En un avance trascendental para uno de los expedientes de corrupción de mayor impacto en la historia de Panamá, la magistrada Baloisa Marquínez ha establecido que el próximo 23 de febrero se dará inicio formal a la etapa de alegatos en el proceso judicial contra la constructora Odebrecht. Esta determinación surge inmediatamente después de que se declarara clausurada la fase de presentación y práctica de pruebas.
Este movimiento procesal representa la entrada a una etapa determinante antes de que el juzgado comience el análisis para dictar sentencia. En este juicio se investigan presuntas responsabilidades penales derivadas de una red de sobornos millonarios a cambio de la adjudicación de contratos de infraestructura pública.
Fundamentos de la clausura probatoria
Al explicar su resolución, la jueza Marquínez precisó que el tribunal se vio en la obligación de cerrar la etapa de pruebas ante la imposibilidad jurídica de convocar a una testigo fundamental para el caso, a pesar de las múltiples gestiones realizadas por los sujetos procesales. La juzgadora enfatizó que las citaciones no pudieron concretarse bajo los mecanismos que estipula el Código Judicial, por lo que extender este periodo representaría una transgresión al debido proceso.
Bajo esta premisa, la autoridad judicial determinó que lo procedente es avanzar hacia la fase de sustentación, donde cada una de las partes expondrá sus conclusiones y posturas legales definitivas. Asimismo, Marquínez desestimó las peticiones para que el juzgado emitiera oficios a entidades estatales con el fin de localizar a personas vinculadas, argumentando que tal acción excedería sus competencias.
La magistrada sustentó su negativa basándose en el artículo 5 del Código Procesal Penal, el cual dictamina con claridad la separación de funciones entre el ente juzgador y el ente acusador. Según este principio, el papel de la jueza debe centrarse en la garantía de los derechos procesales y la valoración objetiva de las pruebas, mientras que la labor de investigación recae exclusivamente en la fiscalía.
Organización de la etapa de alegatos
Para asegurar un desarrollo eficiente de las audiencias, el tribunal ha programado que las sesiones de alegatos arranquen a las 2:00 p.m.. Se ha definido un cronograma que otorga, en primera instancia, una hora de intervención para cada jurista. Sin embargo, existirá una flexibilidad de tiempo para aquellos defensores que asuman la representación de múltiples imputados, garantizando así un debate equitativo y exhaustivo.
Marquínez ha sido enfática en que el proceso se llevará a cabo de manera continua y sin interrupciones injustificadas. El objetivo principal es impedir que se produzcan nuevas demoras en un expediente que ya acumula varios años de tramitación en el sistema judicial panameño.
Por el lado de la acusación, la fiscal superior anticorrupción, Ruth Morcillo, manifestó su conformidad con el calendario propuesto. Aunque inicialmente la fiscalía había sugerido que los alegatos comenzaran el 19 de febrero —tras la finalización de las festividades de carnaval—, la funcionaria aceptó la fecha del 23 para asegurar la solidez de sus argumentos basados en la evidencia testimonial y documental recabada.
Adicionalmente, Morcillo señaló que la reprogramación era necesaria debido a sus compromisos en otro litigio complejo relacionado con un presunto peculado en la rehabilitación del Casco Antiguo. Dicha obra fue gestionada por un consorcio formado por Odebrecht y la compañía Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Ante esta realidad, los abogados de la defensa también aceptaron el 23 de febrero como una fecha idónea para finalizar su preparación técnica.
El entramado de corrupción transnacional
El proceso que se sigue en Panamá es un eslabón clave en la red de investigaciones que sacudió a toda América Latina por el esquema de coimas instaurado por la gigante brasileña. En el territorio panameño, la fiscalía ha puesto el foco en los pagos irregulares vinculados a proyectos viales, concesiones estatales y obras de gran magnitud otorgadas en diversos periodos gubernamentales.
Las investigaciones detallan que los dineros ilícitos fueron movilizados a través de un complejo sistema de sociedades offshore, cuentas bancarias internacionales y gestores financieros. El fin último era asegurar beneficios contractuales mediante el pago de favores a exfuncionarios y operadores políticos.
Durante el juicio, el Ministerio Público ha argumentado que estas prácticas afectaron sensiblemente al erario público. La evidencia presentada incluye informes de auditoría, testimonios clave y peritajes financieros que, según los fiscales, confirman la existencia de una estructura criminal organizada dedicada al cohecho.
En contraste, los equipos de defensa han centrado sus esfuerzos en cuestionar la cadena de custodia de los documentos aportados y la validez legal de ciertas pruebas financieras que datan de hace más de una década. Han denunciado supuestas fallas en el procedimiento y han insistido en que no existen pruebas de vinculación directa contra varios de los procesados.
Recuperación de fondos y multas
En cuanto al aspecto económico del caso, la fiscal Ruth Morcillo ofreció un balance detallado sobre los montos recuperados por el Estado hasta la fecha. Precisó que aproximadamente 74 millones 701 mil dólares provienen de abonos a la multa impuesta a la constructora. Además, otros 10 millones 692 mil dólares se han recaudado mediante acuerdos de colaboración y pena logrados con diversos implicados.
La fiscalía destacó que este es uno de los mayores hitos en cuanto a recuperación patrimonial en Panamá, aunque recordó que la sanción total impuesta a Odebrecht alcanza los 220 millones de dólares. Por lo tanto, las acciones legales para completar este cobro continúan vigentes.
Finalmente, se reveló que existen activos aprehendidos —entre cuentas bancarias y bienes inmuebles— cuyo valor se estima entre los 26 y 27 millones de dólares. Estos recursos permanecen bajo custodia estatal y su destino final dependerá de las sentencias definitivas que emita el órgano judicial tras la conclusión de los alegatos que inician en febrero.
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