Un despliegue judicial de gran envergadura estremeció este martes la administración del Gobierno Regional de Tumbes. La Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos procedió con la detención preliminar judicial del gobernador regional Segismundo Cruces Ordinola, quien enfrenta cargos por presunto lavado de activos y pertenencia a una organización criminal. Las acciones incluyeron allanamientos múltiples en las regiones de Tumbes, Lambayeque y La Libertad.
Bajo la coordinación de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Tumbes y con el respaldo de la Policía Anticorrupción, se intervinieron un total de 17 inmuebles. Este operativo permitió la captura en Lima del gobernador Cruces, así como de otros dos individuos implicados en la supuesta red delictiva dedicada a blanquear capitales ilícitos.
El fiscal provincial Manuel Eduardo Apolo Casariego lidera el caso y ha ordenado, además de las detenciones, la incautación de dos inmuebles. Las propiedades están localizadas en Tumbes y Chiclayo, y se presume que forman parte del patrimonio acumulado ilegalmente por los investigados.
Licitaciones y obras públicas bajo la lupa fiscal
Las investigaciones preliminares efectuadas por el Ministerio Público indican que la gestión liderada por Segismundo Cruces habría otorgado de forma irregular contratos para labores de descolmatación en el distrito de Corrales. Además, se detectaron anomalías en proyectos de alto presupuesto relacionados con infraestructura escolar y vial.
Una de las aristas más críticas del proceso involucra la reconstrucción del Hospital de Apoyo Saúl Garrido Rosillo II-I, en la provincia de Tumbes. La Fiscalía sostiene que Cruces, identificado como el presunto cabecilla de la banda denominada ‘Los Elegantes del Gore’, habría percibido ganancias ilícitas. Entre los meses de abril y junio de 2023, se habrían autorizado pagos irregulares por S/ 18 928 410 por concepto de adelanto directo y S/ 37 790 074 para la adquisición de materiales, beneficiando directamente a una empresa de origen chino.
Mecanismos para el ocultamiento de dinero
La tesis de la Fiscalía plantea que el dinero obtenido mediante estas prácticas corruptas habría sido entregado por Cruces a sus hijos. Posteriormente, ellos se habrían encargado de adquirir maquinaria pesada utilizando nombres de terceras personas (testaferros), con la clara intención de disfrazar el origen ilegal de los activos.
A estas acusaciones se añaden otros hechos bajo escrutinio, tales como:
- Un perjuicio económico al Estado que supera el millón de soles en la supervisión de la obra del hospital.
- La licitación en 2024 del proyecto vial “Mejoramiento de la ruta departamental TU-105 tramo Rica Playa – La Bocana”.
- La compra irregular de maquinaria pesada amparada en un Decreto de Emergencia.
- La ejecución de mejoras en dos centros educativos situados en el distrito de Zarumilla.
Incautaciones a personas del círculo cercano
Como parte de las diligencias, las autoridades ministeriales lograron confiscar un inmueble en Tumbes que pertenece a Zoila Cuéllar, actual pareja del gobernador. De igual manera, se intervino una propiedad en Chiclayo registrada a nombre de Laura González, expareja del funcionario. Sumado a esto, se reportó la retención de dos camionetas que se habrían adquirido con fondos de procedencia ilícita.
En el operativo participaron diversos fiscales pertenecientes al subsistema especializado en lavado de activos, quienes continúan con el acopio de pruebas en esta fase preliminar de la investigación.
Tumbes en estado de excepción
La captura del gobernador regional se produce en un periodo de estado de emergencia vigente en la zona. El pasado 19 de enero, el Poder Ejecutivo decidió prorrogar esta medida excepcional por 60 días calendario en las provincias de Tumbes y Zarumilla, con el fin de mitigar delitos como el sicariato, la extorsión, el tráfico de armas y el lavado de activos.
Según lo establecido en el Decreto Supremo N.º 007-2026-PCM, el control del orden interno permanece bajo la responsabilidad de la Policía Nacional del Perú, contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Durante este tiempo, se mantiene la restricción de derechos constitucionales clave, entre ellos la libertad de reunión, el libre tránsito y la inviolabilidad del domicilio, basándose en indicadores estadísticos y mapas delictivos proporcionados por la inteligencia policial.
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