El mandatario de Colombia, Gustavo Petro, ha presentado un requerimiento formal ante la Corte Constitucional con el fin de que se levante la suspensión temporal que pesa sobre el decreto de emergencia económica y social. Esta medida busca habilitar los mecanismos necesarios para enfrentar situaciones de urgencia no previstas, tales como las severas inundaciones que actualmente golpean a 140.000 damnificados en la región de Córdoba.
Crisis de financiamiento y presupuesto
En el marco de un reciente Consejo de Ministros, el jefe de Estado manifestó su inquietud ante la carencia de fondos estatales. Según el presidente, la falta de liquidez es consecuencia directa de las decisiones tomadas en el Poder Legislativo:
«El problema es que no tenemos plata porque el Congreso quitó la Ley de Financiamiento»
. El objetivo financiero del Gobierno consistía en captar una suma aproximada de 16.300 millones de pesos (cerca de 3.700 millones de euros), recursos indispensables para cerrar el presupuesto proyectado para el año 2026.
Críticas a la Corte y al sector extractivo
El presidente Petro cuestionó la imposibilidad del país para gestionar contingencias inmediatas y responsabilizó a la Corte Constitucional por haber invalidado la mitad de la reforma tributaria de 2022. Bajo su criterio, dicha resolución se emitió
«para salvar las utilidades [beneficios] de carboneros y petroleros, exclusivamente. Y después vino el Congreso y tumbó la primera y la segunda Ley de Financiamiento»
.
Frente al actual escenario jurídico, el Ejecutivo colombiano evalúa alternativas legales para garantizar el flujo de recursos corrientes. De acuerdo con lo expuesto por el viceministro técnico de Hacienda, Leonardo Pazos, a finales del mes de enero, la administración central contempla el diseño y presentación de nuevas leyes ordinarias tributarias para sortear las limitaciones presupuestarias vigentes.
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