La grave crisis humanitaria y ambiental provocada por las inundaciones en el departamento de Córdoba ha alcanzado una nueva dimensión política este fin de semana. El gobernador Erasmo Zuleta Bechara dirigió una petición formal al presidente Gustavo Petro para trasladar el Consejo de Ministros directamente a la región afectada, con el objetivo de gestionar soluciones inmediatas desde el epicentro del desastre.
A través de la plataforma social X, el jefe del ejecutivo regional detalló la magnitud de la catástrofe y subrayó la importancia de contar con el respaldo permanente del Gobierno nacional para mitigar los daños sufridos por la población.
“Presidente Petro, le propongo que el próximo Consejo de Ministros se realice en Córdoba. Que las decisiones que exige esta emergencia se tomen desde el territorio, con nuestra gente y con información en tiempo real”
escribió de forma enfática Zuleta Bechara. El mandatario departamental dio a conocer que la cifra de damnificados es alarmante: más de 120.000 ciudadanos lo han perdido todo, mientras que 24 de los 30 municipios de la jurisdicción se encuentran bajo el agua. Ante este panorama, exigió la asignación de recursos urgentes y la implementación de una estrategia de reparación y reactivación económica.
Un desastre natural sin precedentes en la región
El gobernador Zuleta ha profundizado en sus declaraciones ante la prensa, advirtiendo que Córdoba enfrenta una de las etapas más críticas de su historia contemporánea. Explicó que las precipitaciones, atípicas para esta época del año, han generado el desbordamiento de varios afluentes, golpeando simultáneamente los sectores norte y sur del territorio.
Los reportes oficiales indican que el 80% de la superficie departamental presenta daños significativos, con al menos diez municipios en una situación de extrema vulnerabilidad. Las acciones de socorro están siendo centralizadas a través del Puesto de Mando Unificado (PMU).
“La situación que hoy vive el departamento de Córdoba es un hecho sin precedentes en la historia, no tenemos reportes de un hecho de tal magnitud”
señaló el gobernador en declaraciones para medios internacionales.
Cierre de centros educativos por calamidad
Una de las medidas de mayor impacto adoptadas por la administración departamental ha sido la suspensión total de las actividades escolares en 27 municipios no certificados. Esta disposición tiene vigencia desde este lunes 9 de febrero hasta el próximo viernes 13 de febrero.
Dicha resolución, emitida el 8 de febrero, actualiza una normativa previa del 4 de febrero para ampliar la cobertura de la suspensión, dado que la emergencia ha rebasado las previsiones iniciales. El mandatario justificó la medida basándose en el estado de calamidad que atraviesa la comunidad educativa en general.
“Nuestra gente está viviendo una situación de calamidad y tenemos a profes, estudiantes y personal administrativo damnificados”
indicó Zuleta, priorizando la integridad de los menores y del personal docente.
Infraestructura y movilidad en estado crítico
Los balances diarios del PMU revelan que las corrientes de agua han deteriorado gravemente la infraestructura física de múltiples colegios, así como las redes viales tanto rurales como urbanas. Estas condiciones impiden el tránsito seguro de las comunidades y han aislado a diversos sectores. La Gobernación ha sido clara al manifestar que el retorno a las aulas solo se permitirá una vez que se verifiquen condiciones de seguridad óptimas para todos.
Parálisis económica y sectores productivos golpeados
Más allá de la asistencia humanitaria de corto plazo, el gobernador alertó sobre el profundo daño en la base productiva del departamento. La emergencia ha impactado áreas clave como:
- Sector agroindustrial y agrícola.
- Actividades pecuarias y pesqueras.
- El sector turístico y minero-energético.
- El comercio formal e informal en todo el departamento.
El mandatario insistió en que la recuperación integral de las familias que dependen del campo y la pesca requiere un plan de acción estructural que supere la entrega de ayudas básicas.
Acciones anunciadas por el Gobierno Nacional
En respuesta a la crisis, el presidente Gustavo Petro anunció el pasado 6 de febrero que se declarará un nuevo estado de emergencia económica, social y ambiental en la zona, medida que podría alcanzar a otras regiones del país.
Según los datos oficiales del Gobierno, la temporada de lluvias ha dejado un saldo lamentable de 14 fallecidos y cerca de 9.000 viviendas destruidas entre los departamentos de Córdoba y Sucre. Petro también anticipó que el Ejército intervendrá para demoler diques artificiales que obstruyen el flujo hídrico y trabajará en la restauración de ciénagas y canales naturales.
Anomalía climática bajo vigilancia
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) precisó que estas lluvias intensas derivan de frentes fríos del hemisferio norte, lo cual representa un comportamiento meteorológico inusual en lo que debería ser una temporada seca. Por su parte, el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, ratificó que se trata de un fenómeno atípico que ha sorprendido por su intensidad.
Finalmente, se ha activado una red de solidaridad nacional. En ciudades como Medellín se han establecido centros de acopio para recolectar donaciones destinadas a las víctimas de Córdoba y el Urabá antioqueño, mientras el gobernador continúa haciendo llamados a la cooperación internacional y al sector privado para afrontar la reconstrucción.
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