Tras el reciente encuentro diplomático en la Casa Blanca entre el mandatario Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump, ocurrido el 3 de febrero de 2026, han salido a la luz datos alarmantes sobre el mercado de estupefacientes. Un análisis del prestigioso medio británico The Economist confirma que Colombia se ha consolidado como el epicentro absoluto de este mercado ilegal, concentrando actualmente el 70% de la producción de cocaína a escala global.
El análisis, titulado Inside the hopeless effort to quash cocaine by force (Dentro del esfuerzo inútil por acabar con la cocaína por la fuerza), examina la realidad de las operaciones antinarcóticos en territorio colombiano. Este trabajo de investigación se dio a conocer el 2 de febrero, apenas un día antes de la cumbre bilateral, y cuestiona directamente la efectividad de la estrategia de la cual Petro ha presumido públicamente en diversas ocasiones.
La periodista Claire McQue se desplazó hasta las regiones del sur de la nación para documentar cómo la producción se expande sin precedentes. A pesar de que las fuerzas de seguridad han intensificado la destrucción de infraestructuras y han logrado decomisos masivos en zonas selváticas, la oferta total ha marcado cifras históricas. Esta situación ha generado una profunda crisis de incertidumbre sobre la viabilidad de las políticas actuales y la solidez de la cooperación internacional en la región.
Según reportes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitidos a finales de enero, el volumen de cocaína generado en Colombia alcanzó las 3.001 toneladas durante el año 2024. Este dato representa un crecimiento del 13% comparado con el año previo y más de un 100% de aumento respecto a los niveles registrados en 2021, antes del inicio del actual mandato presidencial.
Por su parte, las estadísticas oficiales del ejecutivo colombiano indican que entre agosto de 2022 y el cierre de 2025, se incautaron 2.840 toneladas de alcaloides. Dicha cifra supone un incremento del 61% en comparación con los datos reportados por la administración anterior en un periodo equivalente.
Sin embargo, para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), estos récords de decomiso no logran reducir la oferta disponible en el mercado. La dinámica de represión actual parece insuficiente, ya que los laboratorios que son destruidos se reemplazan con extrema rapidez por grupos delincuenciales, quienes además coaccionan a las comunidades campesinas para participar bajo amenazas constantes.
Las cifras son contundentes: aunque se han desmantelado más de 18.000 laboratorios en los últimos tres años, el ciclo productivo no se ha revertido. Tan pronto como cae un centro de procesamiento, surgen nuevas plantaciones y estructuras en otras áreas estratégicas del territorio nacional.
Presión internacional y crisis diplomática con Estados Unidos
El panorama se ha vuelto hostil debido a la reacción de la administración de Donald Trump. El mandatario estadounidense ha cuestionado severamente la gestión de Petro, llegando incluso a sugerir intervenciones directas contra los centros de procesamiento. Además, el gobierno de EE. UU. sancionó al presidente colombiano incluyéndolo en la denominada Lista Clinton por sospechas de nexos con el tráfico de drogas.
A esto se suma que, en septiembre de 2025, Estados Unidos retiró formalmente a Colombia su estatus de aliado en la lucha contra el narcotráfico mediante una descertificación, aunque por ahora los convenios de seguridad compartida permanecen vigentes.
A nivel regional, las tensiones también han escalado. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, implementó el pasado 21 de enero un “arancel de seguridad” del 30% para las importaciones provenientes de Colombia. Con esta medida, el mandatario ecuatoriano busca presionar a Bogotá para que adopte acciones determinantes contra la delincuencia transfronteriza, provocando un fuerte roce comercial.
La realidad del campo y el fracaso de la sustitución
En las áreas rurales, los campesinos enfrentan un abandono casi total por parte del Estado. Atrapados en medio de disputas territoriales de grupos armados, la transición hacia cultivos lícitos avanza de forma deficiente. Para el mes de marzo, las proyecciones oficiales indican que solo se habrán sustituido 30.500 hectáreas de coca, lo que equivale apenas al 12% del total nacional.
La logística criminal parece superar a la estatal: mientras los compradores de pasta de coca visitan personalmente los hogares campesinos para adquirir el producto, los agricultores que optan por lo legal enfrentan graves carencias de infraestructura y acceso a mercados para sus cosechas.
Ante este escenario adverso, el presidente Petro ha dirigido sus críticas hacia la Unodc, calificando su metodología de monitoreo (vigente desde 1999) como “opaca”. El mandatario bloqueó la publicación del informe más reciente de dicho organismo y amenazó con que la policía colombiana asuma el control total de la vigilancia, una decisión que pondría en grave riesgo la confianza y cooperación internacional.
Sobre esta parálisis en la política antidrogas, la analista Elizabeth Dickinson, integrante del International Crisis Group en Bruselas, ofreció una visión pesimista:
“Todas las políticas son ‘mantenerse a flote’. No tenemos ninguna idea que realmente vaya a solucionar este problema”.
Finalmente, se destaca que mientras la demanda global permanezca en ascenso y el negocio se mantenga en la ilegalidad, la dinámica no ofrecerá una salida viable. Operativos como el realizado en Villagarzón (Putumayo), en el que se acompañó a las autoridades, demuestran que la ofensiva estatal solo interrumpe la producción temporalmente antes de que las redes de narcotráfico retomen sus actividades, perpetuando un ciclo que desafía la soberanía nacional.
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