La estabilidad institucional de Ecopetrol se encuentra bajo un intenso escrutinio tras la reciente petición pública de la senadora María Fernanda Cabal. La legisladora ha solicitado formalmente a la junta directiva de la principal estatal petrolera que analice “de manera urgente, objetiva y con criterios de buen gobierno corporativo, la permanencia del señor Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol S.A.”.
Cabal fundamenta su requerimiento en las repercusiones negativas que el complejo entorno legal del directivo está provocando en la salud financiera de la compañía. Según su pronunciamiento, se ha observado una caída significativa en el precio de las acciones tanto en la Bolsa de Valores de Colombia como en la Bolsa de Nueva York. Este descenso en los mercados bursátiles, asegura la senadora, es un síntoma claro de la “pérdida de confianza de inversionistas nacionales e internacionales ante la incertidumbre jurídica y reputacional que hoy recae sobre el presidente de la compañía”.
Contexto judicial y financiero
La controversia ha escalado significativamente ante el anuncio de la Fiscalía General de la Nación, organismo que ha citado a Ricardo Roa para el próximo mes de marzo. El objetivo de esta diligencia es realizar la imputación de cargos relacionados con su rol como gerente de la campaña electoral de Gustavo Petro en el año 2022. Adicionalmente, la justicia investiga un presunto “tráfico de influencias en la adquisición de un predio en un exclusivo sector de Bogotá”, según detalló la congresista en su comunicación oficial.
En el ámbito administrativo, las alarmas también provienen de los informes del Consejo Nacional Electoral (CNE). De acuerdo con lo expuesto por Cabal, la gestión financiera de la campaña liderada por Roa “excedió los topes de campaña más de $5.300 millones de pesos”, una cifra que agrava la percepción de irregularidades en torno a su desempeño previo a la presidencia de la petrolera.
Defensa del patrimonio y transparencia
A pesar de que la senadora enfatizó su respeto irrestricto por el derecho a la presunción de inocencia, sostuvo que la prioridad actual debe ser la protección de los activos estatales y la estabilidad corporativa. En sus declaraciones fue contundente al afirmar lo siguiente:
“la defensa del señor Roa debe hacerse fuera de la empresa, para evitar afectar la estabilidad y el valor patrimonial de la misma”
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Finalmente, la representante hizo un llamado para que la junta directiva de Ecopetrol actúe con la debida diligencia y sentido de urgencia en cumplimiento de sus funciones como administradores. Según su planteamiento, es imperativo evaluar si la continuidad del funcionario se ajusta realmente a los pilares de transparencia, responsabilidad y salvaguarda del interés general que deben regir a la compañía más importante del país. La comunicación concluyó reiterando la importancia de que los altos mandos atiendan esta situación con prioridad absoluta.
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