Ante una situación de parálisis casi total, el gobierno de Cuba ha oficializado este viernes un paquete de medidas de emergencia extraordinarias para tratar de gestionar la profunda crisis energética que atraviesa la isla. Este escenario crítico se intensificó tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela, lo que ha dejado al régimen cubano en una posición de extrema vulnerabilidad.
Dentro de las resoluciones tomadas por la administración de Miguel Díaz-Canel, destaca la implementación de una semana laboral de cuatro días para el sector estatal, además de severas restricciones en la comercialización de combustible a nivel nacional.
Prioridad a servicios básicos
El viceprimer ministro cubano, Oscar Pérez-Oliva Fraga, fue el encargado de explicar que estas decisiones buscan «garantizar la vitalidad del país y los servicios esenciales, sin renunciar al desarrollo». El funcionario subrayó que el poco combustible disponible se reservará prioritariamente para actividades económicas vitales y la atención directa a las necesidades de la ciudadanía.
«Al no haber combustible suficiente, no podemos mantener los niveles de venta que veníamos teniendo en semanas anteriores y, en este sentido, (habrá) algunas limitaciones para la adquisición. En la medida en que se vaya restableciendo la situación se irán haciendo las entregas en los niveles habituales», manifestó Pérez-Oliva Fraga.
El plan de contingencia estatal incluye una serie de restricciones logísticas y sociales:
- Reducción de la jornada laboral en empresas públicas, operando únicamente de lunes a jueves.
- Límites estrictos en el despacho y venta de carburantes.
- Recorte en las frecuencias de transporte de autobuses y trenes interprovinciales.
- Cierre temporal de diversas instalaciones y establecimientos turísticos.
- Disminución de la carga horaria en escuelas y menores requisitos de presencialidad en las universidades.

Con estas disposiciones, La Habana intenta concentrar sus escasas reservas energéticas en la generación de electricidad y la producción alimentaria, así como en los sectores que aún logran captar divisas extranjeras necesarias para la supervivencia del sistema.
El factor geopolítico y la presión de EE. UU.
La situación se ha visto agravada por las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien confirmó que México —nación que proveía crudo a la isla desde 2023— suspenderá sus envíos por temor a represalias y sanciones de la Casa Blanca. Cabe recordar que Washington interrumpió el flujo de petróleo venezolano hacia Cuba el pasado 3 de enero, tras la captura de Maduro, y reforzó su postura el 29 de ese mes con una orden presidencial que castiga con aranceles a cualquier nación que suministre energía a la isla.
Se estima que Cuba depende de las importaciones para cubrir al menos dos tercios de su demanda energética total. De los 110.000 barriles diarios de petróleo que requiere el país para funcionar, Venezuela aportaba cerca de 30.000 durante el 2025, una cifra que hoy ha desaparecido tras la operación política en Caracas.

En este panorama, Díaz-Canel admitió el pasado jueves que no se han recibido cargamentos de combustible desde el mes de diciembre. Esto ha obligado a la cúpula del poder a recuperar el concepto de la “opción cero”, un protocolo de supervivencia extrema diseñado originalmente en la década de los noventa para enfrentar un aislamiento total sin suministros petroleros.
Colapso en el sector turístico
A la crisis de hidrocarburos se suma el declive del turismo, motor económico fundamental para el ingreso de divisas. Durante el año pasado, el flujo de visitantes registró una caída del 18% en comparación con 2024. La cifra es aún más dramática si se compara con el récord de 4,7 millones de viajeros alcanzado en 2018, lo que representa un desplome del 62%. Esta debacle ha provocado, por primera vez, el cierre de hoteles por razones ajenas a desastres naturales, impactando directamente en la estabilidad laboral de los trabajadores del sector.
Finalmente, respecto a la relación con el gobierno estadounidense, el líder del régimen señaló que existe apertura para un diálogo, aunque bajo condiciones de «igualdad y respeto a la soberanía», aclarando que no lo harán bajo presión ni permitiendo la interferencia en los asuntos internos de la isla.
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