La situación del teniente coronel (Ej) Juan Antonio Hurtado Campos se ha convertido en un emblema de la desaparición forzada de militares en Venezuela, exponiendo una realidad de presuntos crímenes de lesa humanidad. Tras ocho años de incertidumbre y ante la nula respuesta de las instituciones, su familia enfrenta un escenario contradictorio: el ministro de la Defensa incluyó su nombre en una nómina de 33 oficiales expulsados y degradados de la FANB en 2024, aunque oficialmente nadie admite conocer su paradero actual.
De acuerdo con el testimonio de su hermana, Dora Hurtado, el oficial se encontraba disfrutando de sus vacaciones cuando ocurrió el atentado fallido contra Nicolás Maduro, el 4 de agosto de 2018, evento denominado técnicamente como el Caso Drones. Semanas antes del incidente, el militar había cumplido con una comisión oficial en Rusia.
El quiebre definitivo ocurrió el 4 de septiembre de 2018. Al intentar retomar sus labores habituales en el Palacio de Miraflores, fue arrestado por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Desde ese instante, sus allegados perdieron cualquier forma de comunicación con él.
Ante la falta de noticias, su madre, Juana Campos, se presentó en la sede presidencial para interpelar al superior de su hijo. Allí fue atendida por el coronel (Ej) Rubén Coronel, quien vestía de civil. El oficial le manifestó que no poseía ningún tipo de información relativa al paradero de Hurtado.
Durante esa interacción, se le sugirió a la madre que desistiera de buscar información en otras entidades estatales, bajo el argumento de que la respuesta sería idéntica en todo el sistema. No obstante, los familiares acudieron al Ministerio Público, a la Fiscalía General Militar y al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), sin obtener resultados favorables.
La búsqueda se extendió a los principales recintos carcelarios del país. Visitaron El Helicoide, el centro penitenciario El Rodeo I y la cárcel militar de Ramo Verde, pero en todas estas locaciones se les negó que el oficial estuviera bajo custodia.
Posteriormente, Dora Hurtado logró identificar un registro en la Unidad Receptora de Documentos (URD), correspondiente al ingreso de escritos judiciales. El expediente figuraba como:
“Tribunal 36 de Control Solicitud, 10 de julio 2019, 1111-19 Nr. AP 02O219000063”
. Sin embargo, al acudir al Palacio de Justicia para dar seguimiento, el personal administrativo aseguró que no existía registro alguno sobre dicho caso.
El silencio administrativo se mantuvo hasta enero de 2024. En esa fecha, el GJ (Ej) Vladimir Padrino López hizo pública la degradación de 33 uniformados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Para asombro de su entorno, el teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos ocupaba el séptimo lugar de dicha lista.
A pesar de esta mención oficial que confirma que el Estado lo tiene registrado, la familia sigue sin obtener una prueba de vida o datos sobre su estado de salud.
“Desde ese enero tenemos fe que Juan Antonio está vivo y por ello alzamos la voz con la esperanza de la libertad plena de mi hermano y todos los presos políticos”
, sentenció su hermana.
Las revelaciones del sargento Graterol
Informes sobre lo ocurrido dentro del Palacio de Miraflores apuntan a que la detención fue ejecutada por una unidad bajo el mando del entonces teniente coronel Alexander Enrique Granko Arteaga, quien lideraba la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la DGCIM.
Esta versión ha sido ratificada por el sargento primero (Ej) Gustavo Enrique Graterol Torrealba, quien formó parte de la seguridad de Nicolás Maduro en la Guardia de Honor Presidencial (GHP) durante casi una década.
Graterol sostiene que fue testigo presencial del arresto arbitrario ocurrido aquel 4 de septiembre de 2018. Según su relato, la comisión liderada por Granko irrumpió en las instalaciones y se llevó al oficial, de quien no se volvió a tener rastro.
El sargento también vinculó a Hurtado Campos, especialista en armamento, con el exinspector Óscar Alberto Pérez, quien pereció en la Masacre del Junquito el 15 de enero de 2018. Según Graterol, Hurtado gestionaba un inventario de más de 500 armas, incluyendo sistemas de misiles y tecnología antidrones, que supuestamente pretendía suministrar a la resistencia liderada por Pérez.
En este entramado también habría participado el primer teniente José David Coronado, quien servía de puente entre ambos líderes. Graterol indica que una presunta delación de Coronado fue lo que activó el operativo de contrainteligencia.
Tras presenciar estos eventos, Graterol gestionó su salida de la Guardia de Honor y finalmente desertó de la FANB el 17 de junio de 2018, buscando evitar represalias por su conocimiento del caso.
Atención de organismos internacionales
La Organización de las Naciones Unidas ha documentado el caso. En julio de 2023, la oficina de Volker Türk (ACNUDH) manifestó su preocupación por el estancamiento de las investigaciones sobre la desaparición de Hurtado Campos y de Hugo Henrique Marino Salas.
Este señalamiento da continuidad a lo expuesto en 2021 por Michelle Bachelet, quien en su rol de Alta Comisionada ya había denunciado que ambos ciudadanos permanecían en condición de paradero desconocido ante la mirada internacional.
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