La disputa legal entre el exmandatario Alberto Fernández y su expareja, Fabiola Yañez, ha registrado un movimiento procesal de suma importancia. Mientras la opinión pública sigue de cerca la denuncia por violencia de género presentada por la ex primera dama, en los tribunales nacionales avanza una contraofensiva judicial liderada por Fernández que, tras haber estado cerca del archivo definitivo, podría reactivarse en los próximos días.
Este miércoles, la Cámara Nacional de Casación Penal emitió una resolución determinante al confirmar al juez Gustavo Bruzzone como el encargado de este expediente. La decisión se tomó tras rechazar la solicitud de apartamiento presentada por el propio magistrado, quien argumentaba tener vínculos académicos previos con el ex jefe de Estado. Con este respaldo judicial, Bruzzone se encuentra ahora ante la responsabilidad de decidir si se reanuda la investigación contra Yañez o si se ratifica el cierre de la misma.
El origen de la denuncia de Alberto Fernández
Para contextualizar este escenario jurídico es necesario remitirse a los hechos ocurridos en agosto de 2024. El conflicto escaló tras la difusión pública de una serie de videos donde aparecía la comunicadora Tamara Pettinato en el despacho presidencial de la Casa Rosada. En ese marco de controversia, Alberto Fernández interpuso una denuncia penal contra Fabiola Yañez por los presuntos delitos de violación de secretos y de sistema informático.
La postura del expresidente indica que Yañez habría ingresado de forma ilegítima a su cuenta de almacenamiento en la “nube” de Google, así como a su dispositivo móvil personal. El objetivo de dicho ingreso, según la querella, habría sido extraer y difundir conversaciones privadas y archivos confidenciales sin su autorización. Para los abogados de Fernández, este acto constituye una intromisión ilegal en la privacidad que debe ser sancionada bajo el marco de la ley federal.
El estado previo del expediente: ¿Por qué se cerró la causa?
A pesar de la gravedad de las acusaciones, la estrategia legal del exmandatario enfrentó un obstáculo importante recientemente. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 determinó el sobreseimiento de Fabiola Yañez y el cierre de la causa, fundamentando su decisión en la figura técnica de “desistimiento tácito”.
Bajo esta interpretación jurídica, el tribunal consideró que la parte denunciante no cumplió con los plazos procesales establecidos para impulsar la acción penal. En otras palabras, la justicia entendió que la defensa de Fernández no respondió a tiempo a una intimación judicial, lo que derivó en la extinción de la acción por falta de interés manifiesto en los tiempos legales previstos.
Ante esta resolución, el abogado defensor Yamil Castro Bianchi presentó un recurso de queja. El representante legal calificó el cierre de la causa como una medida arbitraria, asegurando que la voluntad de llevar adelante la acusación se mantuvo intacta y que existió un error en el conteo de los plazos procesales por parte del tribunal para favorecer a la ex primera dama.
La ratificación del juez Gustavo Bruzzone
El destino de esta apelación recayó en la Sala I de la Cámara de Casación, específicamente en el juez Gustavo Bruzzone. No obstante, el magistrado intentó excusarse de intervenir citando razones de “decoro”. Su argumento se basaba en que tanto él como Alberto Fernández han sido colegas durante más de 15 años en el Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires (UBA), compartiendo jurados y cátedras académicas.
Sin embargo, los jueces Jorge Luis Rimondi y Horacio Leonardo Días, integrantes de la Sala de Turno, desestimaron los argumentos de Bruzzone. Según el fallo judicial, el hecho de compartir un entorno académico o laboral no equivale a una
“amistad íntima”
que pueda comprometer la imparcialidad requerida para ejercer su labor. “No hay obstáculo para que intervenga”, concluyeron los magistrados en el documento oficial.
Con esta ratificación, Bruzzone asume la tarea de definir el futuro de la causa. Si el juez acepta el reclamo de Alberto Fernández, Fabiola Yañez volverá a la condición de imputada y se procederá a investigar si efectivamente existió un espionaje sobre el teléfono móvil del ex presidente. Por el contrario, si rechaza la queja, la ex primera dama obtendrá un triunfo judicial definitivo en este proceso paralelo.
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