En una decisión histórica, el Gobierno de Irán ha procedido a ratificar formalmente la legislación que permite la entrega de licencias de conducir motocicletas a la población femenina. Esta medida busca solventar un vacío legal que, durante años, impidió a las mujeres acceder a este documento oficial. El anuncio surge en un contexto social complejo, semanas después de que el país viviera una intensa ola de manifestaciones que, de acuerdo con cifras del Gobierno de Teherán, dejaron un saldo de más de 3.000 fallecidos.
Requisitos y supervisión policial
El decreto oficial, que cuenta con la rúbrica del primer vicepresidente de la nación, Mohamad Reza Aref, establece que
«la Policía de la República Islámica de Irán debe emitir permisos de conducir motocicletas a las mujeres»
. No obstante, para obtener dicha acreditación, las interesadas deberán cumplir con ciertos procesos obligatorios. Según ha reportado la cadena estatal IRIB, las aspirantes tendrán que completar satisfactoriamente cursos prácticos y someterse a las evaluaciones correspondientes bajo la estricta vigilancia de la Policía de Tráfico.
Fin a la incertidumbre jurídica
Hasta este momento, el marco legal iraní no contenía una prohibición textual contra las conductoras de este tipo de vehículos; sin embargo, en la práctica cotidiana, los entes estatales se rehusaban a otorgar las licencias. Esta contradicción administrativa generaba graves problemas de inseguridad jurídica, ya que las mujeres que circulaban en moto eran consideradas responsables legales en caso de cualquier siniestro vial, independientemente de si el incidente había sido provocado por ellas o no.
El documento, que fue aprobado originalmente por el Consejo de Ministros a finales de enero, tiene como objetivo principal erradicar dicha ambigüedad. Con este respaldo formal, se espera normalizar el uso de las motocicletas —uno de los recursos de transporte más comunes en el país— por parte de las mujeres que logren aprobar los requisitos establecidos por la ley.
Contexto de agitación social
La implementación de este cambio legislativo sucede tras un periodo de convulsión social motivado por la crisis económica y el deterioro de los niveles de vida. Estas protestas escalaron rápidamente hacia demandas por mejoras en los Derechos Humanos. Ante esto, la administración iraní ha sostenido que grupos «terroristas», presuntamente financiados por Estados Unidos e Israel, se infiltraron en las marchas. El Gobierno argumentó que estos sectores buscaban incrementar deliberadamente la cifra de víctimas para que el expresidente estadounidense, Donald Trump, tuviera una excusa para ejecutar sus amenazas de ofensiva militar contra el territorio iraní.
Balance de víctimas en las protestas
Respecto al costo humano de las recientes movilizaciones, los datos presentan discrepancias notables según la fuente. El balance oficial proporcionado por Teherán confirma más de 3.000 decesos, indicando que gran parte de los fallecidos eran civiles y agentes de las fuerzas de orden público que intentaban controlar la situación económica y social.
Por otro lado, organizaciones no gubernamentales ofrecen estadísticas mucho más elevadas. La agrupación Human Rights Activists in Iran ha documentado un total de 6.872 muertes relacionadas con los disturbios. De esa cifra, la organización detalla que 6.443 correspondían a manifestantes, de los cuales 156 eran menores de edad.
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