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Cárcel para dueño de agencia por estafar a viajeros a Latinoamérica

La Fiscalía de Almería ha solicitado formalmente una pena de cuatro años de prisión para el máximo responsable de la agencia ‘Viajes Alborán’. Al procesado se le acusa de haber orquestado una estafa que supera los 180.000 euros, afectando directamente a más de 60 clientes. Gran parte de los perjudicados descubrieron el engaño en el propio aeropuerto, al enterarse de que los pasajes pagados para volar a destinos como Ecuador, Colombia o Perú nunca fueron abonados por la empresa.

De acuerdo con el escrito de acusación provisional, estas prácticas irregulares se habrían repetido sistemáticamente desde inicios de 2023 hasta finales de 2024. El acusado captaba fondos por paquetes vacacionales y boletos aéreos que jamás llegaba a emitir, lo que resultó en decenas de familias impedidas de abordar sus vuelos al no figurar en los registros de pasajeros de las aerolíneas.

La cifra exacta del fraude establecida por la fiscalía asciende a 180.690,58 euros, perjudicando a un total de 64 personas. En el proceso, la empresa figura como presunta responsable civil subsidiaria. Se destaca que el imputado ya ha consignado 50.000 euros a favor de uno de los principales afectados, a quien presuntamente estafó cerca de 77.000 euros.

Este perjudicado en particular operaba como intermediario, contratando traslados para ciudadanos extranjeros a través de la agencia desde finales de 2023, lo que derivó en otros 21 usuarios afectados por esta vía. Debido al reembolso parcial realizado, el Ministerio Público aplica la atenuante de reparación del daño en este caso de estafa continuada. Asimismo, se ha exculpado a la hermana del acusado, inicialmente investigada, tras confirmarse que él figura como administrador único de la compañía desde agosto de 2024.

La agencia, fundada en 1993 y situada en la calle Reina Regente, cerca del puerto de Almería, se valía de la confianza histórica que los clientes tenían en su propietario, quien solía atender personalmente al público. El informe judicial subraya el «ánimo defraudatorio» del acusado, quien intentó simular una solvencia financiera inexistente para obtener un beneficio ilícito entre enero de 2023 y el cierre de 2024.

Vuelos truncados y estafas en rutas internacionales

La fiscalía ha detallado individualmente cada caso donde se recibieron pagos sin procesar la compra de los boletos. Existe un alto porcentaje de víctimas de origen extranjero que habían destinado sus ahorros para visitar sus países natales, especialmente durante la temporada de Navidad.

El documento judicial expone situaciones de grupos familiares que pagaron montos de hasta 5.000 euros para viajar a naciones como:

  • Ecuador
  • Colombia
  • Perú
  • Bolivia
  • Argentina
  • Venezuela
  • Panamá
  • Santo Domingo

Fuera de la región latinoamericana, se registraron casos de viajes fallidos a Rusia, Suecia y Senegal. En la mayoría de los incidentes, los pasajeros se enteraron de la estafa al intentar hacer el registro en el aeropuerto, donde les informaban que su reserva no existía. Algunos optaron por comprar un nuevo boleto en ese instante, mientras otros perdieron la posibilidad de viajar.

Además, figuran víctimas que no pudieron canjear viajes de regalo a Viena, tours por Egipto o Portugal, cruceros por el Mediterráneo y paquetes hacia La India o Dakar. También se reportaron fraudes en destinos nacionales dentro de España, incluyendo Madrid, Santiago de Compostela, Melilla y diversas localidades de Asturias y Cantabria.

Acciones administrativas y cierre definitivo

Como consecuencia de estas anomalías y la investigación de la Policía Nacional, la Junta de Andalucía gestionó la baja de ‘Viajes Alborán’ por «inactividad» tras su cierre repentino en noviembre de 2024. En aquellas fechas, numerosos clientes acudieron a la oficina buscando explicaciones sin éxito.

Paralelamente, la administración autonómica ha abierto un expediente sancionador contra la agencia, aunque este se encuentra suspendido temporalmente a la espera de una resolución en la vía penal. Las investigaciones policiales se activaron tras las denuncias de las víctimas, descritas mayoritariamente como «personas extranjeras de bajo poder adquisitivo». El fraude se hizo evidente cuando los afectados encontraron el local cerrado con un cartel de cese temporal y dejaron de recibir respuestas vía correo electrónico.

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