El jefe de Estado de Colombia, Gustavo Petro, ha solicitado formalmente este sábado que se inicie una investigación profunda sobre el origen de las graves inundaciones que golpean actualmente a los departamentos de Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar. El mandatario ha centrado sus críticas en la gestión de las compañías hidroeléctricas, a las cuales responsabiliza de haber cometido lo que describió como un «delito ambiental» en el norte y noroeste de la nación.
Críticas a la gestión de embalses
A través de sus canales oficiales, el presidente cuestionó la narrativa del sector energético frente a la realidad de los embalses.
«De lo que la prensa no habla: las represas estaban súper llenas, (las compañías) Urrá irregularmente e Hidroituango y las demás, al límite, cuando nos decían que había escasez de gas»
, afirmó Petro, lamentando que, a pesar de existir una abundancia de recursos hídricos, estos se estén liberando de forma «gratuitamente de manera exageradamente dañina».
El gobernante continuó exponiendo datos técnicos sobre la magnitud del vertido de agua, indicando que las represas «botan más de 2.500 toneladas de agua por segundo». En sus mensajes, el mandatario planteó interrogantes sobre el impacto de estas decisiones:
«¿Saben cuántas perdidas de vida y bienes perdió Colombia? ¿Saben cuánta energía potencial perdió el país cada segundo en Urrá?»
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Acusaciones de lucro y omisión gremial
El presidente reprochó severamente a las empresas señaladas por no utilizar el agua acumulada para sustituir fuentes de energía de alto costo, como el gas, al cual calificó de «carísimo». Según Petro, el recurso fue arrojado deliberadamente «en forma de agua torrentosa sobre las casas de los campesinos y las ciudades» con el fin de proteger las «exageradas utilidades» de las compañías generadoras. Ante esta situación, el Ejecutivo ha exigido que la asociación de generadores de energía se pronuncie de manera inmediata.
En un tono crítico hacia el cabildeo del sector, Petro sentenció:
«Eficaz el gremio de los generadores para tumbar decretos en la Corte Constitucional para que no le suban impuestos y silencio cuando la codicia de sus asociados ha hecho perder vidas y profundizado un desastre nacional. Lo que vemos en el Caribe es un delito ambiental»
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Crisis humanitaria y estado de emergencia
El balance de la tragedia proporcionado por el mandatario incluye la muerte de 14 personas debido a la combinación de una ola de frío ártico y lluvias sin precedentes. Ante la magnitud de la emergencia, el presidente solicitó a la Corte Constitucional que revoque la suspensión del decreto de emergencia económica, argumentando que es una herramienta indispensable para enfrentar el desastre y mitigar sus consecuencias.
Para concluir, el presidente colombiano reiteró sus señalamientos contra la «codicia» en el manejo de los embalses, afirmando que la operatividad de las hidroeléctricas y termoeléctricas ha estado supeditada al beneficio de «unos terratenientes con influencia en las cortes», en lugar de priorizar la seguridad de la ciudadanía.
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