El Capitolio de los Estados Unidos se encuentra nuevamente en una carrera contra el tiempo. Restan apenas 10 días para que el Congreso alcance un consenso y evite un cierre parcial del gobierno, a menos que la bancada demócrata logre un entendimiento con el presidente Donald Trump y los republicanos respecto a las nuevas limitaciones que se pretenden imponer a las autoridades migratorias federales. Por ahora, las figuras clave de ambos espectros políticos mantienen un panorama pesimista sobre el desenlace.
La presión demócrata surge de una demanda clara: establecer medidas de rendición de cuentas para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras entidades de seguridad. Esta exigencia cobró fuerza tras la conmoción social que provocó la muerte de Alex Pretti el mes pasado en la ciudad de Minneapolis.
Las reformas exigidas por los demócratas
Entre los puntos no negociables para los legisladores demócratas se encuentran:
- Regulaciones más estrictas para la ejecución de órdenes judiciales.
- Creación de organismos de investigación independientes ante conductas inapropiadas.
- Prohibición del uso de mascarillas que oculten la identidad de los agentes migratorios.
- Obligatoriedad en el uso de cámaras corporales durante los operativos.
Desde el Senado, los demócratas han lanzado una advertencia contundente: bloquearán el presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) una vez que este expire al concluir el próximo 13 de febrero, en caso de que sus contrapartes republicanas no acepten dichas restricciones presupuestarias y operativas.
Aunque Donald Trump ratificó recientemente una ley de financiamiento para detener un cierre breve el martes pasado, los negociadores de ambos bandos advierten que las actuales discrepancias podrían sumergir al país en otra parálisis administrativa.
Por su parte, el bloque republicano, que posee el control mayoritario en la Cámara de Representantes y en el Senado, ha manifestado una apertura inicial al diálogo, aunque voces internas ya han descartado gran parte de las peticiones demócratas. Los conservadores han introducido sus propias condiciones, como el endurecimiento de las políticas contra las denominadas “ciudades santuario”, un tema que genera un rechazo absoluto en la otra acera.
El líder de la mayoría en el Senado, John Thune (republicano por Dakota del Sur), señaló la complejidad logística de la situación, sugiriendo que es improbable concretar un acuerdo antes de que los fondos del DHS se agoten la semana entrante. “Veremos si hay una salida”, comentó Thune a los medios. “Puede que no la haya. Y si la hay, podría tardar más de lo que [los demócratas] han previsto”.
En respuesta, Charles E. Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, adelantó que presentarían una propuesta detallada este jueves. No obstante, el ambiente se ha crispado con acusaciones mutuas sobre quién sería el responsable de un tercer cierre de gobierno en menos de cuatro meses.
“Si los republicanos se niegan a implementar los cambios que exige el pueblo estadounidense, están forzando un cierre republicano del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”
Esta declaración fue emitida por la senadora Patty Murray, quien encabeza la representación demócrata en el Comité de Asignaciones del Senado.
La incertidumbre se extiende incluso a la estructura de la negociación. Mientras Schumer espera tratar directamente con Thune, este último ha señalado que el diálogo principal debería ocurrir entre los demócratas del Senado y la Casa Blanca.
Desde el ala republicana, la senadora Katie Boyd Britt (Alabama), quien lidera las conversaciones para su partido, advirtió que el cronograma actual “es realmente demasiado corto para poder mantener la conversación y también para lograr un acuerdo final”.
Cualquier resolución requiere también el aval de la Cámara de Representantes. Su líder de minoría, Hakeem Jeffries, ha sido enfático al declarar que los demócratas de su cámara no respaldarán ninguna medida que no contemple un “cambio audaz y significativo”.
Alcance del posible cierre administrativo
Es importante destacar que esta parálisis afectaría específicamente al DHS, lo que incluye a ICE y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). No obstante, las operaciones de control migratorio podrían continuar con relativa normalidad gracias a los fondos multimillonarios asignados previamente por el proyecto de ley “One Big Beautiful Bill” impulsado por Trump el año pasado.
Consecuentemente, los sectores más vulnerables ante la falta de presupuesto serían:
- La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), vital para la respuesta ante desastres.
- La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), encargada de la seguridad aeroportuaria.
- La Guardia Costera y el Servicio Secreto.
El senador Josh Hawley (Missouri) fue tajante al respecto: “Así que nadie recibirá ayuda por desastre y ningún estadounidense podrá volar”, responsabilizando a los demócratas por este posible escenario.
Los demócratas defienden su postura argumentando la necesidad de frenar abusos de autoridad que han derivado en muertes de ciudadanos y violaciones de derechos fundamentales en lugares como Minneapolis. Charles E. Schumer defendió las reformas calificándolas de “sentido común” y advirtió que rechazarlas es optar por el desorden.
Exfuncionarios de administraciones previas, como Claire Trickler-McNulty (ex-ICE) y Andrea Flores (ex-CBP), han dado un apoyo parcial a las medidas, aunque reconocen que cambios como el uso de cámaras corporales no resuelven la raíz del problema migratorio, pero sí incrementan la seguridad general.
Desde la presidencia de la Cámara, Mike Johnson ve probable que algunas reformas se conviertan en ley, pero persiste una fuerte oposición interna. El senador John Cornyn (Texas) criticó la exigencia de órdenes judiciales para los agentes de ICE por considerarla burocrática y calificó de “insultante” la prohibición de las mascarillas. Por su parte, Markwayne Mullin (Oklahoma) tildó las propuestas de inviables.
En el ámbito ejecutivo, el DHS ha distribuido memorandos defendiendo el uso de órdenes administrativas. Donald Trump, aunque no ha dado un pronunciamiento directo, respaldó al senador Lindsey Graham cuando este calificó la exigencia de órdenes judiciales como “la idea más ridícula”. Graham ha condicionado cualquier avance a que se acepte su plan contra las ciudades santuario, una postura compartida por el senador Eric Schmitt.
La opinión pública frente al conflicto
Pese a la resistencia política, los datos sugieren un respaldo ciudadano considerable a las reformas demócratas:
- Un 84% de los estadounidenses apoya el uso obligatorio de cámaras corporales (Encuesta Economist/YouGov).
- El 69% favorece que los agentes requieran órdenes judiciales para ingresar a viviendas.
- El 55% está a favor de prohibir las mascarillas a los agentes migratorios.
- Un estudio del Pew Research Center reveló que el 61% de la población considera inaceptable que los oficiales oculten su rostro durante sus funciones.
El senador Chris Van Hollen (Maryland) concluyó que defender derechos constitucionales es una cuestión independiente de la seguridad fronteriza, aunque admitió que será “muy difícil” lograr que la Casa Blanca de Trump ceda ante estas demandas.
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