La respuesta violenta ejecutada por las instituciones iraníes ante las recientes movilizaciones civiles ha derivado en una ola de detenciones masivas, la incautación de propiedades privadas y una persecución sistemática contra profesionales de la salud que brindaron asistencia médica a los ciudadanos heridos. De acuerdo con informes de entidades defensoras de derechos humanos, se calcula que aproximadamente 40.000 personas han sido privadas de su libertad desde que iniciaron las protestas, bajo cargos de ser “alborotadores” o “terroristas”. Gran parte de los arrestados han sido expuestos en confesiones televisadas que, según denuncian observadores internacionales, habrían sido obtenidas mediante coacción.
Hostigamiento al sector sanitario y empresarial
El personal médico no ha quedado exento de la represalia. Diversos médicos y especialistas que auxiliaron a manifestantes han sido capturados, incluso dentro de sus domicilios, y en varios casos se desconoce su ubicación actual. Reportes provenientes del país confirman la detención de al menos 11 colegas del sector salud en apenas una semana. Profesionales sanitarios han denunciado haber sido citados repetidamente por agentes gubernamentales con el fin de delatar a quienes recibieron atención médica durante los disturbios.
La ofensiva también ha golpeado al sector privado. Mohammed Saedinia, dueño de una popular cadena de cafeterías, fue arrestado junto a su hijo y un gerente operativo, luego de que decidiera cerrar sus establecimientos comerciales como gesto de solidaridad con las movilizaciones. Las autoridades procedieron a sellar los locales, decretando que deberán permanecer clausurados por un periodo de dos meses. El portavoz judicial, Ashgar Jahangir, ratificó la captura de Saedinia y sugirió que el patrimonio del empresario podría ser confiscado para cubrir supuestos daños generados en la vía pública.
Persecución de figuras públicas y censura mediática
La estrategia del régimen contempla la identificación y el embargo de activos pertenecientes a figuras de alto perfil, tales como actores y deportistas, además de cualquier ciudadano que haya respaldado públicamente a los manifestantes. El fiscal general, Mohammad Movahedi-Azad, ha instruido formalmente que se apliquen medidas severas para “dar una lección” a quienes catalogó como “terroristas y sus simpatizantes”.
En el ámbito de la libertad de prensa, la censura ha provocado el cierre de espacios informativos de tendencia reformista. El diario Ham Mihan, reconocido por documentar la magnitud de la violencia y el número de víctimas, fue clausurado forzosamente el pasado 19 de enero. Su editor responsable, Mohammed Javad Rouh, señaló que este rotativo es el primer medio de comunicación clausurado en el país desde el año 2016, y advirtió que aún no existe una programación para la audiencia judicial correspondiente.
Por otro lado, el entorno familiar de quienes perdieron la vida en el conflicto enfrenta una estricta vigilancia. Un ciudadano identificado como Abbas relató que él y sus allegados fueron forzados a firmar actas de compromiso donde se les prohibía llorar públicamente o mantener las puertas abiertas durante los servicios fúnebres de tres familiares que murieron en el marco de las protestas.
Resistencia civil y cifras de mortalidad
A pesar de la severidad de los castigos, el descontento social se mantiene vigente. Un grupo de 17 referentes de la sociedad civil, entre los que se cuentan activistas y cineastas, emitieron un comunicado público donde responsabilizan directamente al líder supremo de Irán por lo que definieron como un:
“crimen de Estado organizado contra la humanidad”
Tras la difusión del documento, varios de los firmantes, incluyendo al guionista Mehdi Mahmoudian, fueron capturados por las fuerzas de seguridad. En el ámbito académico, estudiantes pertenecientes a 31 facultades de medicina, odontología y enfermería han protagonizado boicots y plantones exigiendo justicia por sus compañeros fallecidos o encarcelados. Como respuesta creativa a la prohibición del duelo, muchas familias han optado por convertir los sepelios en actos de celebración con música tradicional, lo cual es interpretado “como una forma simbólica de resistencia”.
En términos de vidas humanas, el Estado iraní ha admitido oficialmente cerca de 3.000 fallecimientos durante el periodo de represión, aunque organizaciones no gubernamentales sostienen que la mortalidad real es significativamente superior. Activistas describen este despliegue de fuerza como un “castigo colectivo” diseñado para amedrentar a las nuevas generaciones y prevenir futuros levantamientos contra el orden establecido.
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