El presidente de la organización no gubernamental Foro Penal, Alfredo Romero, manifestó una valoración favorable sobre el encuentro sostenido el pasado sábado entre diversos colectivos defensores de derechos humanos y la delegación parlamentaria vinculada al proyecto de Ley de Amnistía en Venezuela.
Romero enfatizó la relevancia del espacio de diálogo institucional al declarar:
“Nos parece positivo que se haya convocado a las organizaciones de derechos humanos para realizar planteamientos y discutir este proyecto de ley”
. En la mesa de trabajo participaron entidades de larga trayectoria como Provea, CLIPVE y Acceso a la Justicia, además de la representación de Foro Penal encabezada por su vicepresidente, Gonzalo Himiob, entre otros representantes de la sociedad civil.
Propuestas centrales para la libertad plena
A través de una intervención difundida en la red social X, Alfredo Romero detalló que uno de los ejes fundamentales de su planteamiento fue la urgencia de que el proceso de excarcelaciones no se detenga. La organización insistió en que se garantice la libertad total y plena de todos los presos políticos de forma inmediata, sin que esta medida dependa estrictamente de la ratificación final del texto legal en discusión.
Asimismo, las organizaciones propusieron que la normativa no se limite únicamente a la extinción de procesos judiciales vigentes. El objetivo planteado es que la ley contemple la nulidad absoluta de todos los expedientes penales y administrativos que han servido como herramientas de persecución política mediante el aparato de justicia.
El titular de Foro Penal también subrayó que la amnistía debe poseer un carácter inclusivo y general, evitando beneficios restrictivos para grupos específicos. En este sentido, se destacó la necesidad de involucrar a entidades internacionales como el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, trabajando en conjunto con las ONG locales para otorgar a la ley la robustez y amplitud necesarias.
Reparación a víctimas y debido proceso
Otro de los pilares discutidos fue la inclusión de la reparación integral de las víctimas como una pieza inamovible del proceso. De igual manera, se demandó la garantía irrestricta al derecho a la defensa, asegurando que los procesados puedan contar con el acompañamiento de abogados de confianza en cada etapa de los juicios.
Según el registro histórico de la ONG, existen más de once mil personas con medidas restrictivas de libertad por razones políticas. Por ello, Romero insistió en que la legislación debe ser una vía para alcanzar su libertad absoluta y facilitar el retorno seguro de quienes se encuentran actualmente en el exilio.
Por su parte, Gonzalo Himiob, vicepresidente de la institución, resaltó que durante el encuentro las organizaciones pudieron manifestar sus objeciones y aportes críticos al borrador entregado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Himiob valoró que, por primera vez, las voces de las víctimas y sus defensores fueran escuchadas directamente en este tipo de instancias.
No obstante, el abogado aclaró que aún persisten brechas técnicas en el contenido normativo.
“La correcta y más inclusiva aplicación de la Ley de Amnistía no debe quedar sólo en manos del Poder Ejecutivo, y debe permitirse la participación vinculante de los organismos de defensa de los DDHH, las ONG y las víctimas”
, sostuvo el jurista, añadiendo que “las víctimas de la prisión y de la persecución política pueden tener por seguro que hoy su voz se escuchó claramente y sin dobleces donde antes no se la había escuchado”.
Contexto legislativo y promesas de excarcelación
Desde la perspectiva institucional, Caryslia Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, definió la jornada de debate como “fructífera”. La magistrada reiteró el compromiso de los poderes públicos con el entendimiento social y la paz, asegurando que se escucharán a todos los sectores involucrados.
Es importante recordar que el pasado jueves se aprobó el primer texto de esta ley. Según el marco constitucional, la normativa deberá superar dos discusiones parlamentarias en sesiones diferenciadas para su sanción definitiva.
Finalmente, el viernes previo a la reunión, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, solicitó que las inquietudes de los familiares de los detenidos sean integradas en las consultas públicas. Tras un encuentro con allegados de presos políticos en la sede de la Policía Nacional (conocida como Zona 7 en Caracas), el diputado lanzó una promesa contundente:
“A más tardar el viernes están todos sueltos”
. Rodríguez exhortó a sus colegas parlamentarios a mantener un diálogo directo con los afectados para enriquecer la segunda discusión del proyecto legal.
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