Durante la jornada del 12 de febrero de 2026, el jefe de Estado, Gustavo Petro, lideró un Consejo de Ministros destinado a gestionar la crisis climática que golpea severamente al departamento de Córdoba. En este espacio, el mandatario alertó sobre las graves consecuencias que las precipitaciones están provocando en los sectores productivos, específicamente en la ganadería y la agricultura, tras confirmarse que existen más de 140.000 personas damnificadas por el temporal.
El impacto en el sector pecuario es alarmante. Según los registros proporcionados por el Fondo Nacional del Ganado, cerca de 450.000 cabezas de ganado han sufrido afectaciones debido a desplazamientos forzados por las inundaciones y niveles críticos de estrés. Ante esta coyuntura, el mandatario advirtió que el país debe prepararse para una eventual reducción en la oferta de productos básicos y un incremento en el costo de la canasta familiar a partir de la segunda mitad de 2026.
Respecto a la duración de esta problemática, el presidente fue enfático al señalar que los efectos de la naturaleza no serán pasajeros.
“La situación de emergencia… va a ser larga. Afectando incluso a otras regiones. Hay que tratar de hacer los mapas de las lluvias normales. En junio en adelante viene el verano y tendremos agua, territorios con alto nivel freático, difíciles de cultivar. y entonces va a haber una afectación a la oferta de alimentos”, expuso.
Para intentar mitigar el desastre humanitario y ambiental que ya se propaga a otros puntos del territorio nacional, el Ejecutivo formalizó una nueva declaración de emergencia económica y social. El objetivo financiero de esta medida es recolectar una suma de $8 billones de pesos. Este monto ha generado debate en sectores políticos, debido a que inicialmente Gustavo Petro había planteado la necesidad de $16 billones, la misma cifra proyectada en la emergencia del 22 de diciembre de 2025 que actualmente se encuentra bajo revisión de la Corte Constitucional.
Un nuevo gravamen para el sector corporativo
Como estrategia complementaria para obtener liquidez inmediata, la administración central ratificó la instauración de un impuesto extraordinario dirigido exclusivamente a las compañías con mayores capitales. El diseño de este tributo busca que la responsabilidad fiscal recaiga en los actores económicos con mayor solvencia, excluyendo por completo a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) de esta carga adicional.
El presidente Petro detalló que el impuesto se calculará sobre el patrimonio líquido —el valor resultante tras restar las deudas del patrimonio bruto— y se aplicará únicamente a partir de los $10.000.000.000. Durante su intervención, aclaró que no se pretende castigar las utilidades generales ni afectar a firmas con altos niveles de endeudamiento, sino enfocarse en las “empresas todavía más ricas”.
Asimismo, el mandatario aprovechó para desestimar informaciones que sugerían un alcance generalizado del cobro. “La prensa en sus titulares insinúa que todas las empresas van a pagar el impuesto, el nuevo impuesto. Resulta que estamos hablando de las más grandes”, sostuvo, agregando que la tasa de tributación real para sectores de alta rentabilidad, como el financiero, ya se sitúa en torno al 21%.
Por su parte, el titular de la cartera de Hacienda, Germán Ávila, profundizó en los aspectos técnicos del esquema tributario. El ministro puntualizó que las “empresas con patrimonio líquido entre $10.000.000.0000 y $31.000.000.000 pagarían el 0,6%”. Esta estructura escalonada pretende garantizar que la contribución sea proporcional a la capacidad económica de cada organización, protegiendo el tejido productivo mayoritario del país.
Finalmente, se conoció que la continuidad de este impuesto empresarial está sujeta a decisiones judiciales. El presidente Gustavo Petro manifestó que estaría dispuesto a retirar la medida impositiva si la Corte Constitucional decide reactivar el decreto de emergencia económica que fue suspendido previamente.
“Ahora, si la… Corte Constitucional suspende la suspensión, entonces no necesitamos el impuesto a empresas, sino que vuelve a regir lo que ya estaba en el decreto de emergencia, que, en mi opinión, es mejor irse traspasando, no se puede hacer de la noche a la mañana, a los impuestos a personas naturales muy ricas, que los impuestos a empresas que deben ser más libres”, concluyó el mandatario ante su gabinete.
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