La organización no gubernamental Acceso a la Justicia ha manifestado su preocupación ante las graves deficiencias técnicas y jurídicas presentes en la propuesta de ley de amnistía destinada a presos políticos. Este proyecto, que el Parlamento dominado por el oficialismo busca ratificar durante la presente semana, surge tras la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos. No obstante, la organización advierte que el documento contiene
“contradicciones fundamentales”
que amenazan con invalidar el impacto real de la medida.
Dentro de los cuestionamientos más relevantes, la ONG resalta que el borrador califica como “extremismo” a las acciones de los sujetos que podrían recibir el beneficio. Esta terminología implica un juicio de valor previo y asume una responsabilidad penal antes de cualquier análisis jurídico. Paralelamente, se introduce la noción de “clemencia soberana”, un término que, según el análisis de la entidad,
“implica la existencia previa de responsabilidad o culpa”
, lo cual desvirtúa el propósito original de una amnistía al prejuzgar a los beneficiarios.
Conflictos de interés en la ejecución
Un punto crítico destacado por Acceso a la Justicia es el denominado “claro conflicto de intereses” en la aplicación de la normativa. El texto delega la ejecución del proceso a los mismos tribunales y a la Fiscalía que han sido vinculados por la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU con actos de “represión masiva e indiscriminada”. Existe una profunda desconfianza sobre la imparcialidad de estos organismos judiciales, ya que las mismas instituciones acusadas de vulnerar derechos humanos serían ahora las encargadas de definir quién califica para la libertad.
La propuesta legislativa también presenta vacíos en cuanto al derecho a la defensa. El borrador actual no otorga facultades a los familiares, abogados particulares u organizaciones civiles para representar a los posibles beneficiados, restringiendo drásticamente el acompañamiento legal necesario. Asimismo, se critica la falta de claridad sobre el destino procesal de aquellos individuos cuyos casos sean rechazados por los magistrados, dejando a estas personas en un estado de incertidumbre jurídica total.
Exclusiones y el uso del cargo de magnicidio
El marco legal establece una lista de delitos excluidos que podría dejar fuera a una cantidad considerable de detenidos políticos. No podrán acceder a la amnistía quienes enfrenten cargos por violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, narcotráfico (con penas mínimas mayores a nueve años) y delitos contra el patrimonio público. La ONG advierte que el cargo de magnicidio, utilizado frecuentemente contra militares activos y retirados, se incluye bajo la categoría de homicidio. Al respecto, la organización enfatiza que
“no puede hablarse de magnicidio cuando no se ha producido la muerte de la presunta víctima”
, señalando que muchas de estas acusaciones son invenciones para perseguir a la disidencia.
Ante esta situación, Acceso a la Justicia ha hecho un llamado urgente para que la implementación de esta ley sea “justa, garantista y transparente”. El objetivo debe ser alcanzar la libertad plena de todos aquellos que han sufrido persecución política desde el año 1999 hasta el proyectado 30 de enero de 2026. La desconfianza hacia las instituciones actuales persiste, dado su historial de uso como herramientas coercitivas bajo el régimen actual.
Finalmente, este proyecto se presenta bajo la narrativa de un “nuevo momento político” promovido por Delcy Rodríguez tras los eventos que involucran a Maduro. Si bien se han reportado excarcelaciones selectivas, diversos defensores de derechos humanos alertan que estas acciones podrían ser una táctica de legitimación internacional en lugar de representar un cambio genuino en el sistema de represión oficialista.
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