La propuesta del Gobierno de Daniel Noboa de reformar la manera en que los gobiernos seccionales deben ocupar sus recursos, y que ha sido admitida por la Asamblea con carácter urgente, ha generado rechazo y preocupación en algunas administraciones locales.
Municipios y prefecturas donde gobierna el correísmo o partidos distintos al oficialismo, así como organizaciones, han mostrado crítica al planteamiento del Ejecutivo de bajar las asignaciones a los gobiernos locales si estos no destinan al menos el 70% de su presupuesto a inversión pública.
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Una de las autoridades que se ha opuesto a la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) es la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, quien insistió en una entrevista en el programa De Lunes a Lunes de Teleamazonas, el 9 de febrero de 2026, en que este planteamiento es «inconstitucional».
Según Pabón la reforma vulnera la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos subnacionales que se reconoce en la Constitución de 2008.
«Si se coloca una regla rígida como la que se está buscando, con sanción a los gobierno subnacionales, estaríamos incumplendo la autonomía administrativa y financiera», afirmó.
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Pabón cuestionó que, a su criterio y de ser aplicada la reforma, las transferencias por parte del Gobierno central a los gobiernos seccionales no serían previsibles.
«Si esa cifra se va a mover, porque va a ver una revisión constante de finanzas, no puede haber una planificación», expresó la perfecta de Pichincha.
Pabón sugirió que habría una «trampa» en la reforma impulsada desde la administración de Daniel Noboa, pues según la prefecta, se plantearía que algunos gastos de inversión, como los relacionados a la planificación o a la mano de obra, sean incluidos en gastos corrientes.
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«Todos los proyectos sociales, las escuelas deportivas, los centros Warmi, los centros de salud van a tener que cerrar, porque este personal siempre ha sido un personal de inversión», argumentó la prefecta de Pichincha.
Al ser cuestionada sobre el mural realizado por el Bicentenario de la Batalla de Pichincha, que le costó USD 480.000 a la Prefectura, enfatizó en que los gobiernos seccionales deben hacer políticas enfocadas a la cultura y sugirió, con sarcasmo, que se incluya un artículo para prohibir también las fiestas.
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