En una sesión legislativa trascendental, la Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado de forma unánime, en su primera lectura, el proyecto de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Esta normativa busca otorgar beneficios jurídicos a cientos de ciudadanos que se encuentran privados de su libertad por su rol en manifestaciones ciudadanas o por haber emitido críticas contra figuras de la esfera pública. El marco legal, que aún requiere una segunda discusión parlamentaria sin fecha definida, establece mecanismos para la restitución de bienes, la suspensión de medidas judiciales restrictivas y abre la puerta para el retorno de quienes se encuentran en el exilio.
El texto normativo, que consta de al menos veinte artículos, fue presentado inicialmente por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y recibió el respaldo de los 277 legisladores que componen la cámara, cuya mayoría es oficialista, según detalló el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. La propuesta reconoce formalmente que personas de diversas tendencias políticas, e incluso ciudadanos sin una militancia específica, han sido objeto de procesos judiciales por ejercer derechos ciudadanos o participar en actos políticos. El documento especifica que la amnistía abarcaría delitos tales como instigación, rebelión, resistencia a la autoridad, traición a la patria y tenencia ilícita de armamento, siempre que estos hechos se hayan producido en el contexto de movilizaciones sociales entre los años 1999 y 2026, incluyendo las jornadas de 2007, 2014, 2017, 2019 y 2024.
Llamado a la consulta y reconciliación
Durante su discurso ante el pleno, Jorge Rodríguez enfatizó que el proceso debe ser inclusivo:
“El proceso de consulta tiene que ser una consulta profunda, ardua. No tengamos de temor de hablar con todas y con todos, con quien quiera decirnos algo, con quien tenga un testimonio, con quien tenga una propuesta”.
Asimismo, el directivo parlamentario subrayó que la ley no pretende ser selectiva:
“El proyecto de ley no es listado de nombres porque esos listados de nombres siempre son excluyentes. Vayan y hablen con la gente, vayan y hablen con los familiares de las personas privadas de libertad, hablen con los privados de libertad, hablen con las víctimas de los crímenes que se han cometido en todos estos años. Que no quede una víctima que no haya sido escuchada”.
Finalmente, Rodríguez instó a sus colegas a trabajar con rapidez, señalando que
“no tenemos mucho tiempo. Celeridad. Celeridad debe ser nuestra divisa en esta hora. Y les agradezco la responsabilidad que acaban de adquirir”.
Exclusiones y referencias históricas
En su intervención, Jorge Rodríguez también evocó la memoria de Hugo Chávez, citando su actitud tras los sucesos de abril:
“Mirar a nuestro ejemplo, a nuestra guía: Hugo Chávez. Que el 14 de abril, después de haber sido secuestrado, después de que intentaron asesinarlo, después de que intentaron sacarlo del país, levantó una cruz. Pidió perdón y perdonó. Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también. Lo digo con claridad: a mí no me gustan los presos. Puede ser necesario por los códigos penales o por lo que sea o por las realidades de la política y de la situación concreta de una sociedad”.
Pese al alcance de la ley, existen exclusiones rigurosas. No podrán beneficiarse de esta medida quienes hayan cometido delitos graves como violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra, asesinatos, actos de corrupción o narcotráfico, así como cualquier acción que resultara en muertes o lesiones de gravedad. Por otro lado, la normativa abre la posibilidad de beneficiar a ciertos jueces, fiscales y funcionarios, evaluando individualmente su participación en procesos ligados a las protestas.
Contexto político y situación de los detenidos
Este avance en el Legislativo se produce en un entorno de cambio político tras la salida de Nicolás Maduro del poder y su posterior detención por fuerzas de Estados Unidos a inicios de enero. La sesión parlamentaria se desarrolló sin las confrontaciones verbales usuales, con una oposición que saludó la iniciativa y solicitó formalmente la liberación de los considerados presos políticos. Diversos legisladores de agrupaciones opositoras moderadas apoyaron la ley, considerándola un paso necesario hacia la reconciliación nacional.
Respecto a las cifras de excarcelaciones, las autoridades locales han indicado que más de 600 personas han recuperado su libertad de manera paulatina. No obstante, organizaciones como Foro Penal han verificado solamente 383 casos de liberación y sostienen que, a principios de febrero, todavía existen cerca de 700 personas bajo arresto. Es relevante destacar que muchos de los liberados aún enfrentan limitaciones en su derecho a la expresión y en su accionar político.
Este proceso legislativo coincide con una fase de estabilización económica en Venezuela, impulsada por el repunte de las exportaciones de crudo y la liberación de activos controlados por Estados Unidos a favor del Banco Central de Venezuela. La gestión de la presidencia encargada ha cumplido con los estándares internacionales en acuerdos petroleros, lo que ha favorecido un clima político más distendido. La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática debe ahora someterse a una consulta ciudadana y a una votación final antes de su promulgación, mientras sectores de la sociedad civil y la ONG Foro Penal exigen la publicación total del texto para asegurar transparencia en su implementación.
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