Un nuevo revés legal enfrenta el líder de la organización política Perú Libre. El Poder Judicial ha determinado que el proceso denominado caso La Oroya, seguido contra el candidato presidencial y actualmente prófugo Vladimir Cerrón, se mantiene vigente. Con esta decisión, la justicia ratifica que no se realizará la devolución de los 850 mil soles que el procesado entregó como parte de su reparación civil.
La situación jurídica de Cerrón dio un giro el año pasado cuando el Tribunal Constitucional decidió anular una condena previa de cuatro años de privación de libertad suspendida. En aquel momento, se dispuso que el juzgado penal competente emitiera un nuevo dictamen sobre el caso La Oroya. En cumplimiento de dicho mandato, las autoridades judiciales fijaron el inicio de un nuevo juicio oral para el mes de noviembre de 2025.
Ante este panorama, la defensa técnica del exgobernador sostuvo que la acción penal ya había caducado por el paso del tiempo. Esta postura fue inicialmente validada por el Quinto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancayo, instancia que declaró extinguida la causa contra el máximo dirigente de Perú Libre.
Sin embargo, tras una apelación presentada por la Fiscalía, la Sala Penal Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancayo decidió revocar el beneficio de prescripción. De esta manera, el tribunal superior ordenó que Vladimir Cerrón asuma el nuevo juicio oral por las irregularidades detectadas en La Oroya.
La resolución judicial especifica que el juzgado de primera instancia no aplicó correctamente la normativa, la cual estipula que los plazos de prescripción deben duplicarse cuando existen delitos que vulneran el patrimonio del Estado. En este contexto, se estima que las acciones de negociación incompatible atribuidas a Vladimir Cerrón generaron un perjuicio económico a las arcas públicas de 850 mil soles.
La Sala de Apelaciones enfatizó que en este escenario es de cumplimiento obligatorio la aplicación de la duplicidad de los plazos, dado que la afectación patrimonial ha sido identificada de manera clara.
“El A quo (juez de primera instancia) incurrió en error de derecho al aplicar el plazo de prescripción. Si bien el delito de negociación incompatible es de peligro abstracto; en el presente caso está determinada la existencia de perjuicio concreto al patrimonio público. Por tanto, la excepción de prescripción no puede ser declarada fundada, ya que el plazo aún no ha transcurrido bajo la regla de la duplicidad”
Con este nuevo cálculo jurídico, se proyecta que el caso La Oroya no prescribirá hasta el año 2029.
Ratifican retención de los 850 mil soles
Otro punto de conflicto legal fue la solicitud de la defensa de Vladimir Cerrón para recuperar los 850 mil soles abonados anteriormente. El pedido fue desestimado inicialmente bajo el argumento de que el fallo del Tribunal Constitucional se limitaba al ámbito de la sanción penal y no interfería con las obligaciones civiles ya establecidas.
Pese a la apelación presentada por los abogados del político, la Sala de Apelaciones confirmó el rechazo al recurso. La resolución final deja claro que no habrá devolución alguna para el líder político.
“La reparación civil y la responsabilidad penal, aunque se tramiten juntas por economía procesal, poseen una autonomía sustancial que permite que la primera subsista plenamente incluso si la segunda es anulada para un nuevo juicio; por tanto, al no haber sido anulado el extremo resarcitorio de S/ 850,000.00 este se torna irrevocable y de ejecución obligatoria”
Origen de la acusación en el caso La Oroya
Las investigaciones fiscales apuntan a que Vladimir Cerrón, mientras ejercía sus funciones como gobernador regional de Junín, habría gestionado de forma directa y poco ética la ampliación de un proyecto de infraestructura. Se trata de la obra denominada “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de La Oroya”.
Según la tesis del Ministerio Público, esta intervención tuvo como objetivo beneficiar de manera irregular al Consorcio Altiplano, lo que resultó en un provecho económico ilícito de 850 mil soles en detrimento de los fondos estatales.
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