En el marco de un polémico acuerdo judicial, el empresario Carlos Mattos, quien ya fue sentenciado previamente por casos de soborno, se encuentra en las etapas finales para eludir un nuevo proceso en su contra. La propuesta central consiste en la entrega de camionetas de la marca Hyundai destinadas al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a la Fiscalía General de la Nación, como una forma de compensación dentro de una negociación legal.
Este mecanismo, denominado principio de oportunidad, fue expuesto de manera oficial ante una magistrada y se sustenta en las modificaciones introducidas por la reforma a la justicia del año 2025. Dichos cambios legislativos permiten que la reparación integral sea un motivo suficiente para la terminación de investigaciones de carácter penal. De concretarse el pacto, tanto Mattos como tres funcionarios que actuaron como cómplices evitarían un juicio que conlleva posibles penas de hasta seis años de prisión.
Los detalles de la millonaria donación
El compromiso asumido por Mattos incluye la entrega física de dos camionetas último modelo 2025 y una motocicleta de referencia Adventure 250. Durante la audiencia, la fiscal encargada del caso, Aida Esperanza Moreno, detalló los pormenores del ofrecimiento:
“El señor Carlos José Mattos Barrero realiza la donación de un vehículo bajo el pedido del cliente y de reparación integral ambos con fecha del 11 de noviembre de 2025, los cuales serán puestos a disposición para labores de custodia, logística y transporte de personas privadas de la libertad”.
La representante del ente acusador defendió la viabilidad de esta propuesta, argumentando ante la jueza que la medida es proporcional y ajustada a derecho. Según Aida Esperanza Moreno, la oferta:
“No solo es legítima, útil, necesaria y se presenta como razonable y vale decir como admisible y válida desde la perspectiva de los valores y principios constitucionales y lo que es más importante aún, desde los fines que justifican la aplicación de este principio que no son otros que acceder al valor de la justicia y reparación integral como esencia constitucional penal”.
En términos financieros, la fiscalía precisó que cada una de las camionetas tiene un costo comercial de $182 millones de pesos. Por su parte, el valor de la motocicleta supera los $25 millones, lo que suma un paquete total de reparación estimado en $208.025.126 a favor del Inpec.
Especificaciones técnicas de los vehículos
Los automotores ofrecidos son de la referencia Hyundai STARIA, equipados con un motor 2.2 Turbo Diesel capaz de generar 177 caballos de fuerza. La fiscal describió que estos vehículos cuentan con altos estándares de seguridad, incluyendo dos Airbags, sistema de frenos de disco en las cuatro ruedas, ABS y alertas de colisión frontal. Además, poseen un diseño funcional con puertas de apertura lateral y trasera, optimizadas para el transporte institucional.
Como parte adicional del acuerdo judicial, se ha establecido que tanto Carlos Mattos como los tres dragoneantes del Inpec involucrados —Jorge Hernán Guerrero, Luis Alejandro Rojas y William René Caballero— deberán emitir disculpas públicas si la autoridad judicial ratifica el pacto. Estos funcionarios, que eran los encargados de custodiar al empresario durante sus desplazamientos, también contribuyeron al acuerdo mediante la entrega de una motocicleta Adventure 250.
Respecto a las capacidades técnicas de la moto, la fiscal Moreno destacó:
“Equipada con un motor monocilíndrico, de 249 centímetros cúbicos, con tecnología de inyección electrónica Bosch (…) Esta configuración proporciona un equilibro entre eficiencia y capacidad de respuesta en diferentes tipos de terreno. El chasis es un bastidor de acero, ligero pero resistente, pero justo con la suspensión, ofrece un gran recorrido de terreno ideal para terrenos irregulares”.
Origen del escándalo de las salidas irregulares
La investigación que originó este proceso se remonta a marzo de 2022. En aquel momento, se denunció públicamente que Carlos Mattos salía del centro penitenciario La Picota bajo la escolta de agentes del Inpec, utilizando vehículos de la institución para asistir a reuniones privadas. Se comprobó que el empresario visitó a su abogado y familiares en el norte de Bogotá en al menos cuatro ocasiones.
Estas salidas se realizaban bajo el supuesto pretexto de asistir a citas médicas que, en la mayoría de los casos, nunca se llevaban a cabo, utilizando de forma indebida los recursos del Estado para beneficios particulares.
A pesar de estos hechos, la Fiscalía no había realizado una imputación formal contra Mattos por este episodio específico, aunque sí avanzó en el proceso contra los tres funcionarios de prisiones. La acusación formal contra los dragoneantes estaba prevista para el 8 de julio, lo que los acercaba a un juicio inminente. Sin embargo, este nuevo acuerdo de reparación integral podría cerrar definitivamente el caso el próximo 10 de febrero, fecha en la que se reanudará la audiencia para decidir si se aprueba finalmente la donación de los vehículos.
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