El proceso judicial en torno a Conexión Ganadera, firma responsable de uno de los fraudes financieros más voluminosos en la historia de Uruguay, se prolongará en los tribunales penales al menos hasta el mes de julio de 2027.
Esta determinación se tomó durante una comparecencia judicial reciente, en la cual se discutió la continuidad de las medidas restrictivas para los principales señalados en la causa: el directivo Pablo Carrasco, su cónyuge Ana Iewdiukow, y Daniela Cabral, quien es la viuda del fallecido socio de la empresa, Gustavo Basso.
El expediente ha estado bajo escrutinio judicial desde hace aproximadamente un año. La compañía, que inició sus operaciones en el año 1999, basaba su modelo de negocio en la adquisición de ganado utilizando los ahorros captados de inversores particulares. A estos se les prometía un rendimiento fijo anual de, como mínimo, el 7%, una cifra inusualmente estable para un sector tan volátil. Sin embargo, las indagaciones determinaron que la organización operaba bajo un esquema Ponzi, utilizando el capital de los nuevos aportantes para sufragar los intereses de los clientes antiguos.
El colapso se hizo público hace cerca de doce meses, cuando Pablo Carrasco admitió a través de una transmisión digital que la firma enfrentaba un déficit financiero de USD 230 millones y carecía de los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones ante los inversores.
La caída estrepitosa de la empresa coincidió con una etapa de inestabilidad en el mercado agropecuario uruguayo, marcada por problemas similares en firmas competidoras como Grupo Larrarte y República Ganadera, lo que detonó una crisis de confianza general en el sector.
Tragedia y revelaciones
Un punto de inflexión en esta trama ocurrió el 28 de noviembre de 2024. En esa fecha, el entorno rural uruguayo se estremeció tras el fallecimiento de Gustavo Basso, figura relevante de los negocios del campo y codirector de la empresa. Aunque inicialmente se reportó como un siniestro vial, las investigaciones posteriores confirmaron que Basso impactó de forma deliberada su vehículo contra maquinaria de vialidad con el fin de quitarse la vida.
Tras el reconocimiento de la quiebra, se activaron múltiples querellas legales. En el plano penal, tanto Carrasco como Iewdiukow enfrentan cargos por estafa y blanqueo de capitales, por lo que permanecen bajo prisión preventiva en un centro penitenciario. Por su parte, Daniela Cabral, procesada únicamente por estafa, ha sido beneficiada con la prisión domiciliaria en un exclusivo departamento situado en Punta del Este, una situación que ha despertado profunda indignación entre las víctimas del fraude.
Polémica por el lugar de reclusión
Desde el inicio de su procesamiento, Daniela Cabral ha residido en el edificio Imperiale, un complejo de alta gama ubicado frente a la playa Mansa. Durante la audiencia del pasado miércoles, el tema central de debate fue precisamente el domicilio donde la viuda de Basso cumple su condena cautelar.
En un momento del procedimiento, los representantes legales de Cabral sorprendieron con una declaración:
“Nuestra clienta ha decidido modificar su domicilio”
. El jurista Pablo Donnángelo explicó que se trataba de una resolución personal motivada por aspectos humanos, aunque solicitó que el nuevo paradero se mantuviera bajo reserva. El argumento de la defensa fue evitar un “ambiente de extrema hostilidad” por parte de ciertos actores del proceso.
La propuesta generó sospechas entre los numerosos abogados presentes. Según trascendió, uno de los litigantes sugirió que la intención de mudarse se debía simplemente a que ya había “terminado la temporada estival” en el balneario. Por otro lado, el abogado Juan Pablo Decia, representante de algunos damnificados, cuestionó el destino de la imputada:
“Infiero que va a salir del lujo del Imperial [de Punta del Este] y va a ir a un inmueble inferior, a un inmueble de un tercero”
.
Ante el cuestionamiento y la tensión en la sala, la defensa de la procesada optó por declinar su propio pedido. Donnángelo afirmó que su intención era lograr que
“los niveles de agresión de los que son objeto ella y su familia cesaran y existiera un ambiente propicio para el juzgamiento”
, pero criticó las presiones recibidas de inmediato. Finalmente, el abogado sentenció:
“Hagamos una cosa: no va a cambiar el domicilio, va a quedarse ahí”
.
Nuevos hallazgos en la investigación
La magistrada a cargo, Diovanet Olivera, ratificó que las medidas cautelares sobre los tres implicados seguirán vigentes hasta agosto de 2026. Asimismo, el fiscal Enrique Rodríguez dispondrá de tiempo hasta mediados de 2027 para profundizar en las pesquisas.
El fiscal justificó la necesidad de extender los plazos debido a que aún no se cuenta con un inventario completo de los activos.
“No tenemos todavía el panorama de lo que puede haber de bienes, en inmuebles, o algún tipo de activos. Puede haber otros bienes”
, puntualizó Rodríguez.
Entre las nuevas evidencias, se mencionó información proveniente de España que indica que Ana Iewdiukow abrió una cuenta bancaria en dicho país tras haber sido imputada. Además, desde Paraguay se confirmó que Gustavo Basso adquirió un campo en 2006 en esa nación, propiedad que ya ha sido embargada por requerimiento de las autoridades locales.
Por su parte, el colectivo de afectados manifestó su malestar a través de un comunicado, señalando que
“nada parece haber cambiado”
. En el texto, recalcaron:
“La sensación que predomina en los damnificados es de gran disconformidad, una sensación de injusticia al ver que Daniela Cabral continuará su arresto domiciliario en el edificio Imperiale de Punta del Este”
.
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