La madrugada del pasado 12 de febrero, el departamento de Arauca fue escenario de una nueva ofensiva violenta perpetrada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En esta ocasión, el grupo guerrillero utilizó dispositivos aéreos no tripulados para atacar instalaciones de las Fuerzas Militares, empleando una táctica que se ha vuelto recurrente entre las organizaciones armadas ilegales durante los últimos meses.
Según los reportes oficiales, el hostigamiento consistió en el lanzamiento de artefactos explosivos desde drones contra dos unidades del Ejército Nacional: una localizada en la jurisdicción de Tame y la otra situada en el sector rural de la capital departamental. Como resultado directo de estas detonaciones, una oficial de la Fuerza Aérea resultó herida mientras desempeñaba sus labores.
Ante la gravedad de los hechos, las autoridades militares en la región emitieron instrucciones inmediatas para robustecer los protocolos de seguridad. El objetivo primordial de estas acciones es neutralizar cualquier nuevo intento de los grupos irregulares de vulnerar la integridad de los uniformados o de la población civil araucana.
Simultáneamente, las Fuerzas Militares han puesto en marcha una investigación técnica detallada para recolectar evidencias sobre el ataque. Los expertos en defensa señalan que el uso de tecnología dron representa uno de los retos más complejos y contemporáneos que enfrenta el Estado en el marco del conflicto interno colombiano.
A pesar de que el Gobierno nacional manifestó su rechazo tajante a los ataques y ratificó su compromiso con el bienestar de Arauca, la zozobra se ha apoderado de la ciudadanía. Habitantes de la zona han expresado sus denuncias ante el incremento de las hostilidades, advirtiendo sobre las repercusiones negativas que esta escalada de violencia tiene sobre la estabilidad y la vida cotidiana en el territorio.
En este contexto, el gobernador de Arauca, Renson Martínez, se pronunció para condenar enérgicamente la acción terrorista ejecutada contra el cantón militar San Jorge, ubicado en el municipio de Saravena.
“Este lamentable hecho fue ejecutado por grupos al margen de la ley, que emplearon aeronaves no tripuladas y artefactos explosivos. Como consecuencia de esta acción criminal, una oficial de la Fuerza Aérea Colombiana resultó herida mientras cumplía con su deber. Este acto constituye una grave afrenta contra la institucionalidad, la seguridad y la paz del departamento y del país”
Martínez no solo brindó su respaldo a las tropas desplegadas en la región, sino que solicitó celeridad en la recuperación de la oficial afectada. Asimismo, instó a las unidades militares a permanecer en máxima alerta y dirigió una petición formal al Ejecutivo nacional para optimizar la protección en la zona. Su solicitud incluye la necesidad de aumentar las capacidades operativas, ampliar el número de horas de vuelo y proporcionar un respaldo tecnológico más robusto para la vigilancia aérea.
Durante su intervención, el mandatario seccional reconoció la labor que desempeña el Ejército Nacional en el territorio, destacando que se han obtenido logros significativos en cuanto a la captura y neutralización de integrantes de las estructuras armadas que operan fuera de la ley.
“Se trabaja para garantizar la seguridad en todos los puestos de votación, especialmente en las zonas rurales, con mayor presencia del Ejército Nacional. No vamos a desistir frente a acciones terroristas en el departamento, seguiremos trabajando de manera articulada con todas las instituciones por un Arauca mejor”, enfatizó el gobernador. Además, recordó que el departamento cuenta actualmente con 240 hombres adicionales desplegados en las carreteras para potenciar la capacidad técnica y operativa.
Por su parte, voceros del Ministerio de Defensa argumentaron que estas acciones ofensivas del ELN son una respuesta directa a los recientes operativos oficiales que han golpeado con fuerza a diversos frentes de esta guerrilla en la región de Arauca.
Es importante recordar que este grupo alzado en armas admitió recientemente su autoría en el atentado contra el esquema de protección del senador Jairo Castellanos. En dicho suceso, dos escoltas perdieron la vida a manos de los guerrilleros tras no detenerse en un retén ilegal instalado por la organización criminal.
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