El mandatario de Panamá, José Raúl Mulino, ha dejado clara la postura de su administración respecto al futuro de las terminales portuarias en el canal interoceánico. Tras el reciente fallo judicial que dejó sin efecto el vínculo contractual con Panama Ports Company (PPC), subsidiaria de la firma hongkonesa CK Hutchison Ports, el Ejecutivo descartó tajantemente que una sola entidad vuelva a controlar ambos puertos de forma simultánea.
Fin del monopolio en la gestión portuaria
Durante su habitual encuentro semanal con los medios de comunicación, Mulino fue enfático al señalar la nueva hoja de ruta para estas infraestructuras estratégicas del país. Según el presidente panameño, la gestión se fragmentará para fomentar un esquema administrativo diferente:
«No volverá a haber una concesión de dos puertos bajo una misma empresa, se va a dividir y se hablará»
, aseveró con contundencia el jefe de Estado.
Este cambio institucional se implementará una vez concluya la etapa de transición, la cual se activará inmediatamente después de que se ejecute la resolución del Tribunal Supremo de Justicia. En ese momento, el Gobierno de Panamá evaluará minuciosamente bajo qué modelo operativo funcionarán las instalaciones que, hasta la fecha, han estado bajo el mando de PPC.
Soberanía y dignidad nacional
El presidente resaltó la importancia crítica de este proceso para la soberanía nacional, calificando el traspaso de los activos como un asunto de máxima prioridad y delicadeza. Mulino manifestó que
«Para Panamá es muy trascendental y muy delicado el tránsito que estamos haciendo de los puertos regentados por la empresa PPC a los puertos que serán regentados pronto por la República de Panamá»
. Asimismo, subrayó que Panamá es «un país digno» y advirtió que la nación
«tampoco se va a dejar amenazar por ningún país sobre la tierra»
.
A pesar de la firmeza en la recuperación de los puertos, el mandatario reconoció que la empresa Panama Ports Company «tiene todo el derecho a ir a arbitraje». No obstante, José Raúl Mulino rechazó cualquier acusación de hostigamiento hacia el operador de origen chino, asegurando que se está actuando bajo el marco de la ley.
Conflicto legal y reacciones internacionales
La tensión escaló el pasado miércoles, cuando PPC activó formalmente un proceso de arbitraje internacional contra el Estado de Panamá. La compañía justificó esta medida alegando la existencia de una supuesta «campaña» dirigida contra su contrato de concesión, la cual habría incluido acciones calificadas como «abruptas» que derivaron en lo que describieron como «daños graves y daños adicionales» para la empresa.
Es importante recordar que la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de este contrato, cuya vigencia se remonta a 1997 y que había sido objeto de prórrogas posteriores. Esta decisión judicial fue duramente criticada por la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado de China, entidad que tildó el fallo como «jurídicamente absurdo, lógicamente defectuoso y absolutamente ridículo».
Ante estos descalificativos, el presidente panameño defendió la independencia de la justicia de su país frente a las presiones externas.
«La decisión de la Corte es única, es definitiva, es final, y toca acatarla. Si hubiera sido otra decisión, igual la hubiésemos acatado. Y a lo mejor entonces, si para China hubiera sido la mejor Corte Suprema del mundo»
, concluyó el mandatario.
Fuente: Fuente