Un bloque conformado por ocho naciones árabes y musulmanas, entre las que destacan Arabia Saudí, Qatar y Egipto, manifestó este lunes su enérgico rechazo a la decisión calificada como «ilegal» por parte del Gobierno de Israel de reestructurar la gestión administrativa en la Cisjordania ocupada. Estas medidas buscan ampliar las facultades para autorizar la edificación de asentamientos, la confiscación de terrenos y la toma de control sobre el mantenimiento de recintos religiosos.
El pronunciamiento oficial, que cuenta con el respaldo de Arabia Saudí, Jordania, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar, Indonesia, Pakistán, Egipto y Turquía, señala lo siguiente:
«condena en los términos más firmes las decisiones ilegales y las medidas de Israel destinadas a imponer una soberanía israelí ilegal, ahondar la actividad en los asentamientos y aplicar una nueva realidad legal y administrativa en la Cisjordania ocupada».
Denuncia de anexión y desplazamiento
Los países firmantes sostuvieron que el propósito detrás de estas acciones es «acelerar los intentos de anexión ilegal y el desplazamiento del pueblo palestino». Asimismo, a través de una nota difundida por el Ministerio de Exteriores saudí en plataformas digitales, subrayaron de forma contundente que «Israel no tiene soberanía en los territorios palestinos ocupados».
En este contexto, las naciones advirtieron sobre los riesgos de las estrategias expansionistas implementadas por el Ejecutivo israelí en Cisjordania, alertando que estas acciones solo consiguen incrementar la violencia y el estado de conflictividad en la región. Reiteraron su rechazo absoluto a estas maniobras, las cuales consideran una «violación flagrante del Derecho Internacional» que atenta contra la viabilidad de la solución de dos Estados.
Invalidez jurídica según resoluciones de la ONU
Las delegaciones diplomáticas insistieron en que el accionar de Israel carece de validez legal y es considerado «nulo», puesto que representa una transgresión directa a las disposiciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Dichas resoluciones internacionales:
- Condenan cualquier medida que busque modificar la composición demográfica del territorio.
- Rechazan alteraciones al carácter y estatus de las tierras palestinas bajo ocupación desde 1967.
- Exigen el cese de la ocupación y la nulidad de cualquier intento de anexión.
Por otro lado, hicieron un llamado urgente a la comunidad internacional para que asuma sus deberes éticos y legales, presionando a Israel para que detenga esta escalada de tensión y cese las declaraciones incendiarias emitidas por sus funcionarios públicos.
El camino hacia la estabilidad regional
Para los ocho Estados, el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino a la autodeterminación y la consolidación de un Estado propio es el único mecanismo posible para alcanzar una estabilidad duradera. Según el texto:
«La materialización de los derechos legítimos del pueblo palestino a la autodeterminación y a contar con un Estado, a partir de la solución de dos Estados (…) sigue siendo el único camino para lograr una paz justa y exhaustiva que garantice seguridad y estabilidad en la región».
Detalles de la reforma israelí
La nueva normativa, ratificada por el gabinete de seguridad israelí, fue presentada por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el ministro de Defensa, Israel Katz, como un cambio «dramático» en la gestión de la zona. Entre los puntos más críticos se encuentra la asunción de competencias sobre licencias y territorio en la ciudad de Hebrón. Esto rompe con el esquema de 1997, que exigía el consentimiento mutuo de las autoridades palestinas e israelíes para cualquier nueva obra.
Smotrich y Katz argumentaron que la finalidad es «eliminar barreras vigentes desde hace décadas, derogar una legislación jordana discriminatoria y facilitar el desarrollo acelerado de asentamiento». Prometieron, además, otorgar seguridad jurídica y civil para que los colonos puedan desarrollarse en igualdad de condiciones con el resto de la población israelí.
Modificaciones en registros y seguridad
El plan gubernamental también contempla:
- La apertura de los registros de tierras en Cisjordania, permitiendo que la información sobre propietarios, antes reservada, sea pública para facilitar ofertas de compra.
- La derogación de normas del periodo jordano que restringían la compra de tierras a ciudadanos no musulmanes.
- La creación de una entidad municipal para la gestión de la Tumba de Raquel en Belén.
- La extensión de facultades de seguridad en las zonas A y B (establecidas originalmente bajo control civil palestino o mixto por los Acuerdos de Oslo) en temas de medio ambiente, arqueología y recursos hídricos.
Estas reformas han provocado una reacción de rechazo total por parte de la Autoridad Palestina y el grupo Hamás, quienes ven en ellas un desmantelamiento de los acuerdos de paz previos.
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