Este miércoles, el Tribunal Supremo ha oficializado una modificación en la composición de la sala encargada de juzgar al exministro José Luis Ábalos, a su anterior asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama. El proceso judicial, que investiga presuntas irregularidades vinculadas a la adquisición de mascarillas durante la crisis sanitaria, contará ahora con el magistrado Vicente Magro, quien entra en sustitución de Ana Ferrer bajo el argumento de «necesidades del servicio».
La resolución se ha dado a conocer a través de una providencia, remitida por Europa Press, en la cual se detalla que este relevo responde a causas organizativas internas. Según el documento judicial, el cambio se ejecuta
«atendidas las necesidades del servicio, documentalmente acreditadas en modo suficiente»
, subrayando que la incorporación de Magro obedece a que es «a quien por turno corresponde» ocupar la vacante dejada por Ferrer.
Composición definitiva del tribunal
Tras este ajuste, la configuración del tribunal que llevará adelante el caso queda establecida de la siguiente manera:
- Andrés Martínez Arrieta (Presidente de la Sala de lo Penal)
- Julián Sánchez Melgar
- Manuel Marchena
- Andrés Palomo
- Vicente Magro
- Eduardo de Porres
- Javier Hernández
Este anuncio se produce apenas 24 horas antes de la celebración de la audiencia preliminar programada por el Tribunal Supremo para este jueves. En dicha sesión, se espera la comparecencia de Ábalos, Koldo y Aldama para atender las alegaciones presentadas por sus respectivos equipos de defensa, como paso previo al juicio principal cuya fecha de inicio se proyecta para el mes de abril.
Acusaciones y solicitudes de condena
El instructor de la investigación, el magistrado Leopoldo Puente, dictaminó el procesamiento de los tres implicados al hallar indicios de que
«se concertaron»
con el objetivo de instrumentalizar la posición jerárquica y la «influencia» del entonces ministro. El fin último, según el auto, era «beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar de hacerlo valiéndose de dicha valiosa influencia».
Actualmente, tanto José Luis Ábalos como Koldo García permanecen en situación de prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre. El juez Puente determinó esta medida cautelar debido a un riesgo «extremo» de fuga, dada la cercanía del juicio y la gravedad de los hechos investigados.
En cuanto a las penas solicitadas, la Fiscalía requiere una condena de 24 años de cárcel para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y siete años para el empresario Víctor de Aldama. No obstante, la acusación popular, encabezada por el Partido Popular (PP), eleva las peticiones de castigo hasta los 30 años de prisión para el exministro y su exasesor, manteniendo la misma solicitud de siete años para Aldama.
El Ministerio Público y Anticorrupción imputan a Ábalos y García delitos que incluyen pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y aprovechamiento de información privilegiada. Por su parte, al empresario Aldama se le aplican los tres primeros cargos, beneficiándose de una atenuante por confesión.
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