La situación judicial del expresidente de la Nación, Alberto Fernández, se complica tras el reciente pronunciamiento del fiscal federal Ramiro González. En un dictamen contundente, el funcionario del Ministerio Público se opuso formalmente al pedido de la defensa para declarar la nulidad de la investigación por violencia de género impulsada por Fabiola Yañez. Con el expediente prácticamente listo para su elevación a juicio oral, la decisión final ahora recae sobre el juez Daniel Rafecas.
La estrategia de la defensa bajo cuestionamiento
El equipo legal del exmandatario basó su reclamo en la actuación del juez Julián Ercolini, quien inicialmente lideró la causa antes de ser apartado del caso debido a sus públicas diferencias personales con el imputado. Los abogados de Fernández pretendían que todo lo actuado bajo la dirección de Ercolini fuera invalidado. Sin embargo, en un documento de 17 páginas, el fiscal González desestimó cada uno de los puntos planteados por la defensa, instando a que el proceso siga su curso hacia el debate oral.
La Fiscalía argumentó que, al momento de separar a Ercolini, la Cámara Federal de Casación Penal fue explícita al señalar que el desplazamiento se realizaba únicamente para evitar cualquier “temor de parcialidad”. No obstante, el fallo aclaraba taxativamente que esto se hacía
“sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”
.
En consecuencia, Ramiro González ratificó la validez jurídica de las siguientes actuaciones:
- Las declaraciones testimoniales recolectadas hasta la fecha.
- Los procedimientos de allanamiento realizados.
- El procesamiento dictado contra el expresidente.
Para el fiscal, no se ha logrado demostrar que existiera un perjuicio real o una conducta inapropiada por parte del magistrado original que amerite borrar lo investigado.
Cambios en el entorno de Fabiola Yañez
En el marco de este proceso, la querellante Fabiola Yañez ha realizado cambios significativos en su representación legal. Tras haber sido asesorada inicialmente por Mauricio D’Alessandro, la ex primera dama ahora es representada por la abogada Marcela De Leonardis. Este cambio parece haber coincidido con un matiz en la relación entre las partes.
Aunque Yañez mantiene su denuncia contra el padre de su hijo, fuentes cercanas al entorno de ambos han sugerido que el diálogo ha mejorado en los últimos meses. No obstante, especialistas judiciales advierten que, incluso si existiera un acuerdo privado, la acusación pública podría seguir adelante con el impulso del fiscal para llevar a Alberto Fernández al banquillo de los acusados.
La comparación literaria con Franz Kafka
El expresidente presentó en octubre pasado un escrito de 187 páginas para solicitar que la causa regresara a foja cero. En dicho documento, Fernández incluyó una misiva dirigida al juez Rafecas donde comparaba su proceso judicial con la trama de la novela El Proceso de Franz Kafka, identificándose con el personaje de Josef K.
“Ahora me toca a mí. Al igual que en la novela, otro “K.” que soporta cargos por hechos que jamás ha cometido y cuyo derecho a defenderse le ha sido hasta aquí sistemáticamente negado”
La respuesta del fiscal González ante esta analogía fue tajante, calificándola como un intento de protagonismo. Según el dictamen, Fernández muestra una “seria desconexión con la realidad” pese a sus esfuerzos literarios. El fiscal enfatizó que es el propio Fernández quien es investigado por haber atormentado, golpeado, lastimado y amenazado a quien fuera su pareja sentimental.
La controversia sobre los chats y la prueba
Otro punto de conflicto central, liderado por la abogada defensora Silvina Carreira, es la procedencia de la evidencia digital. La defensa cuestiona la legalidad de los mensajes extraídos del teléfono de María Cantero, exsecretaria privada de la Presidencia.
Dichos chats, que revelaron las primeras pruebas de agresiones contra Fabiola Yañez, fueron hallados accidentalmente durante los peritajes de otra causa judicial denominada “causa Seguros”. La defensa sostiene que el juez Ercolini no limitó la búsqueda de información, lo que constituiría una violación a la intimidad y al debido proceso, calificando el hallazgo como una “excursión de pesca” bajo la teoría del “fruto del árbol envenenado”.
Ante estos cuestionamientos, la Fiscalía respondió lo siguiente:
- El juez Rafecas no tiene competencia para revisar decisiones tomadas por otro juzgado en un expediente diferente.
- Cualquier impugnación sobre la pericia del teléfono de Cantero debió presentarse ante el juzgado de Ercolini.
- Anular el proceso implicaría una revictimización inaceptable para la denunciante y violaría el principio de acceso a una justicia rápida.
Con todos estos elementos sobre la mesa, el fiscal González ha solicitado formalmente el rechazo de las nulidades, dejando el futuro procesal de Alberto Fernández en manos de la resolución definitiva que emita el juez Daniel Rafecas.
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