En una decisión trascendental para la política migratoria, un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ha otorgado este lunes luz verde a la administración liderada por Donald Trump para avanzar en la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS). Esta medida impacta directamente a más de 60.000 migrantes originarios de Honduras, Nepal y Nicaragua, quienes hasta ahora contaban con un amparo legal para evitar ser deportados.
Un panel integrado por tres magistrados del Noveno Circuito, con base en San Francisco, California, determinó suspender un fallo previo de una instancia judicial inferior. Dicha resolución previa había frenado la orden emitida por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien determinó la cancelación de estas protecciones para los ciudadanos de las tres naciones mencionadas.
Fundamentos legales del fallo
De acuerdo con el documento oficial de la sentencia, los jueces argumentaron que es altamente viable que el Gobierno estadounidense logre demostrar que el tribunal de distrito que bloqueó inicialmente la medida «carecía de jurisdicción». Asimismo, el fallo sostiene que la funcionaria Kristi Noem «presentó razones aparentemente legítimas de por qué estaba justificado cancelar el TPS para cada país».
El tribunal que tomó esta determinación estuvo conformado por los jueces Michael Hawkins (nombrado por el expresidente demócrata Bill Clinton), Consuelo Callahan (designada por el republicano George W. Bush) y Eric Miller (elegido por el actual mandatario Donald Trump). Los magistrados admitieron que su análisis estuvo marcado por precedentes del Tribunal Supremo, el cual ya había suspendido órdenes similares que intentaban impedir que el Departamento de Seguridad Nacional eliminara el TPS para ciudadanos de Venezuela.
Impacto humanitario y argumentos en disputa
«El Gobierno afirma que, de no obtener una suspensión, sufrirá perjuicios al no poder implementar su política migratoria preferida (…). Por otro lado, los demandantes afirman que la terminación de su estatus podría exponerlos al riesgo de deportación, pérdida de empleo o beneficios médicos, y separación familiar», detallaron los jueces en el escrito.
Bajo este escenario, el tribunal reconoció la necesidad de «evaluar y sopesar» los posibles daños alegados por el Ejecutivo. No obstante, recalcaron que el Tribunal Supremo ya ha bloqueado en dos ocasiones previas las decisiones de tribunales de distrito que intentaron proteger el TPS para venezolanos, a pesar de que tales fallos «no contenían ningún razonamiento, por lo que no informan (su) análisis de las cuestiones jurídicas de este caso, y las cuestiones, en cualquier caso, no son idénticas».
Consecuencias inmediatas para los beneficiarios
La resolución judicial concluye de forma tajante: «Por las razones expuestas, la orden del tribunal de distrito que anula el fin del TPS para Nepal, Honduras y Nicaragua queda suspendida en espera de la apelación». Con este dictamen, la balanza judicial se inclina hacia el objetivo de la administración de Donald Trump, la cual busca retirar el amparo a aproximadamente 50.000 hondureños, 7.000 nepalíes y 3.000 nicaragüenses, facilitando así el camino hacia posibles deportaciones.
Este avance judicial se alinea con la agenda migratoria de Donald Trump en su segundo mandato en la Casa Blanca. El plan gubernamental pretende excluir a más de un millón de personas, provenientes de ocho países distintos, de este programa que por décadas ha permitido trabajar y residir legalmente en Estados Unidos. El TPS ha sido vital para quienes huyen de conflictos armados, desastres naturales o catástrofes extremas, y debido a la inestabilidad persistente en sus países de origen, sus beneficios se habían renovado de forma recurrente durante años.
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