La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) ha emitido una denuncia formal este sábado, advirtiendo que el régimen talibán no ha moderado sus políticas de exclusión contra la población femenina durante el año 2025. El reciente informe sobre Derechos Humanos, centrado específicamente en el periodo comprendido entre octubre y diciembre del año pasado, evidencia una estrategia sistemática para restringir al máximo la vida cotidiana de las mujeres afganas.
Un dato alarmante que destaca la organización es que, al 31 de diciembre de 2025, se cumplieron exactamente 115 días sin que ninguna mujer de nacionalidad afgana ingresara a una instalación de la ONU. Debido a las restricciones imperantes, el personal femenino de las Naciones Unidas se ha visto obligado a realizar sus labores desde el hogar mediante modalidades alternativas de trabajo. Asimismo, el acceso al conocimiento sigue bloqueado: la prohibición de cursar educación superior se mantiene vigente desde el 20 de diciembre de 2022, mientras que la veda para estudiar en institutos de medicina rige desde el 2 de diciembre de 2024.
El control sobre el cuerpo de la mujer también se ha manifestado con fuerza en el código de vestimenta. Durante los primeros días de noviembre, en la provincia de Herat, los delegados del Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio iniciaron operativos para exigir el uso obligatorio del burka en espacios públicos. Bajo esta medida, aquellas mujeres que no portaban dicha prenda enfrentaron prohibiciones severas para ingresar a instalaciones esenciales como hospitales, centros de salud, dependencias gubernamentales y salones de eventos.
Si bien las autoridades flexibilizaron posteriormente esta exigencia, la presión no ha cesado. Actualmente, los talibán demandan el uso del chador (una vestimenta que únicamente revela el rostro de la mujer)
«e impiden que quienes no lo lleven utilicen el transporte público y acudan a clínicas, hospitales, oficinas gubernamentales y otros lugares públicos»
. Esta imposición limita drásticamente la movilidad y el acceso a servicios básicos para la población femenina.
Persistencia de la violencia y castigos públicos
La UNAMA ha documentado diversos casos de violencia de género, poniendo especial énfasis en la recurrencia de los matrimonios forzados. Estas prácticas ocurren a pesar de la existencia del decreto del 3 de diciembre de 2021, el cual, teóricamente, prohíbe las uniones matrimoniales sin consentimiento. El reporte cita, por ejemplo, el incidente de una menor de edad que fue detenida en una prisión provincial tras una orden judicial que exigía su arresto por negarse a participar en un enlace forzoso.
Adicionalmente, el organismo internacional alerta sobre la continuidad de los castigos corporales ejecutados bajo orden judicial en escenarios públicos de forma semanal. Según el monitoreo realizado entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, la Oficina de Derechos Humanos de la UNAMA registró este tipo de castigos contra un total de 287 personas, entre las cuales se encontraban 30 mujeres.
Como respuesta a estas acusaciones, Saiful Salam Jáiber, portavoz del Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, manifestó a la cadena TOLO su rechazo a
«algunas partes»
del documento. El funcionario argumentó que los datos presentados
«distan mucho de la realidad y contradice la realidad del país»
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