En las últimas semanas, una serie de ataques con misiles y drones por parte de las fuerzas de Rusia ha golpeado severamente la red energética de Ucrania. Esta ofensiva ocurre durante uno de los inviernos más crudos en la historia reciente del país, sumiendo a la población en la oscuridad y el frío extremo. Desde el gobierno ucraniano se ha denunciado que estas acciones buscan privar deliberadamente a los ciudadanos de servicios básicos como electricidad, agua y calefacción.
Respecto a esta situación, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky ofreció declaraciones contundentes el pasado martes:
“Para Rusia, aprovechar los días más fríos del invierno para aterrorizar a la gente es más importante que la diplomacia”
. Estas palabras se dieron en el marco de una nueva fase de diálogos y mientras la capital, Kiev, enfrentaba temperaturas críticas de hasta -20 °C.
Por su parte, la administración en Moscú sostiene que estas operaciones militares son componentes legítimos de su estrategia. Sin embargo, a nivel global, la invasión a territorio ucraniano es catalogada como un acto de agresión fuera del marco legal internacional.
¿Qué establecen las leyes de guerra sobre la infraestructura energética?
Desde el punto de vista del derecho internacional, el ataque a una red de suministro eléctrico puede ser considerado legal únicamente si dicho ataque “afecta directamente a un objetivo militar válido”, según explicó David Crane, quien se desempeñó como fiscal jefe del Tribunal Especial de la ONU para Sierra Leona. No obstante, Crane enfatizó que cualquier acción bélica tiene prohibido generar bajas civiles desproporcionadas.
Respecto a la táctica aplicada por las fuerzas rusas, el experto señaló en una comunicación escrita que
“los ataques indiscriminados y generalizados no se acercan a lo que es legal”
.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) también ha fijado una postura clara, indicando que los componentes de los sistemas de energía que brindan servicios vitales a la sociedad civil “son en principio bienes civiles y, como tales, están protegidos contra ataques directos y represalias, así como contra daños incidentales”.
Debido a estas regulaciones, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió en 2024 órdenes de aprehensión contra figuras clave de la cúpula militar de Rusia, incluyendo al exministro de Defensa, Sergei Shoigu, y al jefe militar, el general Valery Gerasimov. El tribunal, con sede en La Haya, argumentó que existen motivos razonables para considerar que los ataques se dirigieron contra infraestructura civil. Incluso si algunas instalaciones hubiesen sido consideradas objetivos militares, los jueces determinaron que el daño civil colateral fue evidentemente excesivo en relación con cualquier ventaja militar esperada.
Es importante destacar que Rusia no reconoce la jurisdicción de esta corte ni forma parte de sus miembros, por lo que se ha negado tajantemente a la entrega de los sospechosos de crímenes de guerra.
Argumentos de las partes en conflicto
La defensa del Kremlin se basa en que sus operativos están dirigidos exclusivamente a infraestructuras que dan soporte a las capacidades militares de Ucrania. A pesar de los registros que muestran afectaciones en áreas residenciales, el gobierno ruso niega haber atacado directamente a civiles.
El portavoz oficial, Dmitry Peskov, reiteró el miércoles la postura oficial:
“nuestros militares están atacando los objetivos que creen que están asociados con el complejo militar del régimen de Kiev, la operación continúa”
.
En contraste, las autoridades en Kiev denuncian un intento sistemático por quebrar la voluntad de la población mediante el sufrimiento físico y psicológico. Reportes locales indican que los bombardeos se han centrado en subestaciones, turbinas, generadores y transformadores. DTEK, la principal firma energética privada del país, informó que el reciente ataque nocturno representa la novena agresión de gran magnitud contra sus centrales de energía térmica desde el pasado mes de octubre.
El impacto económico de estas acciones es devastador. Según datos consolidados por la Comisión Europea, las Naciones Unidas y el Banco Mundial, el sector de energía en Ucrania acumula daños directos que superan los 20.000 millones de dólares como consecuencia del conflicto bélico.
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