Tras el avance legislativo del gobierno de Javier Milei con la aprobación de la reforma laboral en el Senado, la CGT (Confederación General del Trabajo) decidió adelantar su reunión de urgencia del Consejo Directivo para este lunes. El objetivo central es discutir la posibilidad de convocar a un paro general de 24 horas que coincida con el inicio del tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados.
La sesión, programada para las 16:00 de forma virtual debido al desplazamiento de varios dirigentes por el feriado, responde a las crecientes presiones internas que exigen una postura más confrontativa. Sectores del sindicalismo consideran que las movilizaciones previas han sido insuficientes frente a la magnitud de los cambios propuestos.
Los dirigentes Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (Vidrio) inicialmente planeaban el encuentro para mediados de semana. Sin embargo, las señales de diversos gremios que demandan una profundización del plan de lucha obligaron a modificar el calendario para evitar un desborde de las bases.
“El triunvirato prefería no hacer un paro, pero se dieron cuenta de que por abajo se estaba planificando un cese de actividades de 24 horas, y si no lo impulsaba la CGT iban a quedar descolocados”
Esta declaración de un importante líder sindical subraya la tensión interna, aunque aclara que la medida será sometida a un intenso debate este lunes. Mientras el ala dialoguista de la central obrera buscaba una estrategia de cabildeo moderado con bloques parlamentarios y representantes del Ejecutivo, el oficialismo intenta acelerar la sanción definitiva de la ley.
Debido a complicaciones logísticas por los feriados, el tratamiento en la Cámara de Diputados, inicialmente previsto para el jueves 19, podría trasladarse al miércoles 25 de junio. El oficialismo busca ratificar los cambios introducidos en el Senado sin nuevas dilaciones.
Estrategia jurídica y política de la central obrera
A pesar del panorama adverso, en la CGT existe una mínima esperanza de que ciertos aliados del Gobierno rechacen modificaciones de último momento —como las referidas a accidentes laborales o el pago de salarios mediante billeteras digitales—, lo que obligaría a que el proyecto retorne al Senado.
“El Gobierno fue desprolijo al incluir artículos que no fueron consensuados y ahora vamos a trabajar para que el proyecto tenga más modificaciones o quede trabado en el Congreso”
Un directivo de la organización reconoció que insistirán ante interlocutores libertarios para corregir puntos que consideran lesivos para los derechos de los trabajadores. Por ahora, los sindicatos valoran haber preservado las cuotas solidarias y el financiamiento de las obras sociales, elementos clave para la sostenibilidad de sus estructuras.
Sin embargo, el foco de preocupación se mantiene sobre los derechos individuales y colectivos, incluyendo:
- Cambios en el régimen de indemnizaciones.
- Modificaciones en la jornada laboral y vacaciones.
- Regulación estricta del derecho a huelga en servicios esenciales.
- Restricciones a las asambleas sindicales.
En un informe interno, la CGT calificó el proyecto como regresivo y contrario a la Constitución Nacional y tratados internacionales. Los argumentos para una futura impugnación judicial se basan en los siguientes ejes:
- La protección constitucional del trabajo y el trabajador.
- El principio de no regresión, que prohíbe retrocesos en la legislación laboral.
- La exigencia de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) de que toda reforma sea tripartita (Gobierno, empleadores y sindicatos).
“Por todo eso creemos posible que la justicia la declare inconstitucional. Este proyecto generará mas litigiosidad”
El conflicto por las licencias médicas
Un punto de fricción inesperado involucra a sectores del PRO y partidos provinciales, quienes cuestionan cambios que reducen los montos salariales en licencias por enfermedad o accidentes no laborales. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, defendió esta medida argumentando que busca reducir licencias abusivas.
Según explicó el funcionario, si un trabajador se lesiona en una actividad voluntaria (como jugar fútbol), la cobertura salarial se reduciría al 50%. La CGT respondió tajantemente:
“Agrava la situación del trabajador que se enferma o se accidenta por motivo ajeno al trabajo al obligarle a transitar la enfermedad con una importante baja salarial. Con ello afecta el bolsillo del trabajador en momentos que tiene gastos adicionales derivados de su condición medica”
Escenario de radicalización sindical
Aunque la cúpula de la central obrera intentó mantener una postura conciliadora, la presión del ala dura ha forzado un cambio de rumbo. Existe temor de que nuevas movilizaciones deriven en actos violentos como los registrados recientemente frente al Congreso, por lo que un paro general aparece como una alternativa de protesta contundente pero con menor riesgo de incidentes callejeros.
Paralelamente, el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que agrupa a la UOM, ATE, Aceiteros y las CTA, ya ha confirmado su propio plan de lucha. Figuras como Daniel Yofra y Rodolfo Aguiar han manifestado posturas extremas, llamando a generar un clima de hostilidad para los legisladores.
A este bloque se sumaría la CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte), liderada por Juan Carlos Schmid, quien propone un esquema de paros progresivos y sectoriales para maximizar el impacto de la protesta contra la gestión de Milei.
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