El parlamentario Edwin Martínez ha interpuesto una demanda formal frente a la Junta Nacional de Justicia en contra del actual titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto. La solicitud exige la destitución inmediata del funcionario por la supuesta comisión de faltas graves en la gestión de la franja electoral. De acuerdo con la acusación, Corvetto habría permitido una administración deficiente de S/80 millones provenientes del erario público, los cuales debían emplearse exclusivamente en la difusión de propaganda política.
El documento legal sostiene que, en su calidad de jefe del organismo, Corvetto tenía la obligación técnica y legal de reglamentar y vigilar el destino de los fondos, tal como lo dispone el artículo 38 de la Ley de Organizaciones Políticas. No obstante, el denunciante afirma que el funcionario no previó salvaguardas suficientes para impedir el direccionamiento de recursos, los conflictos de interés y el malgasto de dinero hacia compañías o individuos estrechamente vinculados a las organizaciones políticas, tales como dirigentes, militantes y fundadores.
Uno de los puntos más críticos de la denuncia involucra a la agrupación política Ciudadanos por el Perú (CPP). A pesar de no contar con candidatos habilitados para participar en la contienda, dicha organización recibió una suma cercana a S/1 millón para su franja electoral. Ante este escenario, el congresista Martínez calificó el hecho como un
“derroche inaceptable de recursos públicos”
. El legislador hizo hincapié en que la ausencia de controles rigurosos en el reglamento firmado por el jefe de la ONPE facilitó que el financiamiento estatal se desviara hacia campañas carentes de sustento real.
Cuestionamientos a la gestión administrativa
La denuncia también pone énfasis en la persistencia del desembolso de fondos incluso después de que se detectaran diversas irregularidades. Según se lee en el petitorio formal:
“el jefe de la ONPE, pese a conocer los hechos, no rectificó oportunamente, continuando con el reparto de fondos públicos y convirtiéndose en cómplice de los malos manejos”
. El parlamentario Martínez fue enfático al señalar que la labor del máximo responsable de la entidad electoral no debe ser pasiva ni limitarse a lo administrativo, sino que debe velar de forma activa por el uso transparente de los bienes del Estado.
Asimismo, se argumenta que la responsabilidad de la ONPE en estos acontecimientos trasciende el ámbito administrativo, afectando de manera severa la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. Martínez sostiene que el debilitamiento de la credibilidad en la administración de los comicios pone en jaque la legitimidad de los futuros procesos electorales y la estabilidad del país. Al respecto, el documento añade:
“El jefe de ONPE actúa como custodio de los recursos públicos asignados para repartir a través de la franja electoral, asegurando su afectación al uso público, previniendo su uso indebido. No es un mero espectador o cajero electrónico como pretende excusarse”
.
Fallas en la tecnología de voto electrónico
Adicionalmente, la queja presentada ante la Junta Nacional de Justicia señala una presunta falta de diligencia en la ejecución de la Solución Tecnológica de Voto Digital (STVD). Se destaca que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máxima instancia electoral en el país, observó y rechazó la propuesta de voto electrónico impulsada bajo la gestión de Piero Corvetto.
El JNE determinó que dicha tecnología no cumple con los estándares mínimos de seguridad indispensables para asegurar la autenticidad de los sufragios y la transparencia de los resultados en las próximas Elecciones Generales de 2026. La denuncia concluye que esta ineficiencia tecnológica vulnera el derecho al voto de millones de ciudadanos, afectando tanto a los residentes en el territorio nacional como a los peruanos en el extranjero, al privarlos de una plataforma digital segura y confiable.
Fuente: Fuente