La sede del Ejecutivo español, Moncloa, ha expresado un firme rechazo ante lo que califica como «varias mentiras» y «ataques ilegítimos» vertidos por el fundador de Telegram, Pável Dúrov. Estas declaraciones surgen luego de que el empresario instara a la ciudadanía española a mantenerse «vigilante» y a defender sus derechos fundamentales. La tensión escaló tras el anuncio oficial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la intención de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años y la implementación de normativas para sancionar a plataformas y directivos que no eliminen contenidos «de odio e ilegales».
Desde la presidencia se ha cuestionado duramente que Dúrov utilizara el control «sin restricciones» de su propia aplicación para difundir un comunicado masivo a los usuarios en España. En dicho mensaje, el desarrollador alertaba sobre un presunto «control total» por parte del Estado y afirmaba que las nuevas disposiciones atentan contra la libertad individual. Fuentes gubernamentales han enfatizado que «es la primera vez que ocurre en la historia de nuestro país» una injerencia de este tipo por parte de un propietario de tecnología.
La respuesta política no se hizo esperar. Pedro Sánchez se manifestó a través de la red social X con una alusión literaria:
«Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos»
. Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lamentó que «miles de usuarios de Telegram hayan recibido» un comunicado «no autorizado de su dueño» que sugiere amenazas a las libertades públicas. En la plataforma Bluesky, Díaz fue tajante:
«No van a tumbarnos. Vamos a romper los monopolios digitales y devolverle la tecnología a la gente trabajadora. El poder es de la gente, no de ellos»
.
La urgencia de la regulación digital
Para el Ejecutivo nacional, la actitud de Pável Dúrov es la prueba definitiva de la «urgente necesidad de regular las redes sociales y aplicaciones de mensajería móvil». Los portavoces oficiales defendieron que los ciudadanos no deben estar expuestos a que «tecno-oligarcas extranjeros» inunden los dispositivos móviles con propaganda según sus intereses personales, especialmente cuando el Gobierno busca proteger a los menores de edad y asegurar el cumplimiento de la ley.
Desde Moncloa recordaron que los conflictos derivados de las redes sociales no son una invención política, sino una preocupación generalizada de la población. Para sustentar esta postura, citaron los datos del último Eurobarómetro, el cual refleja que:
- Un 95% de los españoles manifiesta inquietud ante la desinformación y los mensajes de odio en internet.
- El 89% de la población está preocupado por la excesiva concentración de poder en las grandes corporaciones digitales y la opacidad de sus algoritmos.
Cuestionamientos a la plataforma y su moderación
El Gobierno también puso el foco en la situación legal del empresario, señalando que Pável Dúrov «está siendo investigado por su posible responsabilidad en delitos graves», mientras que su plataforma ha ignorado «de forma reiterada sus obligaciones de control». Según la visión oficial, Telegram ha desarrollado a propósito una estructura de mínima moderación.
Esta arquitectura habría convertido a la aplicación en un entorno idóneo para actividades criminales plenamente documentadas, entre las que mencionaron el tráfico de drogas y redes de abuso sexual infantil, con procesos judiciales abiertos en naciones como Francia, Corea del Sur o la propia España. El Ejecutivo insistió en que el mensaje masivo es un ejemplo del modus operandi de estos líderes tecnológicos, afirmando que «está lleno de bulos y va destinado a erosionar la confianza en nuestras instituciones».
Finalmente, el PSOE emitió un comunicado oficial cargando contra el fundador de la aplicación por «señalar, desinformar y difundir propaganda política directa contra un Gobierno democrático». La formación política calificó el suceso como un «hecho de extrema gravedad» que bajo ninguna circunstancia puede ser normalizado en el debate público.
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