La Cámara Federal de Casación Penal ha iniciado formalmente su intervención en el expediente judicial denominado causa Seguros. En esta instancia, la Sala IV del tribunal tendrá la responsabilidad de examinar el procesamiento del exjefe de Estado, Alberto Fernández, quien enfrenta cargos por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. El tribunal deberá analizar las decisiones previamente confirmadas por la Cámara Federal porteña y los diversos planteos de nulidad presentados por los abogados defensores, en un proceso que se encamina hacia un eventual juicio oral.
El núcleo de la investigación gira en torno al Decreto 823/2021, una normativa firmada por el entonces presidente Fernández que obligaba a todas las instituciones del sector público nacional a contratar sus servicios de seguro exclusivamente a través de la empresa estatal Nación Seguros S.A. De acuerdo con la hipótesis presentada por la fiscalía, este esquema fue presuntamente utilizado para desviar contratos hacia intermediarios específicos, conocidos como brokers, quienes habrían percibido comisiones millonarias de manera irregular.
La etapa de instrucción estuvo bajo la dirección del juez federal Sebastián Casanello, quien estuvo a cargo del Juzgado Federal N° 11, mientras que el fiscal federal Carlos Rívolo ha liderado la acusación en este caso de posible direccionamiento de contratos públicos.
Hitos judiciales y embargos millonarios
El pasado 10 de julio de 2025, el juez Casanello dictó el procesamiento de Alberto Fernández como supuesto autor del delito de negociaciones incompatibles. Junto con esta medida, se ordenó un embargo preventivo sobre sus bienes por un monto de $14.634.220.283,68. La resolución judicial también alcanzó a Héctor Martínez Sosa, corredor de seguros y amigo del exmandatario; a María Cantero, quien fuera secretaria privada en la presidencia; y a otros exfuncionarios vinculados a Nación Seguros.
Las investigaciones detallan que, desde el inicio de la gestión presidencial, Martínez Sosa habría logrado concentrar el 59,6% de las comisiones liquidadas por Nación Seguros S.A. a los intermediarios de pólizas estatales. Para los investigadores, este volumen de negocio está directamente relacionado con el vínculo personal y comercial que existía entre el empresario y el exjefe de Estado.
El 18 de noviembre de 2025, la Sala II de la Cámara Federal, compuesta por los magistrados Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun, ratificó los procesamientos. Los jueces señalaron que existen suficientes indicios que posicionan a Fernández con un “rol crucial” en el direccionamiento de las contrataciones en favor de ciertos actores del sector.
“Ya me ocupo”, respondió Fernández según un mensaje de texto que forma parte de la evidencia.
Dicho intercambio, fechado el 24 de mayo de 2023, muestra a María Cantero alertando al mandatario sobre la posible designación de otro intermediario en el área de Cancillería. Cinco días después de la respuesta de Fernández, la designación fue revocada. Para la justicia porteña, esta secuencia es una prueba de la participación directa en el conflicto de interés investigado.
Expansión de la causa y responsabilidad empresarial
Durante este mes, el juez Casanello amplió la investigación procesando a la firma Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A. como partícipe necesaria del delito, estimando que la empresa percibió cerca de $416.546.348,81 en comisiones. El magistrado enfatizó que la relación cercana entre la autoridad de la firma y el titular del Poder Ejecutivo Nacional representaba un alto riesgo institucional.
Además, el proceso avanzó sobre la responsabilidad penal empresaria, señalando a otras compañías por no implementar mecanismos de control o programas de integridad (compliance) adecuados. Entre las empresas mencionadas en el expediente se encuentran:
- Bachellier S.A.
- San Germán Seguros S.A.
- San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales
Tras la confirmación de estas medidas, las defensas intentaron llevar el caso ante la Cámara de Casación. Aunque la Sala II declaró inicialmente improcedentes los recursos por no ser una “resolución definitiva”, los abogados presentaron recursos de queja ante la Sala IV. Los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky serán ahora los encargados de decidir si revisan los fundamentos de los procesamientos.
Finalmente, se produjo un cambio en la gestión del juzgado instructor. Tras un sorteo realizado este miércoles, el juez federal Ariel Lijo fue designado para ocupar la vacante del Juzgado Federal N° 11. Lijo heredará el control de la causa Seguros, junto con otros expedientes de relevancia como “Andis”, “Guardapolvos” y casos derivados de “Cuadernos”, mientras se aguarda la resolución de la Casación Federal.
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