En el corazón de Managua, aproximadamente 40 familias de un sector céntrico fueron forzadas a abandonar sus hogares, los cuales fueron posteriormente demolidos. Las denuncias locales indican que los afectados no recibieron indemnización ni opciones de reubicación por parte de las autoridades, en el marco de la ejecución de un plan de viviendas que el régimen nicaragüense desarrolla con apoyo financiero de China.
De acuerdo con los testimonios de quienes habitaban la zona, funcionarios estatales advirtieron a los residentes que los terrenos en cuestión pertenecían a la “copresidente” y esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, previo a que la maquinaria pesada comenzara con la destrucción de las estructuras.
El área intervenida corresponde al barrio Bóer, específicamente en el flanco este de la Casa del Obrero. Los desalojos, ejecutados por fuerzas de seguridad municipal y empleados de la comuna, se concentraron entre septiembre y noviembre de 2025, dejando a decenas de personas en la desprotección total.
Reacciones mediáticas ante las expropiaciones
Diversos medios de comunicación han documentado la gravedad de los hechos. El diario La Prensa tituló en su cobertura:
“Dictadura Ortega Murillo roba propiedades en el barrio Bóer para construir apartamentos Nuevas Victorias”
. Por su parte, el portal 100 por ciento Noticias destacó:
“Régimen desalojó barrio en Managua para vender apartamentos de hasta 85 mil dólares”
.
La presión sobre los habitantes del barrio Bóer no fue súbita. Los registros indican que en junio de 2025, trabajadores de la Alcaldía de Managua se presentaron en el sitio para notificar a las familias sobre la necesidad de desocupar el área. En aquel momento, se les informó que las tierras serían objeto de expropiación para un ambicioso proyecto urbanístico liderado por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Bajo la premisa institucional de que los predios eran propiedad de la “copresidenta”, se les prometió inicialmente que habría compensaciones económicas o traslados a otros sectores. Esto generó una expectativa de solución legal que motivó a algunos dueños a salir voluntariamente, esperando los pagos prometidos que, según las denuncias, nunca llegaron.
Escalada de violencia y falta de garantías
La situación se tornó crítica en septiembre. La presencia de funcionarios municipales ya no fue solo informativa, sino que llegaron escoltados por guardias de seguridad y adoptaron una postura mucho más impositiva. Según los vecinos, en estos operativos participó un representante del área legal de la Alcaldía de Managua con antecedentes en desalojos similares en zonas aledañas.
Las promesas de diálogo se transformaron en acciones de fuerza. Pese a que los ciudadanos intentaron validar su estatus legal acudiendo a la Dirección General Legal de la comuna con sus escrituras y títulos de propiedad, la respuesta oficial fue contundente: no se otorgarían indemnizaciones. Se les reiteró que el terreno pertenecía a Murillo y se les amenazó con represalias si continuaban con sus reclamos.
Para forzar la salida de los últimos residentes entre septiembre y noviembre de 2025, las autoridades implementaron tácticas de presión extrema:
- Corte inmediato del suministro de agua potable.
- Instalación de vallas metálicas para cercar el perímetro.
- Vigilancia policial las 24 horas del día.
- Uso de palas mecánicas y aplanadoras para intimidar a los propietarios.
El costo humano de la Urbanización Nuevas Victorias
Lo que antes era un barrio con vida comercial, donde operaban talleres, bares y comiderías, hoy es un terreno baldío lleno de escombros. La desolación marca ahora el paisaje de este punto estratégico de la capital.
Una de las víctimas, que prefirió el anonimato por seguridad, relató que su vivienda fue adquirida por un valor de 12,000 dólares, una cifra que representaba el esfuerzo de toda una vida. Tras el desalojo, se ha visto obligada a vivir en condiciones de precariedad, alquilando habitaciones temporales y perdiendo el acceso a servicios básicos como colegios y centros de salud que le quedaban cerca de su propiedad original.
El proyecto responsable de estos desplazamientos es la Urbanización Nuevas Victorias, una iniciativa del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional gestionada con financiamiento de la República Popular China. En 2023, el régimen sandinista prometió que este plan serviría para “repoblar” el centro histórico de la ciudad con miles de soluciones habitacionales.
Sin embargo, el avance ha sido lento. Para enero de 2026, solo se ha reportado la entrega de 105 viviendas, una cifra pequeña comparada con la meta de la primera etapa, que proyecta 920 unidades.
Metas gubernamentales vs. realidad social
El programa general de Nuevas Victorias aspira a construir más de 12,000 viviendas distribuidas en distintas fases por todo el país. No obstante, mientras la narrativa oficial celebra la entrega de llaves a nuevos propietarios, la sombra de los desalojos forzosos y la falta de transparencia en las indemnizaciones empaña la obra.
Un punto de gran controversia es el costo de estas nuevas unidades. Los apartamentos se comercializan a precios que pueden alcanzar los 80,000 o 85,000 dólares, montos que resultan inalcanzables para la mayoría de los nicaragüenses, incluyendo a las familias que fueron expulsadas del sector. Según los reportes, el área desalojada comprende al menos cuatro manzanas que serán integradas a las próximas expansiones de este complejo inmobiliario.
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