas por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, el pasado 8 de enero. Dicha promesa de liberación masiva ocurrió poco después de que fuerzas de Estados Unidos capturaran a Nicolás Maduro en una acción militar ejecutada en Caracas, estableciendo inicialmente como plazo para las liberaciones el pasado viernes.
Desglose de la población carcelaria política
De acuerdo con el reporte de la ONG, con corte al lunes previo, el grupo de detenidos está conformado por 564 hombres y 80 mujeres. En cuanto a su condición, la organización distingue que 459 son civiles y 185 pertenecen al sector militar, registrándose además un menor de edad entre los afectados. Asimismo, el informe señala la presencia de 55 ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad en los centros de reclusión.
Un dato alarmante proporcionado por Foro Penal es la incertidumbre sobre el paradero de 47 de estos prisioneros. Adicionalmente, la organización advierte que existen más de 11,000 personas que se mantienen bajo medidas restrictivas de libertad de forma arbitraria en el territorio venezolano.
Respecto al avance de las liberaciones, el organismo confirmó el martes haber verificado un total de 431 excarcelaciones desde que inició el proceso el 8 de enero, tras la aprehensión de Maduro. No obstante, la ONG es enfática al definir qué constituye una liberación real: solo se contabilizan como tales aquellas que otorgan libertad absoluta. Casos como el del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, aliado de María Corina Machado, no entran en esta categoría por encontrarse bajo arresto domiciliario.
Debate legislativo y tensiones políticas
En el ámbito parlamentario, el debate para la aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que pretende cubrir casos registrados desde 1999, fue suspendido el pasado jueves. La postergación para la siguiente semana se debió a la falta de consenso sobre un artículo que obligaría a los beneficiados a comparecer ante la justicia.
Esta parálisis legislativa ha provocado que sectores de la oposición retomen las movilizaciones callejeras para presionar por la entrega de todos los detenidos. Por otro lado, la administración interina de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostiene una postura radicalmente opuesta, afirmando que en la nación no existen prisioneros de conciencia y que todos los procesados han incurrido en delitos comunes, una visión que es tajantemente rechazada por partidos opositores y diversos organismos de derechos humanos.
Paralelamente, el Movimiento Estudiantil de Venezuela encabezó marchas en distintas localidades del país el jueves pasado. Estas manifestaciones, que exigían la libertad plena de los detenidos, coincidieron con la segunda discusión del proyecto de amnistía impulsado por la gestión de Rodríguez.
En el contexto del Día Nacional de la Juventud, la Universidad Central de Venezuela (UCV) se convirtió en el epicentro de una de las mayores concentraciones opositoras de los últimos tiempos. Estudiantes y ciudadanos se agruparon tanto en el campus de Caracas como en sus alrededores para manifestar su descontento.
Durante la jornada de protesta, los asistentes levantaron su voz con la consigna:
“Ni uno, ni dos, que sean todos”
Este clamor exige que el proceso de liberación no sea parcial. Aunque Foro Penal ha validado 431 salidas de prisión entre el 8 de enero y el 10 de febrero, las estimaciones de la ONG sugieren que la cifra de personas que permanecen tras las rejas por motivos ideológicos supera todavía las 600.
Miguelángel Suárez, quien preside la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la UCV, aseguró que el brazo estudiantil no cesará en su presión social:
“hasta que se restituyan todos los derechos civiles y políticos”
El dirigente también demandó el cese inmediato de la persecución política y la implementación de garantías reales para alcanzar una transición democrática efectiva. En la movilización también se hicieron presentes delegaciones de la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Católica Andrés Bello, junto a familiares de los presos que exhibían fotografías y pancartas con el mensaje: “Cierren los centros de tortura”.
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