La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ha retomado sus labores colaborativas con las autoridades de Bolivia, enfocándose inicialmente en el intercambio de inteligencia para enfrentar el narcotráfico. Este acercamiento ocurre mientras la administración gubernamental ultima los pormenores legales para formalizar el retorno de la entidad extranjera, que ha permanecido fuera del territorio nacional durante 18 años.
De acuerdo con Ernesto Justiniano, actual viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, el país ya se beneficia del respaldo estadounidense en áreas críticas como la capacitación y el soporte técnico. No obstante, el funcionario aclaró que aún se están definiendo los protocolos operativos y la designación de los mandos que liderarán estas acciones en un horizonte cercano.
Justiniano enfatizó que la determinación política para reintegrar a la agencia ya es un hecho consumado, dejando en manos de la Cancillería de Bolivia la tarea de ratificar y finalizar los términos del convenio de cooperación bilateral.
Seguridad compartida y operativos conjuntos
Respecto a la soberanía nacional, el viceministro fue enfático al descartar que el acuerdo implique el establecimiento de bases militares foráneas en suelo boliviano. Sin embargo, se mostró abierto a la ejecución de misiones tácticas coordinadas.
“No va a haber bases, pero si podemos hacer operativos el día de mañana con norteamericanos, brasileños, paraguayos o argentinos, pues bienvenido”
, aseveró el alto funcionario.
Este giro diplomático responde a la gestión del presidente Rodrigo Paz, quien asumió el cargo en noviembre pasado, marcando un distanciamiento de la línea política mantenida por el Movimiento al Socialismo (MAS). Bajo el anterior régimen, Bolivia se había alineado con la ALBA y países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, enfriando su relación con Washington.
Desde el cambio de mando, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Cristopher Landau, ha manifestado que existe un “renacimiento de las relaciones bilaterales”. Este nuevo aire en la diplomacia incluye la posibilidad concreta de que la DEA vuelva a operar plenamente, tras haber sido expulsada en 2008 por Evo Morales. En aquel entonces, Morales acusó a los 100 agentes de la agencia y al embajador de EE. UU. de realizar injerencia política en el país, que es considerado el tercer productor mundial de cocaína.
Reacciones y tensiones políticas
La noticia sobre el regreso de la DEA ha provocado una respuesta hostil inmediata por parte de Evo Morales y las federaciones cocaleras del Chapare. A través de un manifiesto público, los sindicatos de trabajadores advirtieron que mantendrán una postura de resistencia frente a lo que consideran la presencia de unidades militares extranjeras.
Por su parte, Morales ha sugerido que la decisión sobre la presencia de la agencia antidroga debería ser sometida a un referéndum popular. Ante este panorama, el viceministro Justiniano presentó datos estadísticos contundentes, señalando que entre el 91% y el 92% de la producción de hoja de coca del Chapare termina desviada hacia el mercado del narcotráfico.
El analista Paul Coca sostiene que estas reacciones de Morales son intentos por conservar su peso político en un entorno nacional que ha evolucionado. Según el experto, Bolivia requiere de una integración internacional sólida para desmantelar eficazmente las estructuras criminales transnacionales.
Contexto histórico y la “diplomacia de la coca”
Históricamente, la DEA fue una pieza clave en la estructuración de la lucha contra las drogas en Bolivia durante la década de los 80, participando en la creación de grupos de élite para combatir redes delictivas que habían penetrado las esferas estatales.
Este vínculo con la agencia estadounidense también tiene antecedentes familiares para el actual mandatario. Durante el gobierno de su padre, Jaime Paz Zamora (1989-1993), la administración enfrentó serios cuestionamientos y sospechas de vínculos con el tráfico de estupefacientes. En ese periodo se impulsó la denominada “diplomacia de la coca”, una iniciativa que pretendía legalizar el uso tradicional de la hoja para infusiones y medicinas a nivel internacional, propuesta que generó fricciones con las políticas de Washington.
Finalmente, la presión de Estados Unidos por la erradicación forzosa de los cultivos de coca generó un clima de tensión social que fue aprovechado por el liderazgo sindical de Evo Morales. Esta lucha por la defensa del cultivo tradicional fue el motor que lo catapultó a la presidencia en el año 2006, bajo una narrativa de confrontación directa contra la influencia norteamericana en Sudamérica.
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